Sobre el filo de la feria judicial de invierno, la causa por las estafas con tarjetas de débito de la Legislatura tomó un nuevo impulso: la fiscal que investiga el escándalo de Julio “Chocolate” Rigau citó a declaración indagatoria a 32 dueños de los plásticos que tenía en su poder el puntero del PJ platense cuando lo detuvieron en una sucursal del Banco Provincia. El empleado de la cámara de Diputados bonaerense había extraído más de dos millones de pesos y los guardaba en una bolsa de residuos.
El trámite judicial impulsado por la fiscalía que investiga la causa, Betina Lacki, determina que esas personas que figuraban como contratados o empleados del palacio legislativo provincial quedaran de manera formal imputados por delitos de estafas reiteradas, defraudación al Estado y –según considera la acusación- partícipes de una asociación ilícita.
No obstante, no podrán quedar detenidos porque la Cámara de Apelaciones de La Plata ya se expidió sobre esta situación procesal cuando Lacki dispuso la detención de otros 16 “prestanombres” cuyas cuentas bancarias también administraba Rigau.
La Justicia platense investiga desde hace diez meses una fabulosa maniobra para obtener dinero de manera ilícita de las arcas del Poder Legislativo. Se inició cuando Rigau fue sorprendido con 48 tarjetas de débito en los boxes del Bapro de avenida 7 y 54 de La Plata, mientras vaciaba esas cuentas desde cajeros automáticos.
La acumulación de pruebas, testimonios y documentación derivó en la detención con prisión preventiva del “tarjetero” Chocolate Rigau y de dos dirigentes del Frente Renovador, Claudio Albini y su hijo Facundo. El mayor fue subdirector de personal de la Cámara de Diputados. Y Facundo estuvo como asesor en ese cuerpo deliberativo y cuando lo detuvieron había reelegido una banca en el concejo deliberante de La Plata, integrando la lista que encabezó Julio Alak, actual intendente de la capital provincial.
Ahora Lacki considera que la maniobra –por la cual, según la Justicia se obtuvieron por lo menos 800 millones de pesos en dos años– “no hubiera podido llevarse a cabo, de la manera en que se hiciera, sin la absoluta cooperación (de los ahora imputados): anterior, con la firma de los contratos y la puesta en disposición de sus tarjetas de débito que permitieron consumar” la extracción de ese dinero.
Las indagatorias comenzarán este miércoles 10 de julio. Ese día deberán presentarse tres de los supuestos empleados legislativos que entregaban el cartón de plástico a Rigau para que cobrara el sueldo todos los meses: Diego Beron, María Amanda Albino y Mabel Susana Alvear.
Dos días después irán al despacho de la fiscal Mónica Patricia Caberta, Ernesto Fabián Crivaro y Brenda Gisele Caro. Con la reanudación de la actividad judicial luego de la feria de invierno, el 6 de agosto retomará el trámite con Flavia Antonella Di Rosa, Perla Adriana De Micheli y José Alberto Da Ponte. Dos días después será el turno de Ricardo Rubén González, Lucas Damián Lucero y Lilia Leonor Malmaceda.
Entre agosto y el 4 de septiembre desfilarán ante Lacki los otros dueños del instrumento bancario que operaba “Chocolate”: Ramiro Alberto Pascual, Silvia Marcela Pérez, Juan Martín Mendez, Patricio Pascual Prieto, Cecilia Raimondo, Carlos Alejandro Raverllat, Gerardo Roman Rigau, Alvaro Agra, Aldana Ayelén Rodríguez, María Eugenia Rodríguez, Rubén Mendivil, Maximiliano Rigau, Juan José Tocci, Juan Marcos Miguel Vallejos, Matías Federico, Oscar Antonio Vrcic, Agata Solange Plana, Ramón Raúl Silva, Antonio Javier Rodriguez y Enzo Mariano Plana.
Todos ellos aceptaron –según el criterio de Lacki- ser parte de esta operatoria que les permitía acceder a una eventual jubilación y a quedar inscriptos en la obra social de la provincia (IOMA), sin hacer una contraprestación laboral a cambio.
Quienes aceptaban formar parte de este esquema son, en general, allegados o conocidos de dirigentes y punteros de fracciones políticas diversas de la capital bonaerense. Algunos hacía años que estaban inscriptos en este mecanismo. Lacki sostuvo que” no puede sostenerse que fue la necesidad lo que impulsó su participación delictiva, porque no se trataba de obtener un trabajo que satisficiera sus necesidades básicas, se trataba de formar parte de una maniobra que les redundara prestaciones sociales y jubilatorias ‘sin esfuerzo’ a costa de la sociedad toda”.
Intervenían diversos eslabones y escalones de la conducción parlamentaria, sostiene la fiscal. “Del pormenorizado y cauteloso análisis de las maniobras delictivas llevadas a cabo por los mencionados, entre los que se encuentra, al menos un funcionario público, me permito afirmar que estamos ante un acto de corrupción de grandes dimensiones”, concluye la representante del ministerio Público.
Según explicaron a Clarín en Tribunales, la fiscalía intentará que alguno de los imputados aporte algún dato que permita “escalar” en la investigación hacia estamentos superiores del manejo de la Cámara.
Por ahora, Albini padre y Rigau son los únicos integrantes de ese organismo público con prisión preventiva. Igual que Facundo Albini –quien pertenecía al Consejo Deliberante platense cuando lo detuvieron, pero antes tuvo cargos en Diputados- tienen la situación procesal ratificada por la Cámara de Apelaciones. Están alojados en una alcaidía cerca de Melchor Romero, a 20 kilómetros de La Plata.
Hasta el momento, los tres se mantuvieron en silencio. Hace una semana, los Albini pidieron –a través de su nuevo abogado, Maximiliano Rusconi– declarar en la fiscalía pero de manera remota y con la presencia del juez de garantías Guillermo Atencio. Esas condiciones fueron rechazadas y entonces desistieron de utilizar ese instrumento (indagatoria) que –para los imputados- puede ser usado como elemento de defensa.
La Plata (Corresponsalía)