El Gobierno de Corrientes, a través del Fiscal de Estado, Horacio David Ortegas, solicitó a la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, ser parte de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, hecho que ocurrió el 13 de junio pasado en el paraje El Algarrobal de la localidad de 9 de Julio.

Ortega sostuvo que el pedido surgió del gobernador, Gustavo Valdés. Al fundamentarlo, colocó en primer lugar los derechos de los niños y en ese sentido sostuvo que “tanto la edad de Loan Peña (5 años) como su condición particular, y sobre todo por el delito cometido en su desmedro, justifican su protección y seguridad que debe en este caso asegurar el Estado con la herramienta particular de su intervención como querellante el proceso penal iniciado”.

En un extenso escrito remitido este domingo, el fiscal solicitó que “se autorice la debida intervención en este trámite a fin de que se investiguen y sancionen a los involucrados, hoy imputados, y se dicte o continúe la prisión preventiva, por cuanto se han visto afectados los Derechos del Niño, la seguridad pública, con una posible intervención de funcionarios policiales provinciales a cargo del poder ejecutivo que pudieron haber actuado para facilitar y/o colaborar en las maniobras delictivas que se investigan, lo que justifica de sobrada manera el interés a proteger y las medidas a adoptar”.

En otro párrafo destacó que “los delitos que aquí se investigan tendrían una relación con actos realizados por particulares y por funcionarios públicos, hechos realizados por los mismos incluso dentro de una posible organización criminal, protagonizando y/o facilitando maniobras delictivas que permitieron la concreción del delito de sustracción de una persona menor de edad”.

Para el Gobierno de Corrientes, “existen elementos probatorios suficientes, en el grado que se requiere convictivo de sospecha para determinar que algunos imputados han desarrollado y ejecutado los hechos reprochados en la órbita propia de la competencia funcional como miembro de la Policía Provincial, por ello es importante la constitución en querellante del ofendido por el delito como es en estos casos el Estado Provincial, y el grado de conmoción social y mediática que ha puesto en vilo a toda la provincia, extendiéndose aún más allá de los límites geográficos”.

Para el Gobierno correntino, Laudelina Peña intentó «confundir, obstaculizar la investigación, entorpecer y desviar los datos».Sobre el hecho, destacaron que “a la hora de la búsqueda, Laudelina Peña tuvo central participación en el hallazgo de una zapatilla de la criatura, que apareció enterrada en el barro, esto en clara connivencia con el Comisario (Walter) Maciel, retrasando la investigación, quien tenía la responsabilidad de la búsqueda en tanto poseía el dominio territorial de la zona y se le había proporcionado los medios que se contaban a raíz de la supuesta desaparición del menor”.

Para el Gobierno correntino “resultan de público y notorio conocimiento las posteriores apariciones públicas (prensa) y en sede judicial de Laudelina, siempre intentando confundir, obstaculizar la investigación, entorpecer y desviar los datos; crear nuevos escenarios a la postre absolutamente falsos. Asimismo, se explayó suspicazmente respecto de nuevas acusaciones contra otros imputados, todo lo que nos habilita para promover esta querella contra la misma, atento que su rol de participación delictiva podría estar vinculado a esta organización criminal…”.

“Con idéntico criterio sostenemos esta acción penal en perjuicio del resto de los imputados, basándonos en una clara cuestión de razonabilidad, todos estuvieron presentes en el almuerzo mencionado; y llevaron a los chicos a buscar naranjas al campo; episodio que trajo como final la desaparición del menor referido. Por lo tanto, y en esta instancia de la investigación surgen sospechas objetivas sobre los mismos”, detallaron en el pedido.

Además, agregaron: “Con distintas participaciones y protagonismos, ninguno llegó a dar explicaciones razonables y creíbles de sus movimientos posteriores o del motivo del descuido de cada uno sobre Loan. Éste fue sustraído del lugar, y ninguno de los adultos da una explicación seria, confiable o atendible”.

El Fiscal de Estado, Horacio David Ortegas, dijo que el pedido surgió del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.En ese sentido, dijeron que “sólo han arrojado luz a la investigación los testimonio de los demás menores que en Cámara Gesell, produjeron sus testimonios y que efectivamente dan cuenta que se trató de una maniobra de los mayores y demás involucrados para sustraerlo del cuidado de sus guardadores al pequeño”.

“Los imputados estuvieron en el lugar, el mismo día, a la misma hora y momento en que se dio la sustracción del menor, hasta compartieron con el menor un tramo del camino; sin embargo, ninguno da un justificativo que permita conocer con precisión qué ocurrió, cómo se dieron los hechos; y con un comportamiento armónico, unívoco, callan acerca del episodio puntual de la desaparición”, señala el documento.

En esa dirección, explicaron: “Más aún, surge claro a esta altura de las investigaciones que todos los imputados adoptaron la misma conducta de callar respecto de lo que ocurrió con Loan; es evidente que adoptaron un pacto de silencio frente al proceso, una estrategia en común que se torna en un elemento innegable de seria responsabilidad sobre lo acontecido; una conspiración implícita acerca del hecho. Este comportamiento coordinado demuestra que el hecho delictivo (sustracción del menor) no fue casual, sino que los imputados componen una “suerte de empresa” con contenidos criminales; la que -con premeditación- una vez configurado el contexto adecuado e individualizada la víctima, cada uno asume su rol que deriva del objetivo del grupo”.

Desde el Gobierno insistieron en que “cada uno de los imputados de autos, inclusive el propio comisario, han desempeñado un papel en esta estrategia de sustraer al menor y encubrir o eliminar los medios de pruebas”. En ese sentido, indicaron que “han utilizado como plataforma funcional y elemento indispensable para la concreción de la misma, al jefe de la comisaría del lugar, de la localidad de 9 de Julio, desde donde el imputado Walter Maciel obstaculizaba la investigación o encubría el delito de sustracción de un menor, dando cuenta con su accionar una clara voluntad de connivencia con los demás participes del delito”.

A 45 días de la sustracción del chico, el Estado correntino sostiene que en base a las pruebas incorporadas a la causa “se advierte no solo la matriz delictual, sino también el claro propósito que tenían los encartados, de obtener una ventaja o negocio pecuniario con la sustracción y retención del menor Loan Peña, quitado del ámbito de sus padres”.

Finalmente pidieron el procesamiento con prisión preventiva de todos los imputados, entre los cuales menciona al policía retirado Francisco Amado Méndez, a quien se le dictó la falta de mérito hace pocos días.

La presentación se realizó un mes después de una maniobra que salpicó al poder político de Corrientes. Sucedió cuando el abogado José Fernández Codazzi, de fluidos vínculos con el Gobierno, trasladó a Laudelina Peña hasta una fiscalía de la ciudad de Corrientes para que instalara la hipótesis de que Loan había muerto bajo las ruedas de la camioneta que conducía el ex capitán de navío Carlos Pérez, hoy uno de los siete detenidos que tiene la causa.

Una semana después, ante la jueza Pozzer Penzo, la mujer reconoció que hizo esa denuncia bajo amenazas y que el abogado le había ofrecido a cambio dinero y una moto como compensación.