El Gobierno depende de dos DNU en emergencia

El Gobierno se prepara para el segundo semestre con la experiencia agridulce de la sanción de las Leyes de Bases (Ómnibus jibarizada) y los Paliativos Fiscales. La negociación con las diversas tribus de legisladores -los hay de todos los gustos, como la goma de mascar- dejó más heridas que otra cosa. Era una oportunidad para hacer amigos, pero terminaron con menos amigos que antes.

En las dos cámaras tienen serios problemas. Consuela al Gobierno que mientras el Congreso y la Justicia mantengan la vigencia de los DNU, la Rosada puede gestionar, aunque sea a media máquina, como le gusta a esta administración.

Uno es el DNU 70/23, que contiene un malón de desregulaciones y modificaciones a leyes que habilitan a gobernar a cuentagotas. El Senado lo rechazó, y en Diputados está a tiro de paloma. En la semana que pasó, el bloque Hacemos de Miguel Pichetto le recordó al Gobierno que, si ese DNU no baja al recinto para su anulación, es porque ellos lo impiden.

Este argumento coronó el debate con el grupo de Hacemos, que se extendió hasta los 31 votos para nominar a Emilio Monzó como miembro de la Bicameral de Inteligencia. El oficialismo, a través de Martín Menem, rechazó esa nominación para poner diputados del PRO, la UCR, La Libertad Avanza y Unión por la Patria.

Le ofrecieron a Monzó otra presidencia, pero cerró el debate: «No voy a aceptar ningún otro cargo. Ustedes hagan lo que sea mejor, pero también aténganse a lo que vendrá».

Villarruel, sólo para ayudar

El otro recurso que tiene el Gobierno para gestionar es el DNU 274/2024, que establece una fórmula de actualización de las jubilaciones. Se contradice con un proyecto que ya aprobó Diputados, basado en un cálculo del bloque de Elisa Carrió que hizo suyo Hacemos. Espera tratamiento en el Senado junto a otros cuatro proyectos con fórmulas distintas, todas mejores, según los legisladores, que la que imaginó el Gobierno en ese decretazo.

El oficialismo trata de postergar el debate sobre ese proyecto en Diputados, porque cada mes que pasa, gana aplicando el 274, que castiga el bolsillo de los pasivos. Acá tiene que echar el resto Victoria Villarruel, que cree que tiene tanta legitimidad de poder como Milei -su origen son las urnas- y que su función es «ayudar al presidente».

Es mucho y también poco, según se lo mire. Los entuertos en el Senado son de levedad relativa. Los vicepresidentes llevan en la Argentina el gen de la disidencia. El sistema parece haber creado los anticuerpos para esa relación.

Alberto Teissaire, vicepresidente de Perón -después de ser su ministro- regresó a la Armada como oficial después de hacer una autocrítica de su paso por el cargo. Frondizi y De la Rúa enfrentaron la renuncia de sus vices (Alejandro Gómez, “el maestro de Berabevú”, y Chacho Álvarez) porque no quisieron ser arrastrados por la suerte de sus presidentes.

Víctor Martínez protagonizó sagas narrativas de desencuentros con Alfonsín, pero fue el más normal. Duhalde y Ruckauf fueron vices en tensión extrema con Menem, a quienes les armaron agrupaciones contrarias.

Bullrich, con problemas en Olivos

Villarruel está firme en el cargo y anima la saga de rencillas superficiales e inocuas, frente a su presidente y al entorno que dice controlar el poder (la hermana y uno de los Caputo). En la semana que pasó, la tensión fue más allá de los dimes y diretes que difunde el gobierno, como si fueran crisis de Estado, para distraer a los incautos.

Avaló las gestiones del PRO -que encabezó Luis Juez– para que el senador de ese partido por Misiones, Enrique Goerling, presida la Comisión Bicameral de Inteligencia, y creyó haber aportado a un reencuentro entre Milei, Patricia Bullrich (que también pidió por Goerling) y Macri.

El propio Juez le comunicó a Patricia que sus esfuerzos habían fracasado y que Olivos había levantado otro nombre: el peronista independiente de Entre Ríos Edgardo Kueider. Patricia justificó su encuentro con Santiago Caputo en el intento de pedir explicaciones y alguna salida a esa decisión, que Villarruel no comparte.

Ilusiones criollas: el espionaje

Las razones para apoyar a uno u otro son algo tan misterioso como los motivos de los legisladores para estar cerca de esa Bicameral, que en realidad es la sucursal de los servicios de espionaje en el Congreso. Nunca esos organismos han evitado desastres, ni han adelantado catástrofes, atentados, magnicidios, etc. O lo hacen tan en secreto que nadie se entera, o en realidad es un sistema como la Real Academia, que «limpia, fija y da esplendor», y no mucho más.

Todos los gobiernos construyen inmensas tramas narrativas sobre guerras de espías que terminan en puro humo. Como las novelas de espías, tienen un gran atractivo en cierto público, en particular entre periodistas que creen que en esos cenáculos está la información. Una ilusión. Hay políticos que buscan ponerse al amparo de esa gorra porque pueden enterarse de algún pinchazo telefónico (por lo general una alcahuetearía inocua), o recibir algún sobre, o que le nombren a un familiar en «la secretaría».

La era de los cuentapropistas

Si se mira el estilo de hacer política del Gobierno, es esperable que prefiera en la presidencia la Bicameral a un lobo solitario como Kueider, que es una identidad en tránsito -como definió Chacho Álvarez alguna vez al peronismo- y no a un dirigente con compromisos partidarios. Para un gobierno de cuentapropistas, es mejor habérselas con otro cuentapropista.

Kueider seguramente se siente «bien tratado» en todo lo que reclamó. Siempre atentos a cómo gestiona este gobierno, es posible que el peronismo de Unión por Todos, que debe reprocharle a Kueider por haberse aparatado, rechace su nombre y arme otra candidatura en la Bicameral. En ese caso se empastará la decisión y la Comisión quedará congelada. Ideal para un oficialismo que quiere un Estado que no funcione. No designa ni a los funcionarios que deben gestionar.

Inteligencia, ni artificial, ni de la otra

La vicepresidenta actúa en respaldo de Goerling para presidir esa comisión porque necesita aferrar el bloque de 39 senadores, que controla la cámara ante proyectos riesgosos para el oficialismo. Ese bloque lo armó Juan Carlos Romero. Este senador se ha mantenido lejos del debate sobre la bicameral de los espías.

Quizá sea de quienes creen que en los organismos de inteligencia lo que falta es eso, inteligencia. No la hay ni artificial ni de la otra, como dice el cómico español Santiago Segura, creador del inefable detective Torrente. La vice sabe que el filo con el peronismo de bloqueo (Unión por la Patria) es muy estrecho. Capeó disidencias con los propios cuando se discutió el RIGI (régimen de subsidios de megaproyectos) y toleró que algunos artículos fueran reescritos para que saliesen.

Las condiciones que puso el Senado en defensa de las industria locales, y la precisión sobre qué proyectos se ampararían, fue producto del aporte de un radical, Víctor Zimmermann, y dos cristinistas, el sanjuanino Sergio Uñac y el catamarqueño Guillermo Eduardo Andrada.

Juicio de residencia en Diputados

En Diputados no están mejor las cosas. El récord del oficialismo en el tratamiento de las leyes, el debate sobre salarios, las viandas a los diputados en sesión, el reglamentarismo extremo en el trato al personal, han puesto a Martín Menem ante un poco frecuente juicio de residencia.

Los presidentes de esa cámara son elegidos todos los años y suelen repetirse a lo largo de una legislatura. Martín Menem entró en capilla y los diputados admiten que están dispuestos a revisar su designación.

«-Si es por él solo, no renueva”, me dice uno de los dialoguistas de la cámara. «El Gobierno es el que deberá esforzarse para que reelija», cierra. También es cierto que, si fuera por él, este diputado por La Rioja en su primer mandato no hubiera llegado al cargo. Lo obtuvo por el apellido, el prestigio de su padre Eduardo, y por una gentileza de la cámara de darle la presidencia – cargo que está en la línea de sucesión presidencial al partido que gobierna.

Por lo general, el presidente de la cámara tiene un peso político que este Menem no tiene. O representa a un distrito grande, como la provincia de Buenos Aires, o a un grupo importante de legisladores.

Quien manda, debe arrullar

Ya cuando fue nombrado, se informó que una de las cláusulas del pacto de Acassuso entre Milei y Mauricio Macri era que Cristian Ritondo fuera presidente la Cámara. Esa cláusula no fue respetada por el oficialismo, que ahora parece también quebrar el compromiso de que el macrista Goerling administre la bicameral de los espías.

Los diputados se quejan de que el estilo de Martín es agresivo con ellos. Les bajó el sueldo, tenían autos y les quitó los autos, les juguetea con las comisiones. Hay quienes imaginan que la combi que llevó a los diputados oficialistas a Ezeiza a visitar a presos de lesa humanidad era una combi de la cámara.

Los anteriores presidentes arrullaban a los legisladores para que, entre otras cosas, los reeligieran. Sabían el nombre de todos los integrantes de la Cámara -capacidad que le niegan a Martín- y se ocupaban de que estuvieran bien, que sus familias pudieran solucionar algún problema. Vivían a los sombrerazos, como Julián Domínguez, que regalaba corbatas en plena sesión al diputado que cumplía años.

O Monzó, que creó el «Bajo recinto», un coqueto living con barra y sillones para que los diputados descansaran en medio de largas sesiones. Este juicio de residencia a Martín puede terminar con Ritondo al fin en el cargo. ¿Lo votaría la Cámara? «Por supuesto -me dice un dialoguista-. Cristian, por lo menos, habla en castellano».

No quieren que funcione el Congreso

La querella con la oposición sobre la integración de las comisiones ha acompañado al Gobierno desde que asumió. En el Senado, el peronismo se queja de que ha sido marginado en el número en cada una de ellas. La represalia le cuesta al oficialismo, porque el peronismo tiene una táctica de bloqueo: no da quórum y boicotea las iniciativas que cree ajenas.

En Diputados, Martín Menem hizo un acuerdo para emplear el sistema d´Hont (proporcional), que le reprochan no haber cumplido. Tampoco acepta que grupos de interés de varios interbloques accedan a comisiones. La consecuencia en las dos cámaras es el enfriamiento de la actividad.

Si las comisiones no se integran, o siguen vacantes o cerradas, el Gobierno se reserva la iniciativa parlamentaria. Sin comisiones funcionando la oposición ve entorpecida su capacidad de avanzar en iniciativas propias. Es muy importante en un momento de déficit en la gestión del Ejecutivo, ante el cual el Congreso ha resuelto gobernar con herramientas parlamentarias.

No habilitar las comisiones busca frenar este impulso. También los legisladores de La Libertad Avanza presionan a las autoridades partidarias para que frenen los intentos de los demás bloques de gobernar desde el Congreso. Somos minoría, les recuerdan, dependemos de ellos.

Confianza y lealtad, recursos escasos

La confianza también es un producto necesario hacia adentro del Gobierno. Más aún en una administración que no es dueña de su programa: lo heredó de Cambiemos y reclama que lo defiendan políticos que fueron votados como opositores. Esta es una de las tantas disfuncionalidades del Gobierno actual: gobierna quien sacó un tercio de los votos y tomó prestados a la competidora de su fórmula, para subirla al Gabinete, y al programa que habían preparado para sus competidores.

Gobernar sin ser dueño del programa potencia la necesidad de la lealtad, que en política no es de abajo hacia el de arriba. La lealtad en política fluye de arriba hacia abajo. Quien conduce confía en quienes están en funciones operativas con lealtad, por ejemplo, para defenderlos ante la adversidad.

Mandar es proteger al mandado. En el orden castrense, donde la lealtad y la autoridad van de la mano, los reglamentos dicen que el bienestar de la tropa es responsabilidad del comando. Quien manda protege, no castiga. Agravó todo cuando algunos de los castigados le ponían fondos de campaña cuando nadie lo hacía. Y así les pagaron.