Como sorpresivo acompañante del artista L-Gante, el ex fiscal Claudio Scapolan (52) reapareció un año y medio después de ser destituido por un jurado de enjuiciamiento, acusado de liderar una banda que, con ayuda de policías, realizaba operativos y extorsionaba personas en causas vinculadas con el narcotráfico.
Scapolan no sólo fue destituido de su cargo en la Fiscalía de Instrucciones Complejas del Departamento Judicial de San Isidro. También fue inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Respecto de la actividad privada, al estar procesado, no tendría impedimentos para ejercer el derecho. Aunque en el padrón del Colegio de Abogados de la Provincia (que son públicos), su matrícula aparece como «inhabilitada».
«Le doy una mano al doctor«, respondió escuetamente Scapolan al ser consultado por Clarín este miércoles.
En la primera audiencia del juicio se lo vio junto a L-Gante, acusado de «amenazas, privación ilegal de la libertad, amenazas calificadas y encubrimiento calificado«, por tres hechos diferentes.
Claudio Scapolan, junto con el abogado Luciano Locatelli, en el jury. Foto Mauricio Nievas.Scapolan no aparecería -a priori- como defensor de L-Gante en el expediente, sino que acompañaría a Luciano Locatelli, el cuarto abogado que defiende a Elián Valenzuela (24) en el juicio después de que renunciara Diego Storto, a días de iniciar el proceso.
Locatelli, que maneja un importante estudio en San Isidro, también había defendido a Scapolan en el jury en el que se resolvió su destitución por 10 de 11 votos.
Desde diciembre de 2022 había sido sancionado y «cobraba el 60 por ciento de su sueldo». Luego del jury, en abril del año pasado, lo inhabilitaron para ocupar cualquier cargo en la Justicia, con las costas del proceso y el cese inmediato del pago de su sueldo.
Según pudo verse este martes, habría volcado su actividad al ámbito privado.
L-Gante, en el juicio en su contra, al lado de quienes lo representan: Luciano Locatelli y Claudio Scapolan.«L-Gante no va al juicio, al juicio va Elián Valenzuela«, dijeron a Clarín antes del juicio. Y así fue. El joven llegó vestido de traje, con lentes y declaró durante más de dos horas.
Las audiencias continuarán este miércoles, jueves y lunes en el Departamento Judicial de Mercedes.
De qué acusan a Scapolan
El derrotero judicial arrancó en 2016 cuando Elisa Carrió denunció a Scapolan.
En octubre del 2021, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado lo procesó por diez delitos: jefe de asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En ese momento pidió la intervención de un jurado de enjuiciamiento para sacarle los fueros.
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Videos, cocaína plantada y una coima de 30 mil dólares. Una cámara de seguridad que fue clave para el caso.
Junto al ex fiscal habían procesado a otras 31 personas, entre las que había policías de la División Tráfico de Drogas Ilícitas de San Isidro y Quilmes, abogados y falsos testigos.
Después de varias apelaciones, la Cámara Federal de San Martín dejó firme el procesamiento pero lo redujo sólo a falsedad de documento público.
El jury corrió por otro carril y había llegado acusado por el procurador de la Corte bonaerense, Julio Conte Grand, en base a las pruebas reunidas en un expediente iniciado en 2016 tras la denuncia Carrió.
Fue acusado entonces como jefe de una banda integrada por policías, funcionarios judiciales y abogados dedicada la extorsión, el armado de operativos y la reventa de la droga secuestrada en procedimientos antinarcóticos.
En el jury declararon narcos que relataron cómo policías que obedecían a Scapolan los saquearon; y hasta un policía federal «narco-arrepentido» que dijo haber sido presionado por la jueza Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez para declarar contra el fiscal de San Isidro.
Por ese testimonio, la Cámara decidió apartar a Arroyo Salgado de la causa y ahora continúa la investigación en manos de la Justicia federal y está a cargo del juez Emiliano Canicoba.
EMJ