No contempló nada. Ni la dimensión ambiental de las cosas. Ni las demandas de las comunidades que viven en grandes espacios naturales de la Argentina, sobre suelos nutridos, delante de montañas y glaciares, frente a mares y humedales. Las palabras del presidente Javier Milei durante el discurso que precedió a la firma del Pacto de Mayo en Tucumán y sobre todo lo referido al punto 7, sobre explotación de la naturaleza, inquietaron y sacudieron al mundo del ambientalismo local. Un mundo diverso y variado, disperso a lo largo de toda la geografía del país y muy amplio sobre todo en lo ideológico.
El lunes, el presidente manifestó públicamente, delante de 17 gobernadores, que promover el desarrollo de actividades productivas sin ningún tipo de control y de regulación ambiental redundará en la generación de riqueza. Por su negativa a calibrar la verdadera magnitud del problema ambiental, Javier Milei está consiguiendo instalar un debate moderno en la Argentina y en el mundo: hasta qué punto la naturaleza debe ser explotada y a partir de qué otro punto debe ser preservada. “El otro compromiso que firmamos hoy aquí es el compromiso de explotar los recursos naturales que Dios nos ha dado. Dios bendijo a nuestra tierra con una riqueza enorme en recursos naturales. Nos dio la posibilidad de que en cada rincón de la patria los argentinos puedan crear riqueza y desarrollar sus vidas de manera digna”, planteó Milei.
Y arremetió: “Pero los políticos han escuchado más la demanda de minorías ruidosas y organizaciones ambientalistas financiadas por millonarios extranjeros, que las necesidades de prosperar que tienen los argentinos. Nosotros venimos a cambiar eso, a dejar atrás la demagogia buenista que condena a la miseria a millones de argentinos para tener el beneplácito de unos pocos acomodados. La naturaleza debe servir al ser humano y a su bienestar; no a la inversa. Los problemas ambientales tienen que poner en el centro al individuo, por eso el principal problema ambiental que tenemos es la pobreza extrema. Y esto solo se soluciona si aprovechamos nuestros recursos”.
Después enumeró: “Llegamos al ridículo de compartir cordillera con Chile y no producir cobre, mientras ellos exportan más de 50,000 millones de dólares al año de este mineral; más del doble de lo que nosotros exportamos en soja. Llegamos también al ridículo de trabar la explotación de nuestros recursos marítimos, una de nuestras riquezas más abundantes, logrando únicamente que estos sean apropiados por potencias extranjeras. Tener el compromiso de explotar nuestros recursos naturales es tener un compromiso con la necesidad real de nuestro país, con terminar con la pobreza y con que haya oportunidades de crecimiento para todos los argentinos en cada rincón del país”.
Para las organizaciones ambientales de la Argentina y de la región, y también para sectores de la industria que buscan ser sostenibles para poder comerciar mejor con el mundo, las palabras del presidente mezclan conceptos y confunden urgencias. En ese contexto apareció este miércoles un texto firmado por más de 50 ONGs vinculadas a la naturaleza en el que plantean que las palabras de Milei van a contramano del mandato constitucional, “que garantiza a todos los argentinos el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, y que establece el deber de las autoridades a proveer a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambiental”.
Las salinas y el litio, sinónimo de la explotación de los recursos naturales.Los ecologistas creen que la premisa planteada por el presidente ya se vio superada hace más de cincuenta años en todo el mundo debido a los impactos negativos generados por la destrucción de los ecosistemas en la calidad de vida de las poblaciones. Contra lo que dice Milei, para ellos es al revés: “ La explotación descontrolada de los recursos naturales genera más pobreza y demanda más recursos del Estado para paliar las crisis sociales y ambientales que ocasiona”, expresaron.
La carta lleva la firma de organizaciones como Por el Mar, Los Verdes, Fundación Patagonia Natural, CeDePesca, Fundación Avina, Ceppas, entre otras, sostiene que las afirmaciones del presidente “suponen un mundo que ya no existe”. Dicen que la inserción del país en el escenario internacional implica una mayor responsabilidad en términos sociales y ambientales, debido a los requerimientos y obligaciones establecidos en acuerdos bilaterales y en tratados multilaterales y a los requisitos para acceder a membresías de grupos de países. “No es posible pensar hoy el desarrollo de un país sin considerar la huella social y ambiental del aprovechamiento de los bienes que éste ofrece al mundo”, afirman.
“Lamentablemente, la mención a las minorías ruidosas y la calificación de las organizaciones ambientalistas como adversarios del progreso marca un rumbo equivocado en tal sentido”, dicen los ambientalista y agregan que los defensores del ambiente en los territorios juegan un papel clave en la protección del suelo, el agua, la biodiversidad, los bosques nativos, los glaciares, los humedales, los ríos, el mar, las turberas, los acuíferos, las montañas, los paisajes, los valores culturales y la naturaleza.
“De igual forma, las organizaciones ambientales han tenido y tienen un rol preponderante en la creación de nuevos Parques Nacionales, reservas naturales y áreas protegidas, colaborando así en la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural. Además, las organizaciones no gubernamentales son componentes legítimos de la sociedad civil en las democracias modernas de todo el mundo”, agregan.
Y cierran: “A 40 años de la recuperación democrática y a 30 años de la última reforma constitucional, Argentina necesita un pacto social y ambiental. Pero no cualquier pacto, sino uno que proponga vivir en armonía con la naturaleza y que nos lleve a un verdadero desarrollo, que contemple a las generaciones presentes y también a las generaciones futuras que heredarán nuestro país y nuestro planeta. Reclamamos a las autoridades nacionales y provinciales que se garantice a todos los argentinos su derecho constitucional a un ambiente sano, que se respete y aplique la normativa ambiental vigente, y que se asegure el acceso a la información y la participación ciudadana en materia ambiental”.