La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, del Ministerio Público Fiscal, lanzó un nuevo protocolo.
En Argentina se cometieron 116 muertes violentas de mujeres, travestis y trans en los tres primeros meses del año, según el último informe del Observatorio MuMaLá. Como todos los años las cifras visibilizan lo que siempre se repite: la mayoría de los femicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima o en la casa compartida y el 70% de las víctimas tenía orden de restricción de contacto o perimetral con el agresor.
Ese camino judicial que se inicia con la denuncia, ahora cuenta con un instrumento clave: el “Protocolo de investigación y litigio de casos de violencia sexual”, elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), del Ministerio Público Fiscal (MPF).
La UFEM diseña la política criminal y las estrategias de intervención en materia de violencia de género, entre otras tareas. Aunque tiene un área que lidera casos de litigio estratégico, el de política criminal arma protocolos de actuación. El último fue el de femicidio, el cual fue aprobado por 11 provincias. De esa forma, su uso se vuelve obligatorio.
Las pautas que el protocolo brinda están pensadas para que los fiscales de todo el país las utilicen en sus investigaciones. El objetivo de la herramienta es ser una guía de actuación para que los fiscales investiguen con diligencia reforzada los casos que involucren violencia sexual contra las mujeres para mejorar las investigaciones.
Y aunque el instrumento intenta unificar criterios a la hora de investigar este tipo de casos, hay obstáculos en el trayecto. «El primer problema al que nos enfrentamos es que muchas veces las víctimas no denuncian. Pese a que esto va cambiando, sigue habiendo una cifra negra. Está vinculado con la desconfianza en la justicia«, reconoce Mariela Labozzetta, titular de la UFEM, en diálogo con Clarín.
Y agrega: «El otro obstáculo en las investigaciones es cómo se toman las declaraciones testimoniales. Hay pautas internacionales que disponen recaudos especiales para tomarlas, por ejemplo en un espacio privado con una persona que le genere confianza, que sea del mismo género de ella si quiere y se deben respetar los tiempos».
El testimonio de la víctima tiene «un peso especial», dado que por lo general la violencia sexual se produce en espacios privados sin testigos presentes. De hecho, esto se ve reflejado en las cifras de los femicidios que en su mayoría son cometidos en los hogares de las víctimas o en el hogar compartido, y por parejas o ex parejas de la víctima.
«Se descree la palabra de la mujer que denuncia violencia sexual. Esto no sucede cuando alguien denuncia otro tipo de delito, por ejemplo, un robo», sostiene Labozzetta, quien además es fiscal federal de Morón.
Pese a la importancia del testimonio de la denunciante, el protocolo también hace hincapié en la producción de otras pruebas durante la investigación, como la prueba indiciaria. De esta manera se cumple con el deber de debida diligencia reforzada, el cual está previsto en las recomendaciones de los organismos internacionales.
El protocolo, que fue recomendado por el procurador general de la Nación interino Eduardo Casal, al abordar las primeras medidas de prueba lo hace de acuerdo con parámetros vinculados con el tiempo transcurrido desde el hecho (casos urgentes, recientes, o no reciente o de larga data) y el tipo de abuso (casos de abuso sexual con acceso y/o lesiones; y casos de abuso sexual sin acceso ni lesiones).
Las maneras de actuación serán distintas en base al momento en que ocurrió el abuso. «Si acaban de cometer el abuso sexual, se traslada a la víctima al hospital, se arma la historia clínica y se sigue un procedimiento específico pautado», explica Labozzetta.
Y diferencia con los casos no recientes ,para los cuales «se hace una construcción más histórica, con otros testimonios indiciarios, se analiza lo que la víctima contó, si se repiten testimonios, si estaba en un estado alterado».
También la titular de la UFEM destaca las medidas de prueba sobre el agresor, con especiales previsiones sobre el imputado prófugo y el agresor desconocido, para después desarrollar las medidas probatorias por contexto.
«Por lo general, si el agresor está prófugo o no fue identificado la causa se archiva porque no se puede proceder. Sin embargo, hay compromisos internacionales para que se esclarezca igual el caso«, sostiene.
Para lograr que la investigación avance, Labozzetta habla de la importancia de «construir el contexto, analizar los antecedente y si el denunciado ya tuvo comportamientos con las mismas características«. Además, el instrumento hace hincapié en la preservación de la cadena de custodia de muestras y rastros que servirán para identificar al agresor.
MI