miércoles, 23 de octubre de 2024 09:42

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, dirigido por Federico Sturzenegger, dispuso que se inicien los trámites jubilatorios del personal de planta permanente del Estado que cumplan con los requisitos para acceder al sistema previsional. Así, el Gobierno nacional busca avanzar en la reducción de la estructura estatal y el control del gasto público.

La medida se oficializó a través de la resolución 3/2024 publicada en el Boletín Oficial. La normativa instruye a los titulares de las entidades estatales a intimar en un plazo no mayor a 30 días hábiles desde hoy, al personal que reúna las condiciones establecidas por la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones a iniciar los trámites administrativos a para ingresar al régimen previsional.

Esta resolución forma parte de la política del Ministerio para modernizar y optimizar el empleo público, siguiendo lo establecido en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que tiene como objetivo disminuir el tamaño del Estado y hacer más transparente el uso de los recursos públicos.

“Instrúyase a los titulares de las entidades comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias a intimar, en un plazo no mayor a TREINTA (30) días hábiles desde la publicación de la presente resolución, al personal que reúna las condiciones establecidas en el artículo 19 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones N° 24.241 a iniciar los trámites administrativos a fin de ingresar al sistema previsional” , india el documento.

El artículo 8° de la ley 24.156 se refiere, en sus incisos a) y c), a los trabajadores de la Administración Nacional, que incluye la Administración Central, los Organismos Descentralizados y los Entes Públicos.

La resolución además «recomienda» que las Empresas y Sociedades del Estado adopten la misma medida. Esto incluye a las empresas estatales, sociedades de Estado, empresas de economía mixta y otras entidades empresariales donde el Estado tiene una participación mayoritaria en el capital o en las decisiones que se toman.