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El Ancasti > Opinión > Edición Impresa > Editorial 16 de septiembre de 2024 – 01:15
Patricia Bullrich señaló, al asumir como ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, que iba a garantizar a través de las fuerzas policiales la seguridad y la transitabilidad de las calles cuando ocurran protestas sociales. Se trata de una demanda ciudadana legítima, que desde hace mucho tiempo expresa la necesidad de que el derecho de protesta no colisione contra otros derechos, como el de circular por la vía pública o trabajar, por ejemplo.
Al cabo de nueve meses de gestión la conclusión a la que debe arribarse es que los resultados son totalmente opuestos a los prometidos: en los últimos tiempos prácticamente no hay movilización que no termine con represión policial. Las tres últimas marchas protagonizadas por organizaciones de jubilados son un claro ejemplo. Es decir, no solamente las calles son intransitables, por los propios cortes que provoca el diseño de seguridad ordenado por el ministerio más que por la presencia de los manifestantes, sino que además los efectivos de las fuerzas de seguridad se muestran más predispuestos a rociar con gas pimienta a las personas que protestan que en evitar disturbios. Los provocan, más que prevenirlos. No liberan la vía pública, la vuelven más peligrosa para la seguridad de los ciudadanos.
Lee además En la última marcha una de las tantas víctimas de la agresión policial fue una nena de 10 años, que fue rociada en la cara con gas pimienta. El hecho en sí es grave, pero resultó de una gravedad mayor por una operación política, que involucró a periodistas de canales porteños de televisión, que al cabo se demostró luego que resultaron engañados, igual que los televidentes. El jefe de la Policía Federal envió un video en el que se observa, de un modo distante y borroso, a una persona vestida de civil arrojar un gas de color naranja. La versión oficial de la Policía, ratificada en cámaras por la viceministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, era que ese episodio comprobaba que la niña había sido gaseada por otros manifestantes. La funcionaria, ante la insistencia periodística, ratificó una y otra vez la versión.
Para desgracia del Ministerio de Seguridad y la Policía, horas después apareció un video en el que se observa nítidamente cómo es un efectivo policial el que rocía con gas la cara de la nena, que se encontraba junto a su madre sentada en el piso, pese al pedido de la gente allí presente de que no lo hiciera. Las imágenes corroboraron la identidad del agresor, pero también desmontaron rápidamente el burdo operativo oficial cuyo objetivo fue instalar una noticia falsa.
La delicadísima situación actual, atravesada por una grave crisis económica y fuertes tensiones políticas, requiere de una construcción basada en la prudencia, el diálogo y la responsabilidad institucional. Los gases y las mentiras operan, sin embargo, en un sentido diametralmente opuesto.