La defensa del ex ministro de Salud le reclamó a la Cámara Federal que revoque la decisión que dictó la jueza Capuchetti. En la audiencia también estuvo una de las médicas de Hospital Posadas. Todos dijeron que no hubo delito

La Cámara Federal porteña comenzó a revisar el fallo en el que se procesó a Ginés González García, exministro de Salud de la primera parte del gobierno de Alberto Fernández, por el llamado “Vacunatorio VIP”, el escándalo que provocó su abrupta salida del cargo a inicios de 2021, en plena pandemia de COVID-19. Esta semana, en una audiencia ante los jueces, los abogados del exfuncionario insistieron en que no hubo delito, aseguraron que no existió “un vacunatorio VIP” y reclamaron la revocación del embargo de 130 millones de pesos.

Tras calificar de “contradictoria” la resolución de la jueza María Eugenia Capuchetti, la defensa, a cargo de los abogados Martín Arias Duval y Federico Horacio Ramos, cuestionó las figuras jurídicas del procesamiento: peculado de bienes y abuso de autoridad. Además, señalaron que la cantidad de vacunados que no pertenecían al personal de salud, a febrero de 2021, superaba las 8.000 personas, mientras al país llegaban un millón y medio de dosis, y más del 90% de los médicos ya había recibido su primera dosis.

“Los juicios de otra naturaleza se hacen en otros ámbitos, más allá de la ética”, afirmó Arias Duval ante los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Añadió que González García y el gobierno de Alberto Fernández “ya fueron juzgados políticamente. Acá venimos a pedir que se resuelva la causa conforme a la ley. No existió un vacunatorio VIP”.

La defensa subrayó que fue González García quien dictó la resolución cuya violación se le imputa. También calificó de “inaudito” el embargo de 130 millones de pesos impuesto por la jueza. “¿Cómo se llega a ese número? Si son 15 vacunas, a mí la cuenta me da 9 dólares. 135.000 pesos más la tasa de justicia”, argumentó el abogado en la audiencia.

La defensa de Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, también rechazó el procesamiento. A González García y a Costa se les procesó por “haber ordenado y ejecutado, respectivamente, la orden ilegítima para que el segundo de los nombrados se trasladara el 01/02/2021 al domicilio particular de Eduardo Alberto Duhalde junto con cinco dosis de la vacuna contra el COVID-19 asignadas al Ministerio de Salud, y vacunara indebidamente a este último; a su esposa, Hilda Beatriz González; a sus hijas, Juliana Duhalde y María Eva Duhalde; y a Carlos Alberto Mao”.

Con argumentos similares, la defensa de Costa afirmó que fue Ginés González García quien le ordenó vacunar a la familia Duhalde. “¿Cómo podía saber si era una orden ilegítima si se la dio quien dictó la resolución? Duhalde tiene 79 años. Fue con cinco dosis. Había seis personas. ¿Qué tenía que hacer? ¿Tirar las otras?”.

La defensa de Marcelo Ariel Guille, secretario privado de González García, también solicitó su sobreseimiento. “Era el último orejón del tarro”, dijo su defensor. “Lo único que hizo fue llamar por teléfono al director del Posadas siguiendo la orden de su jefe. Los vacunados fueron diez personas. A nueve no las conocía”. El último, admitió, era un familiar que justo estaba allí porque iban a almorzar y era una persona mayor de 70 años.

“Los vacunados que tuvieron ese beneficio no están acá dando explicaciones”, se quejó. Entre ellos estaban Horacio Verbitsky, Jorge Enrique Taiana, Eduardo Félix Valdés, Florencio Aldrey, Dolores Noya Aldrey, Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Salomón Schachter, Seza Manukian y Félix Eulogio Guille.

En la audiencia también estuvo presente una de las procesadas: María Elena Borda, jefa de medicina preventiva del Hospital Posadas. “Soy médica pediatra. Me formé en el Posadas. Toda mi vida me preparé para atender una pandemia. No tengo ninguna vinculación política. Nunca busqué perjudicar ni favorecer a nadie”, les dijo a los jueces.

La causa se inició cuando el periodista Horacio Verbitsky contó en un programa de radio cómo había sido vacunado el 18 de febrero de 2021 en el Ministerio de Salud tras una llamada de González García. Quería adelantarse a una publicación del diario Clarín, que ya tenía el dato.

Para ese momento, la vacuna no estaba destinada a la población general. El Ministerio había establecido un cronograma de personas con “prioridad epidemiológica” para recibir la dosis: personal médico, mayores y “personal estratégico”, una terminología ambigua bajo la cual fueron incluidos varios funcionarios.

En la lista de vacunados VIP aparecieron, además de Verbitsky, el presidente Alberto Fernández y sus colaboradores más cercanos, hasta el Procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa, el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” González y sus hijas, el ministro de Economía Martín Guzmán, el entonces canciller Felipe Solá, el exembajador en Brasil Daniel Scioli, el ministro de Defensa Jorge Taiana (cuando era senador) y el diputado Eduardo Valdés. También el exministro de Salud Ginés González García y varios empresarios amigos suyos. Buena parte de los vacunados VIP –incluido el presidente– fueron registrados como personal de salud en los listados del Posadas.

En marzo de 2021, el fiscal Taiano implicó al exministro y a su sobrino y exjefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Lisandro Bonelli. También imputó a Alejandro Collia y Marcelo Guille. En la causa, el director del Hospital Posadas declaró como testigo (actualmente imputado) y señaló que recibió instrucciones de los funcionarios de Salud para atender a ciertos recomendados en el vacunatorio del Posadas. Agregó que esos privilegiados llegaron “sin respetar la fila de los que estaban aguardando” y que eso generó malestar entre los empleados. Por ello, surgió la idea de que los siguientes vacunados fueran directamente al Ministerio de Salud.

El 8 de julio de 2021, la jueza Capuchetti archivó parcialmente el caso, afirmando que en el Código Penal “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto de esta investigación”. Entendió que las autoridades sanitarias establecieron un plan de vacunación que permitía la inoculación simultánea de los grupos prioritarios. “La indignación sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos no implica necesariamente que deba intervenir el derecho penal”, escribió la magistrada.

Sin embargo, el fiscal de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, apeló, y la Cámara Federal ordenó reabrir la investigación. Subrayó que, en ese momento, las vacunas eran “un bien escaso” que el Estado debía administrar, y ordenó investigar la responsabilidad de los funcionarios que permitieron vacunar a personas fuera de los grupos prioritarios tanto en el Ministerio de Salud como en el Hospital Posadas. Además, ordenó esclarecer qué ocurrió con las dosis destinadas a El Calafate, donde también hubo vacunados no prioritarios.

A partir de entonces, la jueza delegó la investigación en la fiscalía, y en mayo de 2023 se solicitaron las indagatorias. La jueza firmó los procesamientos de Ginés González García, Costa, Guille, Maceira y Borda, mientras que otros recibieron faltas de mérito. “Las dosis asignadas al Hospital Posadas no podían ser utilizadas para vacunar a la población en general, sino exclusivamente para el personal de salud y, en casos excepcionales, para el personal estratégico cuya labor era fundamental”, sostuvo.