Se trata de Juan Martín Mena, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Es acusado a raíz de una serie de declaraciones sobre la pericia del teléfono de Fernando Sabag Montiel.

La jueza María Eugenia Capuchetti denunció a Juan Martín Mena, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, por irregularidades en la investigación del atentado contra la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.

La magistrada lo acusa de encubrir y prestar falso testimonio a raíz de una declaraciones a un medio de comunicación que, alega, contradicen su testimonio en la causa.

Tras ordenar el peritaje del teléfono de Fernando Sabag Montiel, investigado por gatillar contra la dos veces mandataria el 1° de septiembre de 2022, tarea que realizó la Policía Federal Argentina ante la presencia de Mena, la jueza denuncia que en una entrevista a El Esquiu, el actual Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires brindó declaraciones confusas.

«(…)Un secretario de la magistrada le dijo meses después del atentado que su jefa le había pedido en esas primeras horas cruciales que lo sacara de la caja de seguridad del despacho y se lo diera a ella», es el textual que le atribuyen a Mena, y aclara que refiere a que “éste sostuvo que le recriminó al secretario Clerc el ‘devenir bastante desastroso’ de la investigación”.

Por que lo Capuchetti deduce que “quien escribe la nota tuvo acceso directo a las actas que se labraron en dichas declaraciones, pues transcribe frases que aparentan ser textuales de dichos actos”.

Asimismo, remarcó: “Se observa que Mena introdujo una versión de los hechos falsa, que podría poner en peligro la averiguación de la verdad real en relación al intento de homicidio de la ex Vicepresidenta de la Nación”.

“No se sabe al día de hoy qué y con quiénes hablaba Sabag Montiel; y con la introducción de la mendaz declaración testimonial prestada recientemente por Mena, referida a la manipulación en el Juzgado de un medio de prueba, mucho menos podría conocerse quién o quiénes podrían haber querido que el contenido de aquellas conversaciones y el material obrante en el teléfono secuestrado no llegaran a conocimiento de la instrucción, así como de la propia víctima de ese delito”, detalló además.

Por eso, avanzó en la denuncia por la introducción de datos falsos en un proceso penal por parte de un funcionario público, “con el fin, posiblemente, de desviar la investigación para ayudar a alguien a eludir la acción de la justicia, o a ocultar o alterar la prueba del delito que he denunciado”.

“Esta nueva versión falaz de los hechos pretende desviar la atención de la investigación sobre lo que efectivamente pasara”, sentenció, y concluyó: “Este accionar no es novedoso en la vida pública del ministro Mena pues ya enfrenta acusaciones por el delito de encubrimiento, también relacionados con hechos aberrantes de la historia de nuestro país que aguardan hace muchos años su esclarecimiento; y que por la gravedad de las pruebas lo han llevado a enfrentar un juicio oral”.