Un mes después de que se aprobara la amnistía para los independentistas catalanes, el Tribunal Supremo español rechazó este lunes aplicarla a quien se esperaba que fuera su principal beneficiado, Carles Puigdemont. La orden de detención contra quien era el presidente catalán cuando la región intentó separarse de España en 2017 sigue en vigor, precisó el juez Pablo Llarena en su decisión, que puede ser recurrida dentro de los próximos tres días.

El fallo del Tribunal Supremo es un revés para la ley impulsada por el gobierno del socialista Pedro Sánchez y que debería haber favorecido a Puigdemont, quien esperaba poder volver a España después de siete años. Investigado por malversación, desobediencia y terrorismo, esto último por su papel en la ola de disturbios de 2019 en las calles catalanas, Puigdemont es solicitado por la justicia española desde la fallida secesión de 2017, luego de la cual se instaló en Bélgica.

El juez Llarena concedió que la ley de amnistía es aplicable al delito de desobediencia, pero estimó que «los comportamientos atribuidos» a Puigdemont y otros dos independentistas en la causa «incurren plenamente en las dos excepciones que prevé la ley para amnistiar delitos de malversación». Estas salvedades son haber querido obtener «un beneficio personal» y que sus actos hayan afectado «a los intereses financieros de la Unión Europea», supuestos que se cumplen a juicio del magistrado.