Este martes, el fiscal de Estado de Neuquén, Raúl Gaitán, presentó un escrito ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos Nº2 de la provincia, calificando como «inconstitucional» el artículo 81 incorporado por el Título V de la Ley de Bases 27.743. Esta ley, que restituye el impuesto a las Ganancias, fue cuestionada por no respetar las normas provinciales que regulan el empleo público.

En su escrito, Gaitán argumentó que la ley nacional vulnera varios principios fundamentales, incluyendo la división de competencias entre el Estado federal y las provincias, el procedimiento de sanción de leyes, el principio de igualdad tributaria y la progresividad en derechos humanos. 

El artículo 8 de la Constitución provincial obliga a defender la autonomía neuquina, y Gaitán explicó que la normativa nacional intenta derogar leyes provinciales y normas de los Convenios Colectivos de Trabajo que prohíben computar el 40% de los ingresos de los trabajadores estatales para el cálculo del impuesto.

El rincón escondido de la Patagonia que parece sacado de un cuento de hadas

Los convenios colectivos del sector público provincial establecen que el 40% del salario se destina a gastos de movilidad, viáticos y compensaciones bajo el concepto de dedicación funcional. Estas disposiciones fueron aprobadas por la ley 3378 mucho antes de la nueva legislación nacional. Gaitán subrayó que la regulación del empleo público y de los convenios colectivos es una facultad exclusiva de las provincias.

El fiscal de Estado también destacó la medida cautelar solicitada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que considera esencial para evitar la afectación de los ingresos de los trabajadores estatales. Según Gaitán, para que el estado provincial no actúe como agente de retención del impuesto, debe haber una declaración de inconstitucionalidad de la norma nacional por parte del Poder Judicial, que es el único autorizado para hacerlo.

Quedaron exentos del Impuesto a las Ganancias todos los petroleros «de pozo»

Gaitán argumentó que el artículo 81 del paquete fiscal es regresivo respecto del status de protección de los trabajadores estatales y que la normativa nacional no justificó ni demostró razones para dicha regresión. También cuestionó el procedimiento legislativo de la ley 27.743, argumentando que no podía ser tratada por haber sido rechazada por una de las Cámaras del Congreso, según el artículo 81 de la Constitución Nacional.

Además, Gaitán criticó que la ley no toma en cuenta el mayor costo de vida en la región patagónica, lo que viola el principio de igualdad y razonabilidad en materia tributaria. Solicitó a la Justicia que declare la admisibilidad de la acción presentada por ATE y que se dicte la medida cautelar requerida para proteger los derechos de los trabajadores estatales.