CCOO, PSOE, IU, la Federación de asociaciones vecinales Al ZaharaFacua, la Marea Blanca y la Plataforma de Personal de Atención a la Dependencia (Papad) se han concentrado este sábado ante la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta Andalucía en Córdoba para protestar por la situación de la dependencia, afirmando que cada día mueren tres cordobeses esperando una respuesta de este sistema.
El acto ha contado con la participación de afectados, entre los que se han encontrado mayores y niños. En una atención a los medios de comunicación, la secretaria general de CCOO, Marina Borrego, ha insistido en que más de 4.200 cordobeses están en lista de espera y que el periodo medio para dar una respuesta a estas personas es de 606 días en Andalucía, pese a que la ley establece un máximo de 180 días.
De esta forma, ha afirmado que el sistema se encuentra «en las peores condiciones» observadas hasta el momento y que la comunidad autónoma está a la cola de España, «cuando éramos unos abanderados de la dependencia». También asegura que las cifras facilitadas por la Junta de Andalucía «son inventadas» y que «el Gobierno central está aportando más que nunca y ellos no hacen nada más que recortar».
Entre otras cuestiones, la secretaria general de CCOO opina que «a la delegada de Asuntos sociales en Córdoba (Dolores Sánchez) se le debería caer la cara de vergüenza de pedir un esfuerzo a los trabajadores y las trabajadoras». Este sindicato denuncia que en los últimos 17 años (la ley de la Dependencia es de 2006) «no se ha creado ni un puesto de empleo en la plantilla» y que las condiciones laborales «son nefastas». Borrego critica, asimismo, que el Gobierno andaluz trabaja para elevar el copago hasta el 60%. «Pretenden esperar hasta que se mueran y a que cuando te den el copago no puedas hacer uso y renuncies», lamenta. La concentración ha sido celebrada este sábado en diferentes capitales andaluzas y CCOO avanza que se realizarán más movilizaciones para defender este «cuarto pilar del estado del bienestar».
Ambrosio apunta al «abandono» de sanidad y dependencia
De su parte, Isabel Ambrosio, diputada por Córdoba en el Parlamento andaluz, ha señalado que «tres cordobeses mueren cada día esperando una valoración de la dependencia», mientras que durante los últimos diez meses «solo han salido adelante 100 expedientes».
A su juicio, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, «no tiene un problema de financiación, es un problema de gestión. Ha abandonado por completo la sanidad pública y está abandonando también la dependencia», ha indicado.
Sumar reivindica el aumento de recursos
El diputado de Sumar por Córdoba en el Congreso Enrique Santiago ha defendido que el Gobierno de España ha incrementado más de un 37% los recursos para el sistema de dependencia, pero «sorprendentemente, no llega a Andalucía».
También critica que «la Junta de Andalucía no está respetando la ley, que establece un máximo de 180 días de espera para acceder a la prestación», y afirma que se está registrando «una absoluta degradación del sistema habiendo recursos». Además, alude al «permanente desvío de los servicios hacia privatizaciones» y entiende que «es una falta de vergüenza que los recursos no se estén invirtiendo en mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, y en atender debidamente a las personas dependientes».
José Luis Arias, afectado: «Me atenderán a finales de 2025»
El vecino de Lucena José Luis Arias ha sido uno de los participantes en la concentración este sábado. Afirma que solicitó una valoración de discapacidad en junio de 2023, pero todavía no le han atendido. En este sentido, explica que una trabajadora ha estimado que su turno llegará a finales de 2025, «porque ahora están viendo solicitudes de 2021». José Luis lamenta que el pasado 22 de octubre pidió cita con su médica de cabecera y se la han dado para el próximo 14 de noviembre.
Victoria Casitas: «En la oficina da pena ver a las compañeras»
Victoria Casitas es miembro de la Plataforma de Personal de Atención a la Dependencia (Papad), que son trabajadores de la Junta de Andalucía (funcionarios y otras categorías) que atienden las solicitudes de este sistema. Afirma que la estimación de 606 días para que una demanda reciba respuesta puede quedarse corta, «porque tenemos un sistema informático que no está siendo operativo».
El colectivo afirma que «la forma de trabajar que nos están imponiendo desde arriba es poco eficiente» y confirma que en 17 años, pese a circunstancias como el envejecimiento de la población, «no han crecido las plantillas, todo lo contrario, se han reducido».
Por ello, entienden que «es imposible, no salen los números. En la oficina da hasta pena ver a las compañeras», admite. Contracturas, estrés o depresiones son algunos de los «infinitos problemas» que están dando lugar a bajas laborales. «Uno solo no puede hacer el trabajo de tres personas y menos, hacer un trabajo de calidad», subraya.
Victoria Casitas hace hincapié en que «no pertenecemos a ningún partido, somos personas preocupadas por un sistema que vemos morir». Al ser consultada por la respuesta que reciben los niños dependientes, explica que «los menores de seis años son un colectivo prioritario y se adelantan al resto de solicitantes».
Además, tienen que recibir un tratamiento diferenciado otros enfermos como los pacientes oncológicos en fase de cuidados paliativos o quienes sufren ELA, aunque en este último caso detalla que «no hubiera sido necesaria una ley propia para los enfermos de ELA si hubiera funcionado bien la ley de Dependencia, porque el objetivo eran personas como ellos».