El Congreso de los Diputados vota este miércoles en un pleno extraordinario si convalida el decreto ley para renovar el Consejo de Administración de RTVE, una norma cuya tramitación se ha acelerado ya que los grupos parlamentarios tienen de plazo sólo hasta las 14.00 horas para presentar a sus candidatos a consejeros.

La Cámara Baja dio este martes un empujón a la tramitación ya que la Mesa fijó un plazo de algo más de 24 horas para que los grupos presentaran sus candidaturas a consejeros, que pasarán de ser diez a quince: once elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado.

De esta forma, este miércoles se conocerán los candidatos de los grupos y también si el Congreso da el visto bueno a la reforma, planteada por el Gobierno y que ha sido criticado desde la oposición y el Consejo de Informativos de TVE, cuyos trabajadores abogan por convocar un concurso público para la constitución de un nuevo Consejo.

Los populares han criticado las «prisas» por «colonizar» todas las instituciones y «repartir» RTVE, como ha señalado Miguel Tellado, su portavoz en el Congreso.

Mientras, desde el PSOE se defiende la reforma porque, según su portavoz en el Congreso, Patxi López, llevará la «estabilidad» a RTVE gracias a nuevas medidas como la que los mandatos de todos los consejeros sean de seis años.

Distintas fuentes del actual Consejo consultadas por EFE se inclinan por pensar que el decreto será convalidado con los votos de PSOE y sus socios de Gobierno, y que probablemente también estos grupos consensuarán los candidatos a consejeros por el Congreso, mientras que los cuatro del Senado podrían ser propuestos por el PP.

La reforma del Gobierno reduce las mayorías para elegir a los candidatos. La elección se llevará a cabo por dos tercios de cada una de las Cámaras, como se exigía antes, pero si no se logra en una primera votación será posible que se elija por mayoría absoluta en una segunda.

No obstante, si el Congreso y el Senado no llegan finalmente a un acuerdo para elegir al Consejo y a la presidencia, el Gobierno podrá proponer el nombramiento de un administrador provisional único.

La propuesta se sometería a la votación del pleno del Congreso y debería salir adelante también por mayoría de dos tercios en una primera votación o por mayoría absoluta en una segunda, a las 48 horas.

Todos los miembros de este nuevo Consejo tendrán dedicación exclusiva, con lo que ya no será sólo el presidente quien la tenga, y estarán sujetos al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado.

Mientras, la nueva presidencia tendrá más poder ejecutivo y más capacidad de decisión sobre cuestiones que antes estaban encomendadas al Consejo de Administración.