En el País Vasco hay preocupación. Las ondas sísmicas del terremoto catalán de este verano han llegado hasta el golfo de Vizcaya. El bochorno causado por los Mossos d’Esquadra, incapaces de cumplir una orden de detención dictada por los jueces, ha sido muy comentado en la policía vasca. Los ertzainas lucharon contra ETA con alto coste en vidas personales, pero no es cosa del pasado porque siguen sufriendo el acoso en muchas localidades cada vez que llegan las fiestas de verano. Tampoco puede olvidarse que evitaron -destapando el caso Retolaza- las pretensiones del PNV de convertir la Ertzaintza en una suerte de policía de partido. Y es que el espectáculo de la vuelta de Carles Puigdemont en Barcelona solo ha sido posible gracias a una policía que parece que responde más a Junts que a las leyes. Costará mucho tiempo recuperar el prestigio y acallar las voces que demandan una vuelta atrás de la cesión de una competencia tan sensible como la seguridad. Tanto sufrimiento de los agentes vascos para nada.
Pero el temblor que más han notado los vascos tiene su origen en el acuerdo que ha hecho president a Salvador Illa. La cesión total de los impuestos recaudados en Catalunya consagra de facto un concierto catalán al estilo del concierto vasco y el convenio navarro, con la importante salvedad de que, a diferencia de estos dos, ese no tiene soporte constitucional. La soberanía fiscal para Catalunya es un seísmo de alta intensidad que se ha sentido en el verano vasco y los interrogantes han surgido inmediatamente porque la línea argumental de la defensa de la fiscalidad foral era su amparo constitucional y su excepcionalidad en el sistema autonómico español. O lo que es lo mismo: la Carta Magna consagraba la salida del régimen común tributario y los partidos políticos impedían la ruptura de la solidaridad que supondría dar la llave de la caja impositiva a todas las comunidades autónomas.
Pero ahora ese equilibrio se ha roto y hasta el propio acuerdo con ERC pone en duda la solidaridad de la excepción foral. Por eso muchos se preguntan estos días en la costa vasca si será tan fácil negociar el siguiente cupo o incluso si el consenso político sobre el concierto se mantendrá en los próximos años o, fruto de las cesiones de Pedro Sánchez al nacionalismo catalán, el descontento se llevará por delante también la foralidad.
Impuestos y empresas
Douglass North recibió en 1993 el Premio Nobel de Economía por su investigación sobre el rol de las instituciones en el desarrollo económico de los territorios. En la teoría de las instituciones del profesor estadounidense no caben solamente las administraciones públicas, sino también las leyes, los impuestos y hasta las empresas. La riqueza de las naciones está mediatizada por la interacción entre instituciones (que fijan las reglas del juego) y las organizaciones (empresas y sociedad civil).
Así, pues, el empresario como agente responsable y catalizador de la creación de empresas está condicionado por los factores del entorno y es el encargado de implementar las reglamentaciones, así como las normas fruto de su aprendizaje y del proceso de socialización, contando además con la incidencia de otras organizaciones políticas, económicas, sociales y educativas.
North seguro que está en la cabeza de muchos vascos (y españoles) desde que se sintió el temblor originado en el parque de la Ciutadella de Barcelona. Por lo menos leyendo estos días a Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, y a la presidenta de la patronal vasca, Tamara Yagüe, a mí me han recordado casi literalmente a la teoría institucionalista. Para Basaguren, la negociación fiscal bilateral rompe la sagrada regla de que el sistema de nivelación ha de ser multilateral y por consenso. A su vez, la máxima responsable de Confebask ha asegurado que, desde la crisis financiera de 2008, «el crecimiento de la economía vasca ha estado por debajo de la zona euro y del resto de comunidades más prósperas. Por eso, ha llegado el momento de volver a poner el concierto económico al servicio de la competitividad y del crecimiento del país».
Reducir la presión fiscal
Para los empresarios vascos, toca contribuir desde la fiscalidad a la aceleración del crecimiento económico de Euskadi. Creen que es necesario reducir la presión fiscal para reactivar la economía y dejar de perder posiciones respecto a otras regiones más dinámicas de Europa. Lo han llamado «invertir en fiscalidad» y el hilo conductor de la propuesta es rebajar impuestos para relanzar la inversión, la atracción de empresas y también la captación de talento. Todo ello redundaría en más actividad económica, de tal forma que no se perdería recaudación.
Leyes que se cumplen, impuestos que favorecen la actividad, solidaridad entre los que más tienen y los que menos… empresarios y profesores vascos preocupados porque no se sigue lo anterior. Instituciones puestas en solfa estos días con el número de escapismo de Puigdemont pero que no pueden ocultar lo más grave, que es el riesgo de pérdida de confianza en el Estado de derecho de inversores, emprendedores y trabajadores que buscarán refugio (no tan lejano) en aquellos lugares donde el círculo virtuoso de North funcione.