El caso ocurrió en 2018 en una escuela de Hernandarias. Una preceptora reconoció su responsabilidad en los hechos que se le atribuyeron. La denuncia de un senador y un abogado de pertenencia radical tiñó de sospechas al sistema educativo de la localidad. En la audiencia, la mujer leyó una nota de reconocimiento en la que sostuvo que otro docente -que no fue imputado- fue quien le sugirió el ardid. La defensa dijo que la denuncia tuvo motivaciones políticas. Se atravesaba un proceso electoral de cara a las elecciones de 2019. El jueves 18 se conocerá si se hace lugar al acuerdo de juicio abreviado.
Redacción EL DIARIO / [email protected]
Susana Mabel Yácomo, de 48 años, de profesión docente-preceptora, reconoció en una audiencia de juicio abreviado que se realizó ante la jueza de Garantías de Paraná, Gabriela Garbarino, que “en su carácter de preceptora de la Escuela Nº 108 Alberto Williams, de la localidad de Hernandarias, hizo insertar en el libro de actas de exámenes”, en cuatro oportunidades, entre el 23 de febrero de 2018 y el 2 de marzo del mismo año, “declaraciones falsas concernientes a la aprobación por parte del alumno MV”.
Se trató de las materias Inglés, Derecho Comercial, Microeconomía, Macro economía, Sistema Informático Contable y Derecho Comercial.
Ayer, la defensa indicó que el beneficiado del ardid “nunca supo que su título estaba en trámite”.
Garbarino analizará al acuerdo que le presentaron Fiscalía y defensa y dará a conocer su resolución el jueves 18 de mayo a las 12.
Las partes acordaron, con la aceptación de la imputada, la pena de un año de prisión de ejecución condicional más la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el plazo de dos años por los delitos de Falsedad ideológica e Incumplimiento de los deberes de funcionario público. También deberá cumplir con normas de conducta por un período de dos años.
Engaño
Según la acusación que mantuvo la fiscal Paola Farinó, la docente-preceptora, “hizo suscribir mediante engaño dichas actas a los docentes Pamela Tortul, María José Holzman, Florentina Ceballos, Marisa Carina Zarza, Maria Luisa Fianuchi, Walter Andrioli y Oscar Daniel González, quiénes confiaban en su palabra de que se trataba de mesas de exámenes que habían quedado sin firmar”.
Asimismo, se la acusó de que “insertó o hizo insertar la firma de la docente Mirta Peker en el acta de examen de fecha 23 de febrero de 2018, logrando con ello la expedición del título… a nombre de MV, incumpliendo de esta manera los deberes que le incumben en su carácter de tal y que prevé el estatuto del Docente Entrerriano Decreto Ley Nº 155/62 artículo 6 inciso a) y d) y la Ley de Eduación Provincial Nº 9890”.
Si bien Yácomo reconoció su responsabilidad en el hecho, tal como lo exige el instituto de juicio abreviado, ayer, visiblemente afectada, leyó una nota que confeccionó para la ocasión.
Allí realizó una síntesis de los hechos, reconoció que cometió una conducta que “estaba mal” pero sostuvo que fue para un fin noble, como el de ayudar a un joven del que manifestó que recorre la ciudad en bicicleta para juntar comida para sus hermanos.
Añadió que ambos padres del joven presentan discapacidades y que, en aquel momento, había solicitado un certificado de cursado para presentar y poder iniciar un curso para aprender electricidad.
Yácomo sostuvo que en el certificado se consignó la leyenda “adeuda materias”.
También contextualizó la decisión, que emprendió, según sostuvo en la nota, a sugerencia de otro docente de apellido Schmidt, quien le sugirió “hacer como si nada y hacer las actas; afirmó que aquel conocía la iniciativa; dijo que Schmidt firmó las “actas voluntarias con su letra”, pero luego fue y radicó una denuncia ante las autoridades educativas.
Jonathan Schmidt dio cuenta de las “irregularidades llevadas a cabo por la imputada al realizar las actas de exámenes, expedir el título y ante el conocimiento de Gabas que el título correspondiente a MV se había realizado sobre la base de actas de exámenes adulterada”.
María Laura Gabas también fue imputada y resolverá su situación en un juicio plenario. La causa ya fue elevada a debate.
Denunciadores
El caso cobró notoriedad como consecuencia de la denuncia que presentaron el 19 de marzo de 2019 en la mesa de entradas de la Unidad de Atención Primaria de Fiscalía, el ex senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Raymundo Arturo Kisser y el abogado Rubén Pagliotto, de reconocida filiación a la UCR.
Ayer, el defensor de Yácomo, Patricio Cozzi, sostuvo que la denuncia tuvo claras intenciones políticas. Dejó a salvo la figura de su colega, de quien dijo tener la mejor consideración.
Cozzi resaltó las consecuencias que el caso le generó a su defendida, quien tuvo parálisis facial, dificultades en el habla y en la memoria, y entendió que por aquellas secuelas y la repercusión que el caso cobró a partir de la denuncia del entonces legislador y el letrado, se podría estar ante un caso de “pena natural”.
También señaló que la denuncia de Kisser y Pagliotto, cuando cobró estado público, refirió a una situación sistemática de otorgamiento de “títulos truchos” que involucró a funcionarios del área de Educación.
El defensor, sin dar precisiones, sostuvo que la denuncia tuvo motivaciones “políticas”.
El 9 de junio de 2019, a menos de seis meses de la denuncia de Kisser y Pagliotto, se realizaron las elecciones generales en Entre Ríos en las que se eligió gobernador y vicegobernador, y 34 bancas para diputado y 17 para senador.
Fuentes legislativas consultadas, recordaron que la docente imputada adhería y militaba la candidatura del postulante justicialista, en tanto que añadieron que Schmidt, lo hacía en la del candidato de la UCR.