El Gobierno nacional anunció el cierre del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, el único en su tipo en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Esta medida afecta a más de 600 trabajadores que, en lo que va del año, brindó atención a unas 25 mil personas aun en medio del brutal ajuste que padece el sector.
Lo comunicaron oficialmente así: “En el marco del reordenamiento del sistema, el Ministerio de Salud de la Nación inició hoy el plan de reestructuración del Hospital Bonaparte. La decisión responde al objetivo de priorizar la asignación de los recursos en los pacientes que lo necesitan. Para avanzar con la reorganización del Centro de Salud, la cartera sanitaria inició la derivación de los pacientes a otras instituciones. Es importante destacar que no se cierra, se reorganizan los servicios. Desde el inicio de la gestión se trabaja en la normalización del Hospital producto de la subutilización en función de su capacidad, lo que se manifiesta en la reducida cantidad de pacientes que se atienden en la institución”.
Ante esa determinación, los ministerios de Salud de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba manifiestaron su preocupación por los derechos de usuarios y la situación del equipo de salud.
Al respecto, la Mesa Permanente de Salud, que integran los ministerios de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, a cargo de Silvia Ciancio, Ricardo Pieckenstainer y Guillermo Grieve, respectivamente, manifiestaron su profunda preocupación ante el anunciado cierre de los servicios de guardia y de internación del Hospital Nacional de Salud Mental «Lic. Laura Bonaparte», ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dependiente del Estado Nacional. A través de sus respectivas áreas de Salud Mental, las provincias expresan que esta decisión no solo deja a los usuarios sin un lugar donde recibir la atención necesaria, sino que también vulnera los derechos de los pacientes y los trabajadores.
Señalaron en ese sentido que ese acto “refleja un desinterés por la salud pública en su conjunto y carece de una justificación clara, agravando una situación sanitaria ya alarmante. Esta medida pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales de atención, tales como las guardias y las internaciones en uno de los principales hospitales nacionales dedicados a la salud mental, desatendiendo a personas en situación de vulnerabilidad y afectando gravemente la calidad de la respuesta sanitaria”.
Además, el cierre “pone en peligro la estabilidad laboral de los profesionales de la salud mental, cuyo trabajo resulta fundamental para garantizar el bienestar y la recuperación de las personas que reciben tratamiento. La continuidad de los tratamientos, tanto en internaciones como en consultas ambulatorias, debe estar asegurada en todo momento por el Estado, en su rol de garante del acceso a servicios de salud”.
“Es imprescindible que cualquier reestructuración o descentralización de estos servicios se realice con plena consideración de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, tal como lo establecen los principios fundamentales de nuestro sistema de salud mental”, plantearon y pidieron al Estado Nacional que “aclare de manera urgente los planes para asegurar una atención adecuada y que tome decisiones dentro de un marco de diálogo amplio y transparente con los actores involucrados. La protección de la salud mental de la población debe ser una prioridad”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora