Un tribunal lo declaró  inimputable por el estado de su salud mental. Ahora, el STJ revocó ese fallo y ordenó que le hagan nuevos tratamientos psiquiatricos para determinar fehaciéntemente si puede o no afrontar un juicio.

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El Superior Tribunal de Justicia, constituido en Tribunal de Casación, revocó el sobreseimiento de Brian Ezequiel Benítez, acusado de la muerte de la odontóloga Lucy Juárez, asesinada a puñaladas en febrero del año 2016 en su casa ubicada en pleno centro de nuestra ciudad.

La conocida profesional tenía 61 años cuando fue brutalmente asesinada, tras recibir numerosas puñaladas en el cuerpo, luego de lo cual el homicida incendió la vivienda tratando de no dejar ninguna evidencia del crimen.

Tras una larga investigación judicial que demandó varios años,  los jueces de la Cámara Primera en lo Criminal habían decidido en junio de 2022 declarar a Brian Benítez inimputable por su estado de su salud mental, resultandosobreseído de la causa.

Disconformes con esta resolución, el fiscal Pedro Gustavo Schaefer y el abogado de la familia de la víctima, Sergio Andrés Rodas, apelaron el fallo y pidieron que el mismo sea revisado por el STJ, la máxima autoridad judicial en la provincia.

En una nueva sentencia, La Corte Provincial decidió ayer revocar el sobreseimiento de Benítez, ordenando que la causa judicial siga su curso normalmente y que un nuevo Tribunal disponga que el acusado sea alojado en un establecimiento adecuado en cuanto a la seguridad y donde pueda recibir la atención terapéutica que determine finalmente si su estado de salud mental es irreversible o si existe alguna posibilidad de que se recupere. De las conclusiones de estos nuevos estudios va a depender que sea sobreseído por ser inimputable o, en caso contrario, que sea llevado a juicio, si los especialistas advierten una mejoría.

Los jueces de la Cámara Primera habían señalado que el acusado se volvió inimputable estando privado de su libertad, pero no afirmaron que estaba en estas condiciones cuando cometió el crimen. Aseveraron que su estado mental se agravó después y que, por esta razón, ahora no está en condiciones de afrontar un juicio.

Para sostener este argumento aplicaron unafigura que se llama «insubsistencia de la acción penal», lo que quiere decir que ya no se puede seguir con la acción penal (el juicio en sí mismo) debido a que el imputado no está en condiciones de entender o comprender el sentido del juicio.

Respecto a esto, el STJ señala en su fallo que en el sistema procesal de nuestra provincia estafigura no existe, recordando al mismo tiempo que todo lo referido a causales de sobreseimiento son de competencia provincial.

“Lo que hizo la Cámara Primera en lo Criminal con el dictado del sobreseimiento impugnado, es hacer cesar la acción penal pública, que está en manos del fiscal, por una causal que no se encuentra prevista en la ley penal. Se ha violentado entonces, tanto el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal, como el artículo 59 del Código Penal, al introducir por vía jurisdiccional una causal de extinción de la acción penal no prevista por el legislador al dictar la ley de fondo», afirma el fallo del STJ que lleva el número 6065/23 y que tiene los votos coincidentes de los jueces Guillermo Alucín, Ariel Coll, Eduardo Hang, Ricardo Cabrera y Marcos Quinteros.

Los ministros del Superior Tribunal señalarontambién que teniendo en cuenta que no se ha podido establecer fehacientemente si la enfermedad mental de Benítez es de carácter irreversible o no; se ha verificado que el problema surgió al no haberse suministrado la medicación correctamente ni los controles psicológicos ni psiquiátricos, “ya que desde un primer momento ha estado alojado en la unidad penitenciaria”.

La particularidad de este caso y que fue advertida por los jueces del STJ es que la falta de consenso entre los profesionales médicos intervinientes -incluyendo psiquiatras del Cuerpo Forense y perito de parte-, sobre si la patología del imputado resulta ser irreversible o si por el contrario, de ser alojado en instalaciones apropiadas, con personal especializado, que le suministre en forma correcta la medicación, siendo regularmente monitoreado, podría sortearse el obstáculo mental que hoy le impide presentarse a juicio. “Es decir que la cuestión actual no es jurídica sino asistencial”, afirma el fallo judicial.