Este fin de semana se conoció que la Cámara Federal porteña ordenó reabrir la investigación por las indemnizaciones pagadas a familiares de Montoneros que atacaron el Regimiento de Infantería Monte 29 el 5 de octubre de 1975; en este sentido, el Grupo de Medios TVO habló con el Dr. Alberto Solanet, presidente de la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia, quien se mostró de acuerdo con el fallo ya que considera que no corresponde que el Estado indemnice a quienes atacaron al mismo Estado y lanzó que “los pagos se enmarcan en el curro inmenso de los derechos humanos”.
Cabe decir que la Cámara ordenó reabrir la investigación para esclarecer si fue justificado el pago de indemnizaciones millonarias a familiares de miembros de la agrupación Montoneros que en 1975, durante el mandato constitucional de Estela Martínez de Perón, intentaron copar el Regimiento de Monte 29 en Formosa, en lo que se dio en llamar “Operación Primicia”. Según el fallo, la Sala I del tribunal ordenó profundizar el análisis sobre cómo perdieron la vida nueve de esos integrantes de Montoneros a fin de evaluar si le correspondían esos beneficios. El foco de la causa está puesto sobre los funcionarios que avalaron esos pagos, no sobre los familiares que los cobraron.
“Esto forma parte de lo que se llamó el curro de los derechos humanos, a través del cual cobraron indemnizaciones millonarias quienes fueron los que atacaron al Estado argentino, es decir, el terrorismo subversivo”, comenzó diciendo al respecto el Dr. Solanet.
“Nosotros como Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia investigamos a través de un experto de cuentas públicas todo lo que había referente al pago de indemnizaciones en todos los organismos del Estado, y descubrimos que en cada uno de ellos siempre había una dirección destinada a los derechos humanos o algo parecido y de allí salían los recursos para pagar las indemnizaciones, a los jueces subrogantes que iban y venían por todo el territorio del país para juzgar a los militares y civiles que intervinieron”, prosiguió.
Indicó que estos jueces reabrieron las causas después de 40 años de registrados los hechos produciendo un inmenso prevaricato y una enorme “injusticia” donde “no solo se mantiene preso a quienes están acusados de los delitos llamados de Lesa Humanidad sino que se pagan indemnizaciones a quienes ni siquiera participaron en temas de la guerra de los 70. Está comprobado que muchísimos familiares de aquellos que fueron muertos o se han suicidado antes de que los aprehendiera la Policía o el Ejército cobraron indemnización, o incluso quienes atacaron a un Regimiento del Ejército Nacional y fueron muertos cuando se repelió el ataque, familiares de ellos cobraron indemnización y no así quienes defendieron el Cuartel”.
Asimismo, Solanet expuso que Jovina Luna, hermana del conscripto Hermindo Luna, “luchó hasta su muerte para que se cobraran indemnizaciones, y que se recordara por lo menos de alguna manera a quienes defendieron a la Patria; de hecho, ella fue la que inicia con nuestro patrocinio la acción judicial para intentar que se reconociese a los deudos que defendieron el Cuartel y a su propio hermano”.
Consultado por si hay algún calculo estimado sobre las indemnizaciones que se pagaron respondió: “el Estado argentino pagó en materia de derechos humanos que es todo lo referido a las indemnizaciones, pago de testigo, de viajes de los jueces subrogantes y sus honorarios, etc, una suma de 4 mil millones de dólares, pero se iba a llegar a la suma de 11 mil millones de dólares; este es uno de los robos más gigantescos que han podido producir estos señores”.
Dejó en claro entonces que la investigación de ahora ordena que se investigue cómo se pagaron y porqué. “No corresponde que el Estado indemnice a quienes atacaron al mismo Estado; obviamente todo esto se enmarca en el curro inmenso de los derechos humanos que lamentablemente no se ha podido destruir. Hoy estamos trabajando para que se esclarezca esto y se restablezca la Justicia verdadera que es el soporte fundamental para conseguir la concordia política de los argentinos, mientras no se pueda revertir esta verdadera situación de injusticia es imposible que eso suceda. Si no hay justicia verdadera no hay República”, cerró diciendo el letrado.
Ataque el Regimiento
de Infantería Monte 29
El ataque tuvo lugar el 5 de octubre de 1975. En una operación minuciosamente planeada y que tendría después otras etapas, unos 80 integrantes de la organización Montoneros intentaron copar al Regimiento de Infantería de Monte 29. Tenían la ayuda de un soldado montonero, Luis Roberto Mayol, que estaba en la sede militar. Buscaban armamento. pero los militares ofrecieron una resistencia no imaginada por la agrupación. “Acá no se rinde nadie”, respondió Hermindo Luna cuando le gritaron que se rindiera. La respuesta fue una ráfaga de tiros que lo mató al instante. El enfrentamiento fue sangriento.
Perdieron la vida el subteniente Ricardo Massaferro, el sargento Víctor Sanabria y los soldados conscriptos Antonio Arrieta, Heriberto Dávalos, José Coronel, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Sosa, Marcelino Torales, Alberto Villalba y Hermindo Luna, que estaban cumpliendo con el Servicio Militar Obligatorio. También murieron el policía Pedro Alegre, y los vecinos Felipe Ibáñez, Celso Pérez y Marcelino Cáceres. Hubo una veintena de heridos. Del grupo Montoneros los caídos fueron 12. Al menos nueve de sus familiares cobraron indemnizaciones como víctimas de la represión durante la dictadura, pese a que lo ocurrido tuvo lugar antes del golpe del Estado.