La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), a cargo de Miguel Blanco, comenzará a auditar la Universidad de Buenos Aires (UBA) dentro de seis días, el 28 de octubre. Será en esta casa de altos estudios donde la SIGEN, organismo de control que depende de Presidencia de la Nación, pondrá la lupa en primer lugar. La nota al rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi, ya está firmada y la comunicación le llegará en el día de hoy.

Según se pudo reconstruir, en el texto se informa que el objetivo central de los cuatro auditores designados será evaluar la aplicación y rendición de fondos transferidos por la Subsecretaría de Políticas Universitarias -antes secretaría- y la ejecución de los convenios suscriptos por la Universidad de Buenos Aires con distintas reparticiones del Poder Ejecutivo Nacional y la gestión que las áreas correspondientes desarrollan al respecto.

En la nota también se le impone a Gelpi que las tareas de auditoría se realizarán de manera presencial, en la sede del Rectorado y de la Facultad de Ciencias Económicas, relevando y analizando los principales circuitos administrativo-financieros y los controles internos vinculados con los mismos.

Por esa razón, se le solicita al rector de la UBA que les proporcione a los auditores el nombre y cargo de la persona que designe como enlace para la la auditoría. Es decir, para que sea esta persona quien suministre la documentación que será requerida por el equipo auditor. También se le pide a Gelpi que destine un lugar para analizar la información, los contratos y el circuito de rendición de cuentas que debería haber realizado de manera interna la propia UBA. Los auditores también analizarán los sistemas administrativo-financieros.

Las auditorías en las Universidades Nacionales a las que se derivan fondos del Estado fueron anunciadas por el Gobierno,a través del portavoz, Manuel Adorni, después de que la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo titular es Rodolfo Barra, firmó una resolución que habilita a la SIGEN a auditar las casas de altos estudios. La medida se comunicó en medio del conflicto universitario, que incluyó toma de edificios y medidas de fuerzas que continúan, luego de que el presidente Javier Milei firmara el veto al financiamiento universitario.

En dicho pronunciamiento, Barra concluyó: “El sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales, en tanto el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N° 24.521″.

Hasta el momento, la tarea sólo podía ser realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN), un cuerpo colegiado que responde al Congreso de la Nación, no al Poder Ejecutivo, y que está encabezado por Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete durante la administración de Alberto Fernández.

“A la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales”, señala el Dictamen de Barra. Esta resolución también se le recuerda al rector de la UBA en el texto membretado de la SIGEN.

Las auditorías a las Universidades Nacionales se enmarcan en un contexto de conflicto entre el Gobierno y las autoridades de las casas de altos estudios, a las que el presidente Milei quiere supervisar para hacer un seguimiento de los fondos que se destinan a estas instituciones.

“En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo común para poder estudiar”, dijo, polémico, Milei al presentar el nuevo nombre del ahora ex CCK, que pasó a llamarse Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento.

Además, subrayó que su gobierno no tiene la intención de cerrar estas instituciones, pero que buscará auditar el uso de recursos. “No queremos cerrar las universidades, las queremos cuidar, y para eso hay que auditarlas”, expresó el mandatario.

Las fuertes palabras de Milei encendieron aún más lo ánimos ya caldeados en las universidades, donde el malestar por el veto venía en aumento. Uno de los que salió a responderle fue el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti. “El Presidente cambia las mentiras con las que argumenta, pero el fin sigue siendo el mismo: desfinanciar y desprestigiar las universidades públicas”, sostuvo. Y agregó: “Más de la mitad de nuestros estudiantes son los primeros en sus familias en acceder a estudios superiores. Sería bueno que el Presidente se acerque a una clase para ver la realidad y no basarse en redes sociales”, añadió.

Como se le informa a Gelpi en la nota de la SIGEN, el ojo auditor estará puesto en saber si las universidades respetan “los procedimientos de compra que tiene todo el Estado”. Y si cumplen con “los mismos estándares que la administración pública”, tal como publicó Infobae. El dato lo anticipó en una entrevista el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aunque la idea surgió de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez, un área que está bajo la órbita de Capital Humano que preside Sandra Pettovello.

FUENTE: Infobae

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