Legislatura de Jujuy: informe del Ministerio Público de la Acusación

10 de mayo de 2023 – 19:47 Por Ramiro Menacho

El fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, presentó esta mañana su informe anual en la Legislatura de Jujuy.

Durante la charla, que tuvo lugar en el Salón Vélez Sarsfield informó sobre las acciones, medidas y lineamientos institucionales realizados en el 2022 y las pautas de gestión que se desarrollarán en el año en curso.

Lello Sánchez fue acompañado por el presidente de la Legislatura de Jujuy, Carlos Haquim, y los presidentes de los bloques de la Unión Cívica Radical, Alberto Bernis, y el Partido Justicialista, Pedro Belizán. Además, estuvieron presentes los jefes de otros bloques, legisladores y autoridades del MPA.

El informe del MPA

En primer lugar, el fiscal general se refirió al impacto de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal para la investigación y enjuiciamiento en delitos de violencia de género, sexual y familiar, narcomenudeo, justicia penal para menores de edad y ejecución penal; teniendo en cuenta qu esto marcó un cambio en la dinámica de trabajo y lineamientos para garantizar la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos.

Manifestó que se habilitaron nuevas delegaciones del M.P.A. en toda la provincia para acercar los servicios a la comunidad; se instalaron oficinas dentro de los distintos hospitales para actuar de oficio, recolección de los indicios sin demora, facilitar la denuncia por parte de la víctima, su participación en todas las audiencias del proceso penal por intermedio del Centro de Atención a la Víctima (C.A.V.), evitando su revictimización a través del trabajo con otros efectores del sistema (Salud Pública, Dirección de Salud Mental, Consejo Provincial de la Mujer, Secretaría de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Humano, CINDAC).

Finalmente, sostuvo que se llevó adelante un plan de capacitación permanente de todos los agentes del Ministerio, en razón de los profundos cambios implicados en el proceso de implementación de la reforma aludida, pues exigen un mayor compromiso por parte de los operadores no solo respecto a la formación, sino a que se debe trabajar en forma coordinada con los efectores de la administración pública y de la sociedad civil como una forma más eficiente para dar respuesta a las conflictividades penales.