Carlos Ortellado, referente del Colectivo La Pampa Libre de Agrotóxicos, le pidió públicamente al Gobierno provincial que frente al pedido de ruralistas de derogar o suspender la Ley de Plaguicidas “no tome ninguna decisión a las apuradas y respete lo que se acordó en su momento en la Legislatura”. Reclamó la inmediata puesta en marcha de la norma que regula el manejo de los agroquímicos. “Que se ponga en vigencia como corresponde y se aplique”, dijo.

El Colectivo La Pampa Libre de Agrotóxicos tuvo directa participación en el debate de la ley, en 2020. Viene reclamando desde hace años un modelo productivo basado en la agroecología.

“Estamos un poco sorprendidos por el pedido que hicieron los sectores del campo. Lamentamos que el Ejecutivo no haya tenido la capacidad de reglamentar la ley después de tanto tiempo y hoy la ponga en una situación de debilidad que le permite a los sectores que están en relación con los agrotóxicos pedir la anulación o la no aplicación”, dijo el vocero Carlos Ortellado.

“Antes de tomar cualquier decisión deberían consultarse a todas las partes. Porque si no volvemos a lo mismo: los que tienen mayor capacidad de fuego se impone sobre el resto, y no está bueno eso. Debe haber participación de todos los sectores, que la ley se ponga en vigencia como corresponde y se aplique, y a la vez que se avance sobre la zona de producción ecológica aprovechando la distancia que va a quedar libre de agrotóxicos”, reclamó.

“Esperemos que no se tome ninguna decisión a las apuradas, que se respete lo que se acordó en la Legislatura y si es necesario ratificarla para que se pueda reglamentar, que se haga. Que se avance en el camino que hemos trazado”, exigió.

El pasado lunes la Comisión de Enlace de Asociaciones Rurales de La Pampa le pidió al gobernador Sergio Ziliotto una audiencia para hablar de la Ley de Plaguicidas, aprobada en la Legislatura en 2020 y cuya reglamentación es inminente. “Pedimos la derogación o la suspensión. Así como está no nos sirve. Queremos trabajar en una ley con todos los actores e intercambiando ideas”, dijo a Diario Textual el vicepresidente de la Asociación Agrícola de La Pampa, Marcelo Rodríguez.

Los representantes del campo plantearon que la legislación tiene muchas “inconsistencias” y aseguraron que “llevarla a la práctica es imposible”.

La ley plantea, entre otros puntos, una distancia de fumigación de 3 mil metros por aire y por tierra a 500 metros de los espacios urbanos. También impone que se deberá contar con la autorización municipal para aplicaciones terrestres entre los 500 y los 3000 metros. 

Otros puntos de la ley que los productores denuncian como más conflictivos son la obligatoriedad de todos los actores a inscribirse en registros, sobre los cuales se cobrarán tasas de inscripción; la necesidad de presentar recetas de compra para obtener productos, que deben ser archivadas por cinco años y que pueden ser consultados por las autoridades en cualquier momento; la obligatoriedad de contar con un asesor técnico, de declarar los productores que se adquieras fuera de la provincia, de georreferenciar todos los lotes previo a la aplicación; y de verificar todos los equipos de forma anual.