La secretaria de Desarrollo Social de Santa Rosa, Clarisa Alzuri, dijo que hubo “malas interpretaciones” y negó terminantemente la posibilidad de que con el nuevo código de habilitaciones comerciales en Santa Rosa se vaya a derogar la ordenanza de 2009 que prohíbe la apertura de cabarets, whiskerías u otros tipos de locales donde se pueda ejercer la explotación sexual. “La gestión del intendente Luciano di Nápoli no retrocede en materia de derechos y lo venimos demostrando con acciones concretas”, dijo la funcionaria.

En Argentina la prostitución no es delito. Lo que sí está penado es el proxenetismo, es decir, que un tercero lucre por el servicio sexual que ofrezca una persona.

Quien alertó de la posibilidad de derogar la ordenanza fue Mónica Molina, periodista y exfuncionaria que, precisamente, hace quince años libró -casi en solitario- una batalla contra los prostíbulos. “¿Sabías que el Ejecutivo municipal capitalino tiene proyectado derogar entre otras la ordenanza 3941/09 de cierre de prostíbulos, que fue paradigmática en el país?”, avisó por las redes sociales. “La ordenanza 3941/09 cerraba las puertas de los antros de explotación sexual de mujeres en la ciudad. Fue sancionada el 28 de mayo del 2009, el mismo día de acción internacional de Salud de la Mujer. Significaba que el Estado municipal dejaba de convalidar a través de normativas la violación de DDHH. El proyecto de ordenanza que, según se expresa, es para ordenar y sistematizar, deja abierta la puerta al delito. Espero que recapaciten y se den cuentan de la gravedad de este hecho. Y lamento que el área correspondiente no expresara su negativa ante este retroceso”, dijo.

Pero Alzuri dijo que la ordenanza no se toca. “El nuevo código de habilitaciones que se está debatiendo en el Concejo Deliberante contó con la participación del director de Comercio del Municipio, quien brindó certezas sobre esta cuestión”, dijo. “Bajo ningún punto de vista se van a habilitar cabarets ni nada que esté en relación con la explotación sexual o la trata de personas”, dijo. “Ese tema no está en el proyecto del código que se envió al Concejo y nunca estuvo ni siquiera en la consideración de nadie del Ejecutivo Municipal”, manifestó.

Al ser consultada por las versiones suscitadas en las últimas horas dijo que “no se puede hacer ninguna lectura política” porque están vinculadas a la “desinformación”. En este sentido, aclaró que se va a revisar la iniciativa “en ese punto” para que no dé lugar a interpretaciones ni incongruencias.

“Nosotros no retrocedemos en materia de derechos humanos, sino todo lo contrario, avanzamos”, dijo. “Lo venimos demostrando con el trabajo realizado en la gestión”.