La Fiscalía de Estado de La Pampa pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que llame a una audiencia de conciliación entre el Gobierno nacional y la Provincia, con el fin de que haya un acuerdo para que se empiece a pagar la multimillonaria deuda por el déficit de las cajas previsionales. Solo la deuda de 2024 ya supera los 30 mil millones de pesos.
El pedido, al que accedió Diario Textual, fue presentado por la fiscal Romina Schmidt. “Dado que se encuentran vulnerados derechos adquiridos de naturaleza alimentaria de jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social y el agravamiento que día a día se acrecienta por el actuar lesivo e ilegal del Estado nacional que indebidamente con la falta de pago hace incrementar el déficit previsional de esta provincia, solicitamos con carácter de urgente (…) fije una audiencia conciliatoria entre las partes a los fines de obtener una resolución acorde a la celeridad que este tipo de conflictos amerita”, solicitó en un escrito ante la Corte.
En abril, La Pampa inició la demanda por 90 millones de pesos. En ese momento, se incluyeron $5.100 millones del déficit de las cajas previsionales de los meses de enero, febrero y marzo que Javier Milei no cubrió (actualmente la deuda de 2024 asciende a unos 30 mil millones). También los déficits de los años 2020, 2021, 2022 y 2023.
La demanda se fundamentó en el incumplimiento del Pacto Federal de 1999, ratificado por ley 25.235, y de las leyes 27.260 y 27.701, luego de agotada la vía administrativa ante la falta de respuesta a los reclamos provinciales. También La Pampa planteó la inconstitucionalidad del reciente DNU 280/24 que pretende derogar la normativa que regula esos pagos.
El primer mandatario pampeano ya había advertido públicamente sobre el riesgo en que se ha puesto las cajas previsionales de la provincia al puntualizar que, en virtud del DNU del Gobierno nacional, el Estado provincial se vio obligado a solventar con fondos propios sumas que deben ser pagadas por la Nación.
Hace un mes, al responder a preguntas de los legisladores en el Congreso, el Gobierno nacional adujo que cumplió con los compromisos adoptados hasta 2020 y que aún no se definió la cifra de 2021, por lo que no corresponde realizar las transferencias correspondientes. Un intento, desde el punto de vista legal, de demorar los pagos.