La Secretaría de Derechos Humanos solicitó a la Justicia que los bombardeos a la Plaza de Mayo, de los cuales hoy se cumplen 68 años, se investigue como crimen de lesa humanidad y se realice un juicio por la verdad en el que se reconozcan los hechos y se repare a las víctimas luego de “tantos años de impunidad”.

La solicitud fue presentada este jueves ante el juzgado federal 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el acompañamiento de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y familiares de las víctimas, según se informó en un comunicado de la secretaría que encabeza Horacio Pietragalla Corti.

En el escrito, se sostuvo la necesidad de “esclarecer estos crímenes basada en el derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad argentina”.

El 16 de junio 1955, sectores de la aviación de la Armada y de la Fuerza Aérea lanzaron bombas y ametrallaron zonas estratégicas con el objetivo de derrocar y asesinar al presidente constitucional Juan Domingo Perón.

El ataque aéreo se realizó en sucesivas oleadas entre las 12.40 y las 17.40 y tuvo como blancos principales edificios del gobierno, como la Casa Rosada, el Ministerio de Ejército y la residencia presidencial, y las plazas de Mayo y Colón. Contaron además con el apoyo de tropas terrestres de la Marina y de grupos de civiles.

“Fueron más de 300 las personas asesinadas y más de 1200 los heridos. El mayor número de víctimas se registró en la zona de Plaza de Mayo, donde ese mediodía se realizaba un acto de apoyo al gobierno de Perón”, recordó la secretaría en el comunicado.

En ese momento, ni el Presidente ni sus ministros se encontraban en la Casa Rosada, por lo que se constituyó desde el inicio como una agresión hacia las y los civiles con el objetivo de sembrar el terror entre la población y, así, quebrar la adhesión popular al gobierno constitucional.

El ataque sentó las bases para que pocos meses después, en septiembre de ese mismo año, se efectivizara el derrocamiento de Perón y la llegada dictadura cívico militar autodenominada “Revolución Libertadora”.

“A pesar del tiempo transcurrido, estos hechos nunca fueron investigados. Aunque es claro que los responsables materiales e intelectuales en su mayoría ya han fallecido, el Estado tiene la obligación de investigar, juzgar, sancionar y reparar los crímenes de lesa humanidad”, instó la secretaría. “El reclamo de verdad y reparación en causas históricas sobre violaciones a los derechos humanos se enmarca en una decisión de la secretaría de Derechos Humanos de impulsar su reconocimiento como delitos de lesa humanidad”.

Qué pasó ese día

Según relató el historiador Felipe Pigna, aquel 16 de junio, Perón llegó como todos los días muy temprano a la Casa Rosada. Empezó el día recibiendo al director de la SIDE, general de brigada Carlos Benito Jáuregui. Las noticias que traía el jefe de los espías eran preocupantes pero no estaban confirmadas. Perón decidió continuar con su actividad diaria y estar alerta a cualquier aviso. Al terminar la reunión y mientras esperaba al embajador de los Estados Unidos Albert Nufer, miró con cierto desgano la agenda oficial, sabiendo que según le anticipó Jáuregui todo podía cambiar de un momento a otro.

Dudaba todavía cuando llegó el embajador y comenzó una cordial entrevista. A eso de las nueve de la mañana, fueron interrumpidos, un poco intempestivamente, por el general Lucero, quien ingresó pidiendo disculpas con un marcado gesto de preocupación. Perón sabía que estaba programado un desfile aéreo en desagravio a la bandera nacional y a la memoria del Libertador José de San Martín por los destrozos producidos en la Catedral donde descansan sus restos. Pero Lucero estaba en condiciones de confirmar las sospechas del director de la SIDE: ese desfile podía ser aprovechado para bombardear la Casa de Gobierno y a su principal ocupante. Convenció al presidente de que se trasladara a su despacho en el Ministerio de Guerra, cruzando la avenida Paseo Colón.

Desde su nueva ubicación, a las 12.40 en punto, Perón pudo escuchar el sonido inconfundible de aviones de combate. Luego supo que eran los Avro Lincoln y Catalinas de la escuadrilla de patrulleros Espora de la Aviación Naval, coordinados por el almirante Samuel Toranzo Calderón y comandados por el capitán de navío Enrique Noriega. Era un ruido inesperado, nuevo en Buenos Aires que se estrenaba como la primera capital de Sudamérica en ser bombardeada desde el aire por sus propias fuerzas armadas, curiosamente por la Marina.

El plan de los golpistas -recordó Pigna, en El Historiador- era exhaustivo:

“1º El bombardeo de la Casa de Gobierno, donde se presumía estaría el presidente.

2º El copamiento por parte de civiles de edificios públicos y emisoras radiales.

3º El alzamiento de las unidades de Entre Ríos a las órdenes del general León Bengoa.

4º La movilización de las unidades de la Escuela de Artillería y de Aviación de Córdoba.

5º El alzamiento de la base naval de Puerto Belgrano; y

7º El despliegue de unidades de Infantería de Marina que atacarían por tierra posesionándose de edificios públicos y otras unidades de Ejército.” 

Los aviones atacantes llevaban pintadas en sus colas una “V” y una cruz, que señalaban “Cristo Vence”. En la Plaza, además de los apurados transeúntes, había algunas familias que se disponían a presenciar el desfile aéreo. Nunca imaginaron que la parada militar tuviera un carácter tan realista.

Las primeras bombas cayeron a pocos metros de la Pirámide. Sobre la Casa Rosada cayeron en total 29 bombas, de entre cincuenta y cien kilos cada una. Otra de ellas destrozó un trolebús repleto de pasajeros.

Al enterarse de los hechos, la CGT convocó a la Plaza a defender a Perón. El General trató de parar la movilización; desde su puesto de comando en el Ministerio de Guerra, le ordenó al mayor Cialceta que le pidiera a la CGT que no movilizara a los trabajadores para evitar víctimas, pero ya era demasiado tarde. Perón tenía claro algo que los dirigentes cegetistas parecían no ver. Sabía que los atacantes, lejos de conmoverse por la barrera humana, dispararían criminalmente sobre la multitud sin la menor contemplación.

A la tarde eran cientos los descamisados reunidos para defender su gobierno en la histórica plaza, cuando una nueva oleada de aviones espantó a las desconcertadas palomas y arrojó su mortífera carga de nueve toneladas y media de explosivos sobre la multitud.

En la Plaza de Mayo y sus alrededores quedaron los cuerpos de 355 civiles muertos, y los hospitales colapsaron por los más de 600 heridos. Se había perpetrado el peor ataque terrorista de la historia argentina. Sus autores eran “respetables” militares y civiles que se frotaban las manos imaginándose el triunfo de un golpe militar que devolvería a la “negrada”, a los “cabecitas”, a los lugares de los que nunca, según ellos entendían, debieron haber salido.

Los autores del horror

Entre los autores intelectuales de aquel horror, había varios civiles, unidos no precisamente por el amor sino por el espanto que estaban dispuestos a provocar. Algunos de ellos eran el socialdemócrata Américo Ghioldi, el radical unionista Miguel Ángel Zavala Ortiz, el conservador Oscar Vichi y los nacionalistas católicos Mario Amadeo y Luis María de Pablo Pardo, miembros fantasmales de una hipotética junta de gobierno cívico-militar.

En el Ministerio de Marina, que había sido el cuartel general de los golpistas, uno de los líderes de aquella “revolución”, el vicealmirante de infantería Benjamín Gargiulo, decidió pegarse un tiro, mientras que otro de los conspiradores, el almirante Aníbal Olivieri, observaba por las ventanas cómo avanzaban sobre el edificio columnas de trabajadores enardecidos y decididos a vengar a sus compañeros asesinados. El marino tomó el teléfono aterrado y llamó al ministro de Guerra, el general Lucero, y le dijo: “Intervenga. Mande hombres. Nos rendimos, pero evite que la muchedumbre armada y enfurecida penetre en el edificio del Ministerio”.  Junto a Olivieri estaban sus colaboradores más cercanos, los tenientes Emilio Eduardo Massera y Horacio Mayorga, de triste futuro.

Otro almirante y responsable directo de la masacre de Plaza de Mayo, Samuel Toranzo Calderón, fue degradado y condenado a prisión por tiempo indeterminado. Al almirante Olivieri se lo destituyó y condenó a un año y seis meses de “prisión menor”. Su defensor en el juicio fue el contralmirante Isaac Francisco Rojas. Otros once oficiales fueron condenados a reclusión por tiempo indeterminado. Pero el tiempo estaba determinado y todos serían liberados, junto con sus cómplices, por los “libertadores”.