septiembre 01 09:54 2024 Imprimir noticia

El reclamo docente vuelve a estar presente y con mucha fuerza. El rechazo contra la política aparece en las asambleas escolares y la significativa pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de la educación es un elemento clave del conflicto. La ideología también es parte de la interpretación de lo que está pasando. Inicia otra semana con medidas de fuerza.

La agenda mediática es un círculo en el cual los mismos temas vuelven a aparecer cíclicamente. En esa circunferencia de tópicos el primer trimestre es el tiempo de los conflictos docentes. Palabras como febrero, paritarias, inicio de clases, chaya o medidas de fuerza maridan bien en el comienzo del año periodístico.

Sin embargo, en este 2024 el Gobierno provincial había propuesto una alternativa y logró comenzar el periodo escolar sin grandes conflictos.

El eje de la alternativa oficial aceptada por los gremios de los trabajadores de la educación fue un aumento escalonado en tres partes, la primera se cumplió y no hubo problemas. Sin embargo, se había determinado que en agosto habría un nuevo incremento para cobrar en los primeros días de septiembre. Eso no pasará y el conflicto estalló.

AMP reclama un salario mínimo docente de 500.000 pesos (actualmente se encuentra en 380.000 pesos) y un aumento al básico de 100.000 pesos. Los otros gremios presentan pedidos con cifras similares. El Ministerio de Educación hizo una contra oferta, pero que quedó sensiblemente por debajo de los montos solicitados.

Para entender la magnitud de la pérdida de poder adquisitivo del sector se debe tomar en cuenta que el salario mínimo docente rondaba en noviembre pasado los 225.000 pesos y hoy está en los ya mencionados 380.000 pesos. Mientras que durante la presidencia de Javier Milei la inflación lleva un acumulado cercano al 132%.

Entonces queda claro que hasta ahora el mínimo docente tuvo una pérdida de capacidad de compra muy significativa (la caída está por encima del 50% sin incluir el bono de 50.000 Chachos que cobraron la semana que terminó).

En ese contexto hubo medidas de fuerza de AMP y de los docentes auto convocados del SAE el martes pasado, con un nivel de acatamiento muy alto y ya se anticipa paro por 48 horas para el miércoles y jueves de esta semana. En tanto que UDA también parará el jueves.

La próxima asamblea de AMP será promediando la semana. ¿Hay margen para evitar que el conflicto escale? Hay datos alentadores y otros que no lo son.

El punto negativo es que los sueldos docentes de agosto ya fueron liquidados por el Ministerio de Educación sin incrementos. Es decir, salvo los docentes técnicos que tuvieron un cambio en el nomenclador que los favorecerá (se estima que son 1.000 los trabajadores de la educación beneficiados por esta medida), el resto cobrará el sueldo de agosto con los mismos valores que sus haberes de julio. Es decir, la propuesta original del Gobierno de aumentar en agosto no se cumplirá.

El elemento positivo es que se pueden sumar planillas complementarias y solucionar el no aumento en cualquier momento del mes, si es que existe la voluntad del Gobierno provincial de hacerlo.  

La historia de las negociaciones salariales docentes muestra muchos momentos en los cuales el acuerdo llegó sobre la hora. “Siempre hay margen para negociar hasta el último instante. Inclusive, podés publicar tu nota y que en el correr de los días quede desactualizada”, me dijo esta semana una de las fuentes consultadas para este comentario.

Además de lo económico, también hay algo del clima de época en este conflicto y que se debe sumar al análisis.

Los delegados de AMP cuentan que en las asambleas escolares los docentes no solamente reclaman una mejora salarial, sino que plantean explícitos cuestionamientos a la forma de administrar los recursos por parte del Gobierno provincial.

“No hay plata para darnos aumentos de sueldos pero gastan en cualquier cosa”. Esa afirmación es algo que surgió mucho en las asambleas de las últimas semanas y que expresa la siempre presente crisis de representación política. Y el planteo no termina allí, siempre viene acompañada de una referencia explícita al nivel de vida de una parte de la clase dirigente.

Un sector de la sociedad cree que los recursos del Estado están mal administrados, en el mejor de los casos piensa que es por inoperancia y en el peor de los escenarios que existe mala intención para obtener beneficios personales.

Ya se planteó varias veces en este mismo espacio periodístico la idea de que “la casta” en La Rioja no es abstracta, es concreta. Son camionetas en donde solamente el seguro que deben pagar es más alto que el aumento que piden los docentes, son viviendas ostentosas en las zonas más caras de la ciudad o posteos en las redes sociales de diferentes viajes. Todo eso influye al momento de entender el enojo de los estatales en general y de los docentes en este caso en particular.

Al mismo tiempo, la administración de “La Libertad Avanza” eliminó el incentivo docente y la paritaria nacional. Mientras que en estas últimas semanas la “Casa Rosada” impulsa limitar el derecho de huelga de los trabajadores de la educación.

En el Congreso nacional tiene media sanción un proyecto de ley que declara como esencial a la educación y limita al 50% la cantidad de docentes por institución que podrán realizar medidas de fuerza para que los estudiantes no pierdan días de clases.

Sin embargo, la mayoría de los trabajadores de la educación no están reclamando contra esa propuesta, ni aparece en los debates de las asambleas escolares (cabe aclarar que los gremios sí plantean esta situación).

¿Cuántos años se denunció por inconstitucional al decreto Cavero o se reclamó contra los descuentos a los docentes que hacían paro? Dentro del cuerpo docente lo ideológico también pesa al momento de enojarse y de elegir por qué indignarse.  

A eso se suman conflictos estructurales de la educación riojana. Como el estado de las aulas, los problemas edilicios en muchos baños o la falta de refrigeración o calefacción adecuada. Sin mencionar los históricos problemas de las licencias y las afectaciones, que siempre se resuelven a medias.

Los aumentos salariales que el Gobierno provincial le pueda ofrecer a los docentes van a chocar con ese trasfondo: una parte de la docencia no le cree a la “Casa de las Tejas”.

Existe un reclamo salarial por una profunda pérdida de poder adquisitivo que no admite discusiones en su magnitud. También se presenta un conflicto de legitimidad y credibilidad. Las aulas están en conflicto.    

Comentarios

comentarios