Con cierto fastidio y enérgicamente, la secretaria general de AMPROS (Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud), Claudia Iturbe, salió este miércoles a exigirle al Gobierno que no determine a «a dedo» las excepciones a la ley de Tope Salarial que establece que ningún funcionario y empleado de cualquiera de los tres poderes del Estado puede tener un salario superior al del gobernador, que ronda los $672.000 de bolsillo.

Esta semana se conoció un fallo de la Suprema Corte de Justicia rechazando el planteo de AMPROS, que pidió declarar inconstitucional la norma aprobada en 2014, cuando gobernaba en Mendoza Francisco Paco Pérez.

Tras esta resolución del máximo tribunal de justicia de la provincia, primero la ministra de Salud Ana María Nadal y luego su par de Hacienda, Víctor Fayad, aseguraron que habrá excepciones; aunque el segundo funcionario nombrado destacó que «serán muy pocas» y que «las excepciones no serán la regla».

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En las reuniones paritarias de este año Gobierno y AMPROS llegaron a un acuerdo. Ahora surgió un nuevo conflicto.

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La reacción de Claudia Iturbe tras las declarariones de los ministros Fayad y Nadal

Iturbe reaccionó precisamente tras las declaraciones de Fayad quien, entre otros conceptos, expresó: «Hay tareas específicas que pueden tener remuneración por encima de la del gobernador, pero tiene que estar muy bien fundamentada la decisión«.

«Luego de escuchar y leer los dichos del ministro de Hacienda de Mendoza, Víctor Fayad, los profesionales de la salud de la provincia no vamos a permitir que las excepciones a la Ley de Tope Salarial sean a dedo, como deja en claro el funcionario de Rodolfo Suarez», señaló la secretaria general.

Luego agregó: “Se trata de una ley que se dictó en 2014, cuando la migración de los talentos humanos era mínima. Hoy, después de la pandemia, la realidad es que la migración es casi la primera opción, debido justamente a la falta de reconocimiento a la formación profesional y al trabajo diario de los profesionales de la salud».

Iturbe continuó: «Por eso plantear un tope salarial a un recurso humano escaso es desmantelar la salud pública y mucho más grave aún es que va a quedar bajo la atribución del Ejecutivo, seleccionar a quien se exceptúa y a quien no, evidenciando la ‘dedocracia’ que pretenden implementar. No vamos a permitir que el poder político, sin conocimiento y con la debilidad moral que lo caracteriza, decida sobre cargos técnicos de profesionales que se dedican a salvar vidas de la población más postergada de Mendoza”.

Disconforme con esta Ley de Tope Salarial también subrayaron desde AMPROS: «A pesar de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que afirman que la Ley de Tope Salarial vulnera convenios colectivos de trabajo y tiende a restringir negociaciones colectivas, la Suprema Corte, presionada por el poder político, avaló su constitucionalidad».

Vinculado con esto, sumó el sindicato: «Sin embargo, ante el reclamo de AMPROS y la comparación realizada por la entidad gremial entre la formación profesional, el trabajo diario y los beneficios que tiene el gobernador de Mendoza respecto a una profesional que presta sus servicios en el Hospital Notti, los ministros de Suarez comenzaron a hablar de excepciones, aunque pretenden hacerlo a dedo, algo que los profesionales de la salud de Mendoza no vamos a permitir».

Lo que le queda por resolver al gremio de los profesionales de la salud es cómo actuará o qué acciones emprenderá para evitar esa presunta «dedocracia» que denunció públicamente.

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