Voces en contra de Malargüe Distrito Minero Occidental
Por parte de los que se oponen a este proyecto expusieron referentes de la Asamblea del Agua, de la Fundación Cullunche, y vecinos. Llamó la atención que en este grupo se incluyó el referente minero Carlos Ferrer, que cuestionó el proyecto desde el punto de vista jurídico.
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Ferrer aseguró que en el marco de la Ley 7722, no habrá inversores interesados en la etapa de explotación. «Con esta ley el Gobierno quiere estar de los dos lados del mostrador», apuntó.
Los fundamentos de los expositores que se mostraron en contra no fueron sobre particularidades de los proyectos, sino más bien sobre generalidades de la industria minera, como el uso del agua, el cuidado del ambiente y la Ley 7722. Incluso, se coló la cuestión de Palestina.
Las voces a favor de Malargüe Distrito Minero Occidental
Por parte de los expositores a favor del proyecto se expresaron desde la Unión Industrial de Mendoza, la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, desde la Asociación Geológica, de ASINMET, de la Cámara de Coercio, Minería, Industria y afines de Malargüe, de la escuela Técnica Química Industrial y Minera 4-018; del IES 9-018, del CCT 6040, profesionales particulares, de la Cámara de Comercio de San Rafael, de INSUTEC, del Plan Pilares, de empresas minera, de ASIMRA, AOMA, UOCRA, del Sindicato de Choferes y Camiones, de CECIM, de la Cámara de Recursos Naturales, Ambiental y Energía, de la Comisión de Energía Atómica, de GECAMIN, del Consejo Empresario Mendocino, de IADEM, de la Cámara Argentina de la Construcción, del Servicio Geológico Minero, del Colegio de Agrimensura y vecinos.
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En general, las posturas rondaron en torno a la generación de puestos de trabajo, de riqueza, a la demanda mundial de cobre y en defensa de la sustentabilidad de la actividad.
La opinión de los legisladores
La vicegobernadora Hebe Casado, que sostuvo que las voces en contra responden a «cuestiones filosóficas más que técnicas«. «No he escuchado ninguna oposición técnica genuina y real a ninguno de los proyectos que se han presentado, y la verdad que eso deslegitima la exposición», disparó Casado.
«Cuando uno ve los proyectos que han sido tratados por diferentes organismos, como la Universidad Nacional de Cuyo, o por técnicos e ingenieros en Ambiente que han hecho las evaluaciones ambientales de cada uno de los proyectos, la verdad que en contraposición a lo que hemos escuchado esta mañana en contra, no tiene mucho rédito la discusión», sostuvo.
«Estos proyectos están enmarcados en una zona que tiene la licencia social, que es Malargüe, que esta idea surgió de la Escuela Técnica Minera, de sus alumnos, entonces más legitimado que eso la verdad que no lo veo», agregó.
En tanto, el diputado Guillermo Mosso sostuvo que el proyecto «tiene consenso social y Malargüe necesita la actividad minera, porque no tiene las bondades de clima y de territorio que tiene el resto de nuestra provincia. Malargüe es casi el inicio de la Patagonia, entonces la manera en que se ha desarrollado y ha sido vinculada a estas actividades».
«Pedirle que tenga las posibilidades que tiene en otros departamentos donde se desarrolla la viticultura o la agricultura, no va con sus recursos naturales, con su geografía y con su clima. Entonces, respetemos la decisión de Malargue que quiere hacer minería. Estamos haciendo un proyecto para que se haga de forma responsable, sustentable, cuidando el ambiente y teniendo en cuenta los pueblos transhumanes, los puesteros y las comunidades originales», señaló Mosso.
Mientras que Emanuel Fugazzotto ya adelantó su voto negativo al proyecto y advirtió que desde su sector se han planteando dos puntos de «grandes preocupaciones«: «El primero tiene que ver con que se está avanzando una declaración de impacto ambiental sin inventario de ambiente periglaciar».
Fugazzotto señaló que el proyecto de ley para el distrito minero “carece de un ambientario de ambiente periglaciar, algo básico y elemental”. «Están avanzando sin conocer cuánto representa este ambiente, y es un ecosistema que está protegido por la ley de glaciares, que claramente impide la realización de actividades extractivas como la minería”, subrayó el legislador.
Mientras que el diputado Jorge Difonso, que también adelantó que votará en contra, aseguró que el Gobierno «quiere gambetear la 7722». «Vemos un tráfico de funcionarios a la parte privada y de la parte privada al Gobierno. O sea, gente del gobierno de los dos lados del mostrador. ¿Es un hecho de corrupción? Debería analizarse desde ese punto de vista, por las incompatibilidades», disparó.
«El proyecto realmente está totalmente fuera de la ley. Si una persona común va a hacer una habilitación de un comercio, necesita los planos, determinar bien el lugar, por dónde va a entrar la gente, dónde van a estacionar los autos. O sea, determinar en particular cada proyecto. En este caso, nos quieren hacer aprobar 34 proyectos a granel, sin discriminar uno del otro. Es inédito. Primera vez en Mendoza. ¿Cómo se logra esto? con la Mendoza de Cornejo, con la suma del poder público y pasar por arriba a las instituciones y a las leyes», disparó.