A principios de agosto, en una dependencia municipal de San Martín, se halló una gran cantidad de medicamentos almacenados, algunos de uso humano y en muchos casos vencidos. El descubrimiento ha generado fuerte revuelo institucional y una causa penal que molesta a la gestión liderada por el médico Raúl Rufeil (UCR).

Hay calentura en el Este. La oposición llevó el tema al Concejo Deliberante y brama que puede haber existido venta ilegal de fármacos y una red de corrupción. En cambio desde el municipio que tiene como secretario de Gobierno a Mauricio Petri -hermano de Luis, el ministro de Defensa de la Nación- niegan con vehemencia y denuncian una artimaña política.

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El doctor Raúl Rufeil (UCR), intendente de San Martín. Desde las oficinas municipales dicen que las denuncias tienen un fin político.

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El origen del escándalo

En su origen, la acusación partió de una empleada municipal y tiene varios frentes.

Esta mujer, Cecilia Vita, denunció entre otros asuntos que durante los operativos de castración que se desarrollaban en el departamento se vendían de forma irregular insumos para uso veterinario, se hacía trabajar a menores y se acopiaban los mencionados medicamentos humanos en La Casa de la Cultura, que depende justamente del municipio y queda a escasos metros de la intendencia.

Encima, algunos de esos medicamentos humanos almacenados tenían el sello del programa Remediar, que pertenece a la Nación y hace envíos a miles de centros de salud y hospitales del país.

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La Casa de la Cultura de San Martín, donde se hallaron numerosos medicamentos. Algunos tenían el sello del programa Remediar, que depende de la Nación.

Repasar todo el sainete sería farragoso: implicaría hundirse en enrevesadas disputas personales de pago chico y discusiones que se fueron haciendo más y más duras. No obstante, entre toda la información que circula existen focos de interés institucional a los que vale la pena prestar atención.

Para mayor claridad, aquí se han seleccionado tres puntos del conflicto que tienen especial relevancia.

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El concejal opositor Alejandro Ravazzani (PJ) es uno de los que motorizó un pedido de informes en el Concejo Deliberante de San Martín.

1- La presunta venta de medicamentos

Una de las acusaciones es que durante los operativos de castración de gatos y perros que se concretaban en San Martín se vendían de manera irregular medicamentos para los animales.

Las alrededor de 12.000 castraciones anuales que -se calcula- tenían lugar en la comuna eran fruto de un contrato de colaboración mutua entre la municipalidad y la ONG «Sus patas en nuestras manos», cuya vicepresidenta es la prestigiosa médica patóloga Paula Valdemoros.

Según ese acuerdo, es responsabilidad de la comuna «proporcionar todos los insumos y medicamentos veterinarios necesarios a fines de llevar a cabo las esterilizaciones, vacunaciones y desparasitaciones en el territorio del departamento de General San Martín».

Este es el texto original:

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Ahora bien: decir «todos los insumos necesarios», ¿incluye, por ejemplo, el postoperatorio de las esterilizaciones? ¿O acaso en esa instancia postoperatoria se puede ofrecer medicación a cambio de un «aporte» en dinero de los dueños de los animales? ¿Es legal eso? That is the question.

Sin alterarse, en la ONG retrucan que los gastos del postoperatorio siempre corren por cuenta de los propietarios de perros y gatos. Dicen que por eso desde la entidad brindaban medicamentos para esa etapa y que el que quería les aportaba plata.

En cambio la querella -representada por el abogado Javier Palermo– no tiene dudas de que hubo corrupción. El letrado recalca que no hay motivos para tercerizar estas acciones en una ONG, y que si el convenio dice que el municipio proveerá «todos los insumos» se sobreentiende que se cubren todas las fases de la esterilización. Asimismo, insiste en que si en alguna de esas instancias se cobraba, hay que averiguar por qué y con qué fines.

Diario UNO se contactó con la doctora Valdemoros, vicepresidenta de la ONG investigada, para conocer su punto de vista.

La médica se defendió: «Cuando el doctor Rufeil asumió en San Martín, él ya conocía el trabajo que yo venía haciendo en la ONG desde 2016. Entonces se propuso este convenio con el municipio, por el que la organización no cobra nada, sino que realiza las acciones completamente ad honorem».

Añadió que si en su momento se hacían 2.000 castraciones anuales, recientemente esa cifra se multiplicó por 6.

«En ese proceso -remarcó Valdemoros- la Municipalidad compra toda la medicación prequirúrgica y quirúrgica a través de licitaciones. Ningún municipio de la provincia se hace cargo del postoperatorio«.

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Paula Valdemoros, médica patóloga, es vicepresidenta de la ONG «Sus patas en nuestras manos» y asegura que las acusaciones tienen un interés político.

En la etapa postoperatoria, admitió, la ONG ofrece remedios a cambio de donaciones. «Es una colaboración, porque nosotros no recibimos ningún subsidio. Y si alguien no tiene plata para pagar, por supuesto que se los damos igual. El objetivo es que el animal no sufra. Es una falsedad absoluta que vendamos medicamentos. En cualquier caso, se le da al propietario una receta para que haga su compra en cualquier veterinaria», dijo.

¿Y adónde va ese dinero? Valdemoros: «Tenemos cuatro alias de Mercado Pago, que corresponden a voluntarias de cada una de las áreas. Por ejemplo, hay una persona que se encarga de los gatos. Si se hizo tratamiento sobre un perro, la donación va a otro alias».

-¿No hay una cuenta oficial de la ONG?

-La ONG tiene una cuenta bancaria, pero como la mayoría de la gente hoy se maneja con Mercado Pago, usamos esos alias que comenté. Igual con las barbaridades que se han dicho últimamente es posible que cambiemos la modalidad. A ver: yo vivo de mi profesión, me va bien en mi especialidad como patóloga ¿Por qué haría algo así? He llegado a tener hasta 30 animales en tránsito en mi casa. Ayudo a los perros desde que tengo uso de razón.

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2- Los testimonios y la respuesta que dio el municipio

Pero la cosa no termina ahí. Existe al menos un testigo -empleado municipal de planta permanente- que declaró bajo juramento y dijo que efectivamente se comercializaban productos de forma irregular durante los operativos y que el intendente estaba al tanto.

Este testigo expresó textualmente:

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Ante estas aseveraciones, una indignada doctora Valdemoros resaltó: «Este testigo va a tener que probar todo eso. Mis padres son amigos del doctor Rufeil desde hace tres o cuatro décadas y por eso, por mezquinos intereses políticos, inventan esas falsedades. Probablemente vamos a hacer una denuncia por falso testimonio».

Y sumó: «La persona que hizo la denuncia original (se refiere a la empleada municipal Cecilia Vita) es justamente la que pide los presupuestos. Ella sabe muy bien que lo que dice no es cierto». De ahí que -según la médica- se trata de una maniobra amañada.

Hay más. En otro tramo de la declaración, el testigo mencionado más arriba cargó las tintas contra el municipio:

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Habrá que ver si se presentan más testigos, y lo que declaran. Desde la querella, entre tanto, difundieron imágenes que mostrarían de qué modo se ofrecían los medicamentos:

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¿Y qué dicen, entre tanto, desde la Municipalidad de San Martín? En contacto con este medio, el secretario de Innovación Legal y Técnica, Walter Sar Sar, le bajó el tono al contrapunto.

Contestó que hasta hace pocos días, y aunque la Justicia ha hecho inspecciones en La Casa de la Cultura -donde estaban los remedios-, «la municipalidad no ha recibido ninguna notificación Judicial al respecto».

En cambio -admitió Sar Sar- sí se inició una pieza administrativa a partir de la denuncia de Vita. Las conclusiones de esa investigación interna son información pública y se centran en desmentir aspectos más «individuales» del caso, llegando a calificar de «absurdas» las acusaciones.

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3- El problema del origen y la trazabilidad de los remedios humanos

Volvamos a lo más concreto. En La Casa de la Cultura de San Martín se hallaron -eso está certificado- medicamentos veterinarios y de uso humano.

Y si se admite la presencia de medicamentos humanos acopiados en una dependencia municipal, es natural que surjan interrogantes sobre el origen y el destino de ese material.

La doctora Valdemoros se atajó: «Yo soy médica. Tengo contactos en clínicas que donan un montón de cosas para la ONG (…) Aparte la gente nos dona, por ejemplo, Pervinox. Y nosotros no somos quienes determinamos si se puede usar o no. Eso lo evalúa un veterinario. Entre tanto, llevamos el material al depósito que está cerrado con llave. La única persona que tiene esa llave es la denunciante (en referencia a Vita)».

Puntualizó Valdemoros que la ONG «Sus patas en nuestras manos» trabaja con un director técnico veterinario que entre todo lo almacenado, donde hay donaciones y compras, hace la selección de remedios que se aplicarán luego en los animales.

«Porque no cualquier persona puede adquirir medicamentos veterinarios, entonces ese tema lo maneja el especialista. Y en los casos en los que la ONG compra, podemos presentar todas las facturas«, detalló.

Pequeño interludio. El problema es que, de acuerdo a farmacéuticos independientes consultados por este cronista, no es tan simple ni recibir ni almacenar medicamentos de uso humano. La ley especifica protocolos y una serie de pasos tales que, dado un número de lote, se pueda reconstruir todo el camino que hizo un producto.

En el caso de los medicamentos veterinarios, los controla el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); y en el de los humanos, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Ambos dependen del Ministerio de Salud de la Nación.

Aquí, la voz de una farmacéutica que prefirió resguardar su nombre: «En los medicamentos humanos siempre se cuida la trazabilidad. Desde el laboratorio que lo elaboró pasa a la droguería, de ahí a la farmacia y de ahí al paciente. Esas tres instancias no se pueden alterar e implican la firma de un farmacéutico que es el responsable de la procedencia, la legitimidad y la conservación del medicamento. No puede haber un depósito ‘independiente’, a no ser que se trate de un consumidor final que haya comprado esos productos y tenga los permisos».

La farmacéutica consultada insistió: «La única forma de acopiar medicamentos humanos es en laboratorios, droguerías y farmacias. Y los profesionales con potestad de controlar eso son los farmacéuticos matriculados por el Ministerio de Salud. Entre otras cosas, porque así se evita el riesgo de que vuelva al mercado una droga que ya salió del circuito. Y porque cada medicamento necesita condiciones particulares de temperatura y humedad«.

«Una vez que se vence un medicamento -continuó la especialista en fármacos- tenés dos alternativas. Algunos laboratorios te lo reciben de vuelta. Si se trata de un programa nacional, como el Remediar, estamos hablando de material destinado solamente a centros de salud u hospitales. Desde esas instituciones se arma un listado de medicamentos vencidos y un protocolo, queda todo anotado y se manda a destrucción. No hay más opciones que esas: la vuelta al laboratorio o la destrucción».

En efecto, en junio de 2023 se aprobó un manual operativo del Programa Remediar, en cuyo capítulo destinado a la farmacovigilancia se especifica el protocolo a seguir con los medicamentos vencidos:

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Especificaciones del manual operativo del Programa Remediar sobre el descarte de medicamentos no aptos.

O sea que si se hallaron medicamentos humanos en la dependencia municipal, en alguna parte de la provincia debería estar el registro de esas bajas.

Otra consulta a la farmacéutica, que a esta altura ya estaba un poco podrida de la insistencia periodística:

-¿Y se puede utilizar medicamentos humanos en animales?

-Sí, pero para eso vas a necesitar la regulación del SENASA y la receta de un veterinario a nombre del dueño del animal. Se entiende que van a ser medicamentos estuchados, no de programas del Estado, que son exclusivos para ser entregados en centros de salud u hospitales y de ahí al humano.

A su turno, la doctora Valdemoros -vicepresidenta de «Sus patas en nuestras manos»– dio sus argumentos: «Nosotros tenemos puntos de recolección de las donaciones, no contamos con una estructura para poner a una persona que esté ahí las 24 horas y las reciba. Muchas veces no sabemos ni quién nos dejó el material, quizá viene de algún centro de salud, en una caja. Por eso nos llega y lo trasladamos a un depósito, porque tampoco podemos tirar eso a la basura. Aparte, el municipio no maneja medicación: no tiene área de Salud. Por lo tanto, si nuestros veterinarios nos dicen que algo no se utiliza, yo tengo que hacer todo un proceso de descarte. En mi laboratorio particular, por mi especialidad, no descarto medicación. En todo caso averiguaremos cómo se hace y cada 6 meses tendremos que realizarlo desde la ONG, cuyo trabajo -quiero destacarlo- es ejemplar».

Operativos suspendidos

Hoy los operativos de castración en San Martin están suspendidos. En la ONG subrayan que ya van cuatro semanas sin esa actividad, lo que podría acarrear consecuencias sanitarias porque a las puertas de la primavera los animales se siguen apareando sin preocuparse por disputas partidarias ni regulaciones legales.

Aquí abajo, el memorándum donde el secretario de Gobierno sanmartiniano, Mauricio Petri, dictaminó que se suspendan las castraciones «a efectos de despejar cualquier duda y (…) no entorpecer ninguna investigación».

¿Cómo terminará la novela? Por ahora, y para abusar de un símil farmacológico, no hay más remedio que esperar.

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