El litigio comenzó en 2016. En aquel momento, Ibarra criticó con dureza a quienes se desempeñaban en el predio ubicado al pie de Cerro de la Gloria. Incluso -según la acusación- llegó a decir que los empleados del lugar no tenían corazón y que existía robo de pieles.

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Uno de los tuits que ofendieron a los veterinarios: «Los únicos responsables de lo que sucede en el zoológico son los empleados, del primero al último. No hay corazón», subrayó Ibarra.

«, señaló Ibarra.

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El enojo de otros veterinarios

Frente a esta situación, los veterinarios Analía Pedrosa, Luis Jiménez Baigorria, Oscar Ríos, Juan Pablo Coniglione, Ignacio Kemec y Corina Zerpa hicieron una presentación ante el Tribunal de Ética del Colegio que agrupa a los profesionales que se dedican a esa disciplina en la provincia.

Entre otras pruebas, mencionaron varias publicaciones de la aludida en redes sociales. Allí, Ibarra planteaba fuertes críticas, aunque sin acompañarlas con denuncias formales ante la Justicia.

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En mayo de 2016, de hecho, se llegó a exhumar una pantera negra que había fallecido y sobre cuyo destino se agitaron sospechas. Es más: Ibarra sugirió que la piel podía haber sido vendida por alguien del Zoo. El procedimiento fue engorroso: se tuvo que llevar a una escribana del Gobierno para que presenciara el acto. Finalmente, al cavar la fosa se descubrió que el felino estaba ahí; completo y en proceso de putrefacción.

El expediente contra Ibarra, sin embargo, sufrió demoras. Por eso algunos de los veterinarios contactaron al abogado Joaquín Faliti. «La denuncia de estas personas -explicó el letrado- tuvo que ver con que Ibarra sostenía continuamente que los veterinarios del zoo hacían negociados. Hasta dijo que un hipopótamo había muerto de un balazo, cuando luego las pericias constataron que había fallecido por herirse con un hierro. Eran fundamentalmente denuncias mediáticas, y el código profesional indica que no se puede injuriar de este modo y sin pruebas a otros colegas».

Según explicó Faliti, el proceso para sancionar a Ibarra comenzó en el Colegio de Veterinarios, contó con la sospechosa desaparición del expediente en el medio y, tras tomarse la decisión de sancionar a Ibarra, ella apeló. «Según la normativa, quien debía resolver esa apelación era el Ministerio de Salud, y el decreto emitido recientemente se relaciona con el rechazo a ese recurso que interpuso la acusada», apuntó Faliti.

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El decreto que rechazó la apelación de Jennifer Ibarra

En el decreto oficial -que lleva las firmas del gobernador, Rodolfo Suarez, y la ministra de Salud, Ana María Nadal– se rechaza el recurso de alzada interpuesto por Ibarra. Se declara que «la recurrente no rebate los fundamentos ya dados en las resoluciones dictadas, al confirmar el apercibimiento que la agravia» y se agrega que «ninguna razón aporta al Poder Ejecutivo, para que aquel pueda constatar y declarar la pretendida ilegitimidad de la sanción».

Para el Gobierno, pues, «la sanción está suficientemente motivada, razonada y proporcionada a la falta».

Si bien se trata de un castigo leve, ya que no afecta a la matrícula de la activista, sí es el principio de una respuesta para los veterinarios que se sintieron agraviados. La siguiente instancia para Ibarra sería recurrir a la Suprema Corte de Justicia, algo que -según dichos de ella misma, que no se ha retractado– cabe dentro de las posibilidades a futuro.

Faliti detalló: «La instancia administrativa, no obstante, ya está agotada. Ahora lo que quedaría, en todo caso, es agotar las instancias judiciales«.

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