Primero fue el propio gobernador de La Pampa que se quejó por el acuerdo que firmaron el ministro de Economía, Sergio Massa, y el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, para que el El Baqueano ingrese en el programa nacional que garantiza el precio de compra de energía durante 15 años y el ingreso a las arcas locales de 1.230 millones de dólares, casi lo mismo que Portezuelo del Viento. Ahora una fundación pampeana que defiende los recursos hídricos calificó ese arreglo de «catastrófico».

La Fundación Chadileuvú advirtió este jueves en un documento sobre «una nueva agresión mendocina respecto de una cuenca interprovincial y una vez más, como ha sido en el caso del Atuel, esta agresión se realiza con el pleno apoyo del gobierno nacional estipulado mediante un convenio signado por ambas entidades políticas».

El acuerdo establece que se dará previsibilidad a futuro al aprovechamiento multipropósito sobre el río Diamante y permitirá generar fondos para las futuras obras de almacenamiento, distribución de agua y generación de energía limpia.

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El gobernador Rodolfo Suarez y el ministro de Economía, Sergio Massa, en la firma del convenio por El Baqueano.

La hidroeléctrica El Baqueano aportará 120 MW de potencia, para generar 450 GWh al año y abastecer de energía a aproximadamente 60.000 hogares.

El mandatario pampeano Sergio Ziliotto le mandó una carta al titular del Palacio de Hacienda con duros términos y asegurando que el convenio firmado es inconstitucional. Le exigió además la inmediata suspensión. Incluso le reenvió una copia a los gobernadores que integran la cuenca: Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis.

El documento que Ziliotto le envió a Massa sostiene que el convenio entre Nación y Mendoza habilita obras sobre una cuenca hídrica sin tener en cuenta a las demás provincias que la integran, «contrariando así la Constitución, las leyes ambientales de la Nación y los acuerdos internacionales».

El ministro de Económica, Enrique Vaquié, detalló que la Provincia va a cobrar 1.230 millones de dólares una vez concluida la obra, por una inversión de 556 millones de dólares. «Es un convenio que venimos trabajando desde hace tiempo y es el primero de este estilo que se firma desde 2011, donde se generaron tres obras para el país, y ahora vamos por la cuarta obra de esta magnitud”.

Tras enterarse del nuevo pataleo de la vecina provincia, el funcionario se mostró muy molesto y disparó: «Que el gobernador de La Pampa se compre una vida y deje joder con Mendoza».

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Paraje El Imperial, donde está proyectada la represa El Baqueano en San Rafael.

El Baqueano y el rechazo de la fundación pampeana

«En esta ocasión nos referimos al aval dado por Nación al proyecto de construcción de la represa El Baqueano a emplazarse sobre el río Diamante, perteneciente a la cuenca del río Desaguadero, Salado/Chadileuvú, Curacó».

«La concreción de dicho proyecto significaría ‘una vuelta más de tuerca’ a una agresión cuyo primer hecho histórico data de 1807 cuando el Diamante fue desviado de su desembocadura original en el Atuel hacia el Desaguadero, luego a todo lo largo del siglo XX y en el transcurso del XXI se han sucedido los impactos sobre la cuenca del Desaguadero en el marco de la constitución de oasis de riego en las provincias de Mendoza y San Juan, mediante el represamiento de los ríos cordilleranos tributarios del Deaguadero-Salado», sumó la Fundación Chadileuvú sobre el avance del proyecto El Baqueano.

«El corte del Salado en nuestra provincia ha ocasionado que numerosos productores ganaderos, cuyos rodeos, antes podían abrevar en las aguas del Salado, actualmente deben hacer transportar el agua para el ganado, hasta 100 o 200 km de la fuente en camiones con el consiguiente aumento del costo de producción», precisó.

Para finalizar, la organización de La Pampa aclaró: «No estamos en contra (y creemos que ningún habitante de La Pampa lo está) del desarrollo de las provincias cordilleranas pero consideramos que dicho desarrollo no debe realizarse en detrimento de las otras provincias abajeñas y toda obra, como El Baqueano, debe ejecutarse con el consenso de todas las provincias involucradas por la cuenca«.

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