El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJuN) realizó una asamblea el lunes 14 de octubre en la ciudad de Zapala, donde se resolvió suspender las medidas de fuerza programadas para el martes 15 y miércoles 16 de octubre. Esta decisión responde a la convocatoria de diálogo propuesta por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que se llevará adelante el miércoles 16 de octubre, con la esperanza de avanzar en las negociaciones que los trabajadores exigen desde hace tiempo.

Entre los principales puntos que SEJuN llevará a la mesa de diálogo se destaca la exigencia de la devolución de los días de paro descontados, así como la urgencia de fijar una fecha concreta para iniciar las negociaciones paritarias. En caso de que no se logre este objetivo, el sindicato pedirá que se establezca un cronograma para implementar los títulos aprobados del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), los cuales ya cuentan con el visto bueno pero no han sido puestos en práctica.

Durante la asamblea, los trabajadores también expresaron su repudio hacia la funcionaria Carolina Dorpinghaus, a quien acusan de haber tenido actitudes violentas hacia el personal judicial. Este rechazo fue unánime y se espera que sea uno de los puntos de discusión en la próxima reunión con el TSJ.

Además, quedó estipulada la convocatoria a una nueva asamblea para el jueves 17 de octubre, esta vez en modalidad mixta, con sede presencial en Neuquén. En esta instancia, se evaluarán los avances de las negociaciones y se decidirán los próximos pasos a seguir.

En otro aspecto, los judiciales manifestaron su rechazo al reciente veto del financiamiento universitario y expresaron su apoyo a la lucha que los trabajadores de la educación están llevando a cabo. Este gesto de solidaridad refuerza la unidad de los gremios en la región en un contexto de ajustes presupuestarios.

Por último, SEJuN reiteró su pedido de apertura de concursos y creación de más cargos dentro del Poder Judicial, una solicitud que se enfrenta a las políticas del gobernador Rolando Figueroa. El mandatario, durante una reunión con el TSJ a principios de año, destacó la necesidad de mejorar la administración de los fondos y recordó que el Poder Judicial depende en gran medida de los aportes de la Tesorería Provincial debido a la crisis de autarquía que atraviesa, lo que afecta a los más de 2,300 empleados judiciales de la provincia.