El panorama político argentino vivirá un momento crucial con la ratificación del paro de 36 horas por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Bajo el liderazgo del secretario general, Rodolfo Aguiar, este gremio ha decidido poner en marcha una medida de fuerza que dará comienzo el martes 29 de octubre.
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La manifestación no se limita a un paro convencional, sino que incluirá una movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, en un acto simbólico que busca hacer visible su descontento ante la conducción actual.
Desde ATE, la logística de la protesta ha sido cuidadosamente organizada. Se prevé una concentración a las 12 del mediodía en un lugar icónico de la Ciudad de Buenos Aires, el Obelisco, desde donde los manifestantes emprenderán su camino hacia la sede ministerial ubicada en la Avenida Roque Sáenz Peña 788. Una marcha que representa la acumulación del malestar de un sector amplio del Estado, el cual se verá reflejado en esta demostración masiva.
La elección de este paro no es fortuita; su extensión abarca también el miércoles 30 de octubre. Esta jornada coincide con las acciones de otros sectores y gremios, como el de transporte, que también han decidido cesar actividades ese día, lo cual potencia el alcance y la visibilidad de sus reivindicaciones.
Rodolfo Aguiar, figura visible de ATE, no ha hesitado en calificar este episodio como una Jornada Nacional de Lucha. En sus propias palabras, «en el Estado hay sindicalistas que militan la resignación y el miedo». Con estas declaraciones, emitidas a través de sus redes sociales, Aguiar empuja a sus colegas a la acción contra lo que denomina un panorama de destrucción salarial y desempleo galopante.
También ha invitado a cuestionarse sobre las medidas del actual gobierno, asegurando que la «protección de intereses de grandes grupos empresariales ha sobrepasado los límites». Importa resaltar que el paro tiene claros objetivos, detallados en un documento oficial del sindicato: la inmediata reapertura de paritarias que resulten en aumentos acordes a la inflación, reincorporación de todos los suspensiones, y una defensa férrea de la estabilidad laboral en todos los niveles del Estado.
La confrontación entre el sindicato ATE y las políticas oficiales no muestra señales de amainar. La lista de demandas es amplia y específica, incluyendo el cese de políticas de ajuste que consideran llevan a la miseria y al hambre, junto con un rotundo «no» a la posible privatización de empresas estatales estratégicas. Las voces que emergen desde este movimiento son firmes en proteger la inversión en salud y la educación pública, enfatizando la necesidad de revertir ajustes presupuestarios que afectan profundamente a universidades y al sistema hospitalario nacional.
Finalmente, el llamado es no solo por lo material sino también por el derecho a la libre movilización. ATE pide la anulación de normas que consideran restrictivas, como el Protocolo Anti-Movilizaciones y el DNU 70/23, en un contexto donde la libertad de expresarse se ve crecientemente amenazada. Este paro busca correr el velo de aquellas prácticas gubernamentales que, a su juicio, continúan escondiendo verdades incómodas a la ciudadanía.