La reciente decisión de imponer una conciliación obligatoria por 15 días en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha emergido como una acción del Gobierno en su intento por desactivar las crecientes tensiones con los trabajadores de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que se manifestaban por mejoras laborales y en contra de los despidos anunciados.

Lee también: Un empleado de la AFIP se tiró desde un 9° piso y se salvó de milagro

Desde el anuncio por parte de la Secretaría de Empleo, Trabajo y Seguridad Social -una división del omnipresente Ministerio de Capital Humano-, se ha hecho un llamado a todos los gremios involucrados a cesar inmediatamente sus protestas. Argumentan que estas manifestaciones dificultan el correcto funcionamiento de uno de los órganos rectores de recaudación impositiva del país. Así, las partes se preparan para encontrarse el próximo 4 de noviembre en una esperada audiencia destinada a proyectar caminos de consenso.

Este escenario ha sido conformado también por la promulgación del decreto 953/2024, un marco normativo que establece la existencia de ARCA como un ente autárquico con fines de optimización administrativa y de evaluación procesal dentro del Ministerio de Economía. Este diseño, manifiestan las autoridades, responde a la necesidad de consolidar esquemas de eficiencia y especialización en torno a la administración aduanera, fiscal e impositiva del Estado, además de abogar por una estructura interna más simple y funcional.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que se desvinculará a 3.155 agentes, explicando que “ingresaron de manera irregular a la AFIP durante el último gobierno” y que representa un “15% de la dotación actual”.

Además, consideró que la medida es “un paso imprescindible para desmantelar la burocracia innecesaria que ha obstaculizado la libertad económica y comercial de los argentinos”. También explicó que se reducirán salarios de los altos cargos y se buscará “la destrucción de circuitos corruptos».