El presidente Javier Milei ha oficializado la prohibición de los cargos hereditarios en el sector estatal. Esta decisión, ha sido legislada a través del Decreto 959/2024, firmada también por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y se encuentra publicada en el Boletín Oficial.
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Ante los cambios que promueve el decreto, se establece que ya no podrán acceder a cargos públicos aquellos individuos cuya única cualificación sea su parentesco con un empleado estatal fallecido. Esto significa, de acuerdo con el texto legal, que «ningún privilegio, ventaja o beneficio ligado a vínculos hereditarios será válido para acceder a empleos en el ámbito del Sector Público Nacional». Esta medida busca erradicar «prácticas que a menudo han contradicho el principio constitucional de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos».
La vigencia de estas normas responde a una estrategia del ministerio que dirige Sturzenegger para racionalizar el tamaño del Estado y para corregir «desigualdades históricas arraigadas en el sistema de contratación pública». El recorte ya ha alcanzado un 15% del personal estatal y añade presión para que se jubilen aquellos que ya superan la edad estándar de retiro, permitiendo así la incorporación más robusta de nuevos talentos basados en capacidades, no en parentesco.
Reacciones a esta normativa no se han hecho esperar, generando opiniones divididas. Desde grupos sindicales reclaman mejores condiciones para los trabajadores, mientras otros sectores aplauden la iniciativa por fomentar la eficacia y el mérito como criterios principales. Manuel Adorni, vocero presidencial, ya había indicado la semana pasada en conferencia de prensa que este cambio formaba parte de un compromiso amplio del gobierno con la igualdad de condiciones.
De hecho, esta movida alineada con parámetros constitucionales pretende abordar y detener la práctica de «heredar» cargos que históricamente ha estado presente no solo en las oficinas nacionales, sino también en instancias provinciales y municipales. A pesar de que en 2018 el Banco Central había suprimido esta posibilidad, fue reintroducida en 2022 bajo distintos estatutos y convenios colectivos, lo cual motivó esta intervención reguladora.
«De ahora en adelante, la prioridad será la idoneidad de los candidatos, tal como la Constitución Nacional dicta desde su artículo 16, desechando prerrogativas sanguíneas y asegurando que todos los ciudadanos puedan examinarse y participar en igualdad de condiciones para empleos públicos».