El Gobierno impulsado por Federico Sturzenegger, en un acto sin precedentes, ha decidido dar un vuelco histórico al sector aeronáutico argentino a través del decreto 599. Esta nueva normativa desregula significativamente la actividad aerocomercial, permitiendo un mayor ingreso de nuevos operadores al mercado y reduciendo la capacidad del Estado en la asignación de rutas, horarios y servicios de rampa.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), liderada por Pablo Biró, ha denunciado enérgicamente estas medidas, señalando que vulneran la soberanía nacional al priorizar la rentabilidad y la competencia por sobre la seguridad y la excelencia en el servicio. La desregulación, según Biró, conlleva riesgos para la continuidad de Aerolíneas Argentinas al abrir la puerta a una competencia desleal y menos segura.

La modificación del Código Aeronáutico no solo posibilita la cooperación entre empresas del sector sin supervisión estatal, sino que también facilita la liberalización de tarifas y la eliminación de requisitos y controles para vuelos de corta distancia. Esta apertura al mercado aéreo privado, si bien busca fomentar la competencia y ampliar la conectividad, plantea incertidumbres en cuanto a la sostenibilidad y seguridad del sistema.

El decreto 599 marca un antes y un después en la política aerocomercial argentina, alejándose de la regulación vigente desde hace décadas y apostando por un escenario de libre mercado. Si bien el Gobierno de Javier Milei promete mayor conectividad y flujo de turismo como resultado de estas reformas, las críticas no han tardado en llegar, advirtiendo sobre posibles consecuencias negativas para Aerolíneas Argentinas y la industria aeronáutica en su conjunto.

La incertidumbre y el debate están servidos en torno a este drástico cambio en el panorama aéreo nacional, donde la competencia, la rentabilidad y la soberanía se presentan como variables en juego.

Mientras el Gobierno defiende la necesidad de modernizar el sector, los sindicatos y especialistas alertan sobre los posibles perjuicios de una desregulación sin límites que podría comprometer la seguridad y eficiencia de la aviación en Argentina.