Elliot Niall*
“Aunque fuera un sacerdote, seguiría hablando de los 43”, dijo a la AFP el diputado del partido oficialista Morena, de 36 años.
“Cuando fui invitado a ser diputado federal [en 2021], la única condición que puse es que no me limiten, no me condicionen, no me prohíban nada (…). Puedo decir lo que tenga que decir del caso de Ayotzinapa”, añadió en vísperas de la manifestación de este jueves por los 10 años del crimen.
La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, Vázquez se encontraba en Iguala (sur), la ciudad donde desaparecieron los estudiantes de la escuela normal, en el estado de Guerrero. Asegura que llegó después del secuestro de sus compañeros.
“Como no llegaba ninguna autoridad (…) lo que hicimos fue convocar a los medios”, relata Vázquez.
“Estaba la rueda de prensa ahí en la calle cuando de nuevo se soltaron los balazos sobre quienes estaban ahí”, agrega.
Ese día los normalistas habían requisado autobuses para viajar a Ciudad de México y participar de la conmemoración anual de la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968.
La normal rural de Ayotzinapa tiene la reputación de ser un nido de “guerrilleros”, dice el diputado. Sus alumnos se declaran antisistema, preparados para enfrentarse con las autoridades.
Esta institución gratuita es además la única opción para muchos jóvenes provenientes de familias pobres que viven en la región circundante.
Padres de los desaparecidos acusan a Vázquez, que era líder estudiantil en ese entonces, de ser parcialmente responsable de la tragedia pues sabía que la operación era riesgosa.
“No queremos saber nada más de él, sólo queremos que deje de hablar de los desaparecidos”, declaró furioso a la AFP, Mario González Contreras, padre de uno de los estudiantes.
El “superpolicía” en la mira
Tras 10 años, el caso Ayotzinapa se ha convertido en símbolo de los 100.000 desaparecidos registrados en México. Restos de solo tres de los 43 han sido hallados.
Cuando llegó al poder en 2018, el saliente presidente Andrés Manuel López Obrador creó una comisión para esclarecer la verdad sobre el caso, calificado como “crimen de Estado” en 2022.
La comisión señaló la responsabilidad de policías, militares y funcionarios del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (PRI, centro). Bajo su mandato (2012-2018), las autoridades presentaron la “verdad histórica”: los 43 fueron secuestrados y masacrados por una banda criminal local en complicidad con la policía municipal de Iguala.
“Hubo muchos avances durante el gobierno de López Obrador”, reconoce el diputado, pero “nunca serán suficientes si no sabemos qué pasó con los compañeros, dónde están, qué hicieron con ellos”.
“Sé que [el presidente] tenía toda la voluntad política” de esclarecer el caso, añade Vázquez, quien lamenta las “inercias” y las “lógicas que funcionan en pro de la impunidad más que de la justicia” dentro de las instituciones.
El diputado, reelegido en junio, tiene en la mira al “superpolicía” Omar García Harfuch, futuro secretario de Seguridad de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumirá el mismo día que ella, el 1 de octubre.
“Puedo afirmar que sí supiste lo que pasó la noche del 26 de septiembre en Iguala”, dijo Vázquez acusándolo en un video de octubre pasado. “Más aún, que sí supiste después cómo se construyó la verdad histórica”, añade.
García Harfuch ya había sido señalado por el jefe de la comisión de la verdad de Ayotzinapa, Alejandro Encinas, de haber participado en las reuniones donde se elaboró la “verdad histórica”.
“Quien resulte responsable (…) de todo este engaño y de toda la manipulación que se ha hecho de la investigación, tiene que recibir un castigo”, afirmó Vázquez.
Sheinbaum, quien se reunió con los padres de los 43 en junio, se comprometió a continuar las indagaciones, pero anticipó que habrá desacuerdos, particularmente sobre el papel del ejército.
Periodista de AFP