Desde el mes de marzo de este año, la provincia del Neuquén se encuentra en emergencia carcelaria en todo su territorio, por el término -inicial- de tres años, prorrogable por igual período. Ello fue dispuesto por Ley 3426.

La decisión parlamentaria se fundamentó en la “sumamente grave” situación carcelaria producto de la superpoblación y en la circunstancia de que “en la actualidad se utilizan las comisarías para alojar personas detenidas y condenadas”, en “condiciones edilicias deplorables”.

La situación antedicha reconoce un antecedente en el año 2022, cuando la Defensa Pública de Ejecución presentó ante la autoridad jurisdiccional una acción de hábeas corpus colectiva y correctiva respecto de las condiciones de detención de la Unidad de Detención N° 11, ubicada en la ciudad.

Esta acción se motivó en la circunstancia de haberse verificado flagrantes violaciones a los Derechos Humanos, no sólo producto de la sobrepoblación carcelaria sino además, de las indignas condiciones de habitabilidad verificadas, lo que constituye un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención de las personas que se encuentran en contextos de encierro.

La autoridad judicial hizo lugar a la acción interpuesta, fijó el cupo carcelario de las Unidades de Detención de la I Circunscripción Judicial y estableció que las mismas no podrían alojar más personas que aquellas ya establecidas por ese cupo, lo que equivale en los hechos, al cierre de las mismas en tanto no se desocupen lugares que permitan nuevos ingresos.

El grave problema de los detenidos en comisarías

Idéntica decisión se fue adoptando paulatinamente hacia el interior provincial.

¿Qué ocurrió después de ello?

Lo que necesariamente iba a suceder.

Encontrándose “cerrado” el ingreso a las Unidades de Detención provinciales por falta de cupo carcelario, la situación no podía tardar en afectar a las comisarías neuquinas.

Estas instalaciones, que sólo están destinadas al alojamiento cautelar de personas sometidas a proceso que detenten prisiones preventivas, comenzaron, de a poco, a alojar condenados, con todas las afectaciones de derechos que ello implica, para unos y para otros.

En ese contexto, que es actual y que derivó en la -reciente- declaración de emergencia carcelaria, la misma Legislatura de la provincia del Neuquén recibió un proyecto de ley para modificar -nuevamente- el art. 114 y agregar un 114 quinquies, para incorporar un supuesto más de procedencia de la prisión preventiva: la reiterancia delictiva.

Sin pretender agotar el tema, “la reiterancia delictiva” en el texto actual del anteproyecto, le impone a la Fiscalía el deber de requerir la prisión preventiva cuando esté frente a una persona que registre “la existencia de conductas que transgredan la ley en más de una ocasión sin que mediare condena previa”, lo que no es ni más ni menos que la existencia de varias imputaciones en su contra.

Un análisis preliminar de datos y proyecciones en la provincia, indicaría que se alcanzaría, como mínimo, seis veces más personas con prisión preventiva, en caso de prosperar el anteproyecto.

Un problema práctico: ¿Dónde pondrán a los nuevos presos?

Más allá de todos los reparos de índole constitucional y convencional que me merece ese instituto y del modo en que el mismo impactaría -y revertiría- sobre uno de los principios sobre los que descansa el Código Procesal Penal de la Provincia del Neuquén -también sancionado por la Legislatura Provincial-, la pregunta que subyace es inevitable: ¿de qué modo o a través de qué mecanismo o dispositivo piensa hacerse frente a toda esta nueva demanda que necesariamente -e ilegalmente, añado- ingresará al sistema carcelario de Neuquén producto de la reiterancia delictiva?

Porque también en este contexto, no nos olvidemos, se está debatiendo en la provincia la transferencia de competencia para la investigación del microtráfico de drogas o narcomenudeo.

Hay algo que es seguro: esa nueva población carcelaria no la van a recibir las cárceles. Porque están cerradas por decisión judicial.

Tampoco las comisarías. Porque están sobrepobladas por imperio de aquella decisión.

Mucho menos, los sistemas carcelarios de otras provincias, porque Neuquén ya recibió una condena internacional por alojar detenidos fuera de su territorio.

¿Entonces?

* Abogada neuquina