En una reciente y crucial decisión política, el Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, ha dado luz verde para que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) inicie la fiscalización de las Universidades Nacionales. Este movimiento, que abre un nuevo capítulo en la administración de la educación superior en Argentina, viene como respuesta a un pedido del bloque parlamentario del PRO, intensificando así la supervisión del uso de fondos públicos en el ámbito educativo universitario.
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El dictamen emitido por el Procurador Barra garantiza que el control ejercido por la SIGEN está debidamente respaldado por la normativa vigente. En particular, hace referencia a la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, la cual establece los mecanismos internos de supervisión que pueden ejercer entidades como la SIGEN.
En este contexto, Barra afirmó que el control no interfiere con la autonomía funcional ni con la autarquía administrativa-financiera que la Constitución reconoce a las Universidades, como queda reglamentado en la Ley de Educación Superior 24.521.
A raíz de este dictamen, se especifica que «las Universidades Nacionales estarán sujetas al marco que delimita la Ley de Administración Financiera, incluyendo sus normas reglamentarias y complementarias». Este posicionamiento busca «esclarecer cómo se integrarán las universidades dentro del sistema más amplio de control estatal, asegurando transparencia y eficiencia».
La medida, comunicada oficialmente a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, ha generado un amplio espectro de reacciones dentro del ámbito académico y político. Mientras algunos sectores universitarios ven en la medida una oportunidad para reforzar la integridad financiera, otros critican una posible intervención que podría desafiar el principio de independencia universitaria consolidado durante décadas.
El impacto de esta decisión, tanto a nivel institucional como en el seno de la sociedad, está ahora en manos de las universidades, que deberán ajustar sus sistemas de contabilidad y control interno para cumplir con las expectativas y requisitos marcados por la SIGEN.
Con esta acción, el Gobierno busca «no solo supervisar sino también fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en una de las áreas más vitales de un país: su educación». Resta observar cómo estos desarrollos influirán en el panorama educativo del país, en un contexto donde la eficiencia de las inversiones públicas y la calidad educativa son temas de constante discusión y relevancia nacional.