El conflicto entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ha llegado a los tribunales, marcando un hito en el ámbito de la educación y la administración pública. En un intento por preservar su autonomía, el Rectorado de la UBA se ha visto obligado a solicitar la intervención de la Justicia Federal.

El núcleo del problema reside en quién tiene la autoridad para auditar sus cuentas externas. La UBA sostiene que únicamente la Auditoría General de la Nación (AGN) es la entidad legítima para llevar a cabo dicha tarea. Por ello, Ricardo Gelpi, rector de la UBA, presentó formalmente un recurso con el asesoramiento del abogado Sergio Pascale.

El presidente Javier Milei dio directrices para que SIGEN fuese la encargada de auditar a la universidad, lo cual la UBA considera una incursión inapropiada en sus asuntos internos y una violación de su autonomía. Argumentando que la SIGEN responde al Poder Ejecutivo, mientras que la AGN depende del Congreso, la UBA enfatiza la necesidad de esta última por su implicación legislativa. Este planteamiento no es caprichoso, sino que está respaldado por la demanda presentada la cual invoca el «principio de división de poderes y la autonomía universitaria».

Dentro del contexto legal, la UBA ha solicitado no solo una acción declarativa de certeza, sino también una medida cautelar. Este recurso busca frenar cualquier actividad de SIGEN, evitando que la auditoría comience el 28 de octubre, tal como estaba previsto. Este proceso, aseguran desde la universidad, carece de fundamento legal ya que se ha decidido de manera unilateral, sin cumplir con las competencias adecuadas para llevar a cabo tal auditoría.

Este conflicto administrativo ha resonado no solo dentro del sistema educativo sino también en otras universidades públicas quienes observan de cerca este desarrollo, preocupadas por su propia autonomía. No está claro si el precedente que podría establecerse afectará a otras entidades de educación superior, pero plantea preguntas importantes sobre cómo y quién tiene la potestad de supervisar dichas instituciones.

Paralelamente, se ha instado a que las acciones futuras estén en sintonía con las normativas internas de la UBA, respetando sus políticas institucionales. Recuerda la UBA que su postura histórica se ha fundado en interpretaciones judiciales anteriores y que cualquier intervención debe basarse en precedencia y legislación correctamente interpretada.