En un intento por disminuir los gastos del Estado, el Gobierno ha mostrado su inclinación por implementar un recorte significativo en los gastos de traslado de diplomáticos, que podrían alcanzar los US$50,000. Esta medida ha generado una creciente tensión en los círculos diplomáticos y políticos, a la espera de cómo se materializará esta reforma.

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Todo se centra en las disposiciones de la Ley de Servicio Exterior, particularmente en los artículos 57 y 58. Según esta legislación, cuando un diplomático es trasladado de destino debe recibir por adelantado una compensación equivalente a dos meses de sueldo, destinada a cubrir los costos de su instalación, así como los gastos de flete y pasajes. Esta norma no solo abarca los inicios de las misiones diplomáticas, sino también el retorno a Argentina una vez concluidas las funciones.

El sistema, que fue inicialmente reglamentado en 1885 y sufrió modificaciones en 1994, no obliga a los diplomáticos a rendir cuentas detalladas sobre los desembolsos. Con una remuneración que varía considerablemente de acuerdo al destino:

El sueldo más bajo de un embajador es de US$19.557 (Vietnam, Venezuela, entre otros) y el más alto es de US$29.335 (Hong Kong). Hay salarios intermedios de US$24.446 (Estados Unidos y Suiza).

Los ministros de las embajadas cobran entre US$17.601 y US$27.868.

Los consejeros tienen salarios de entre US$14.667 y US$22.001. Hay tres categorías de secretarios, que tienen remuneraciones variables, desde los US$9.778 hasta los US$12.712, US$15.413 y US$19.067. Los trabajadores adscriptos tienen seis escalas y la más baja llega a los US$8.800.

Dentro de la comunidad diplomática, la propuesta no ha sido bien recibida -según informó TN- ya que afirman que los costos de establecer y mantener una vida en un país extranjero son elevados. Funcionar como embajadores conlleva desafíos significativos, incluidos el pago de alquileres, la manutención de vehículos y, en muchos casos, los gastos educativos de sus hijos. Estas quejas se han pronunciado más allá de los embajadores, afectando también a diplomáticos de segunda y tercera línea cuyos sueldos, y por ende beneficios, son menores.

La reforma proyectada por el Gobierno podría transformarse en una fuente de discordias profundas no solo dentro del Servicio Exterior, sino también en el espectro político más amplio. Los cambios sugeridos vienen acompañados de acusaciones de promover la «agenda 2030».

En línea con esta reforma, personajes claves fueron desplazados, resaltando un enfoque hacia un replanteamiento estructural profundo de las relaciones exteriores del país, evocando sentimientos encontrados tanto dentro como fuera del Ejecutivo.