El gremio docente rionegrino formalizó este fin de semana un amparo judicial contra los descuentos de los días de paro docente, procurando que Educación no los concrete en los haberes de abril, que serán depositados el viernes próximo.

La semana pasada, el Congreso de Unter aceptó finalmente la propuesta salarial, reclamando que no se descuenten las jornadas de protestas. Pero, el gobierno provincial confirmó la retención de ocho días más por “inasistencias injustificadas” y anunció un plan de retenciones de un día por mensualidad, empezando por los sueldos de abril.

La cartera educativa había liquidado dos días menos en las remuneraciones de marzo para los docentes que acataron las medidas gremiales. Para abril, una primera estimación gubernamental indica que unos 13.000 docentes serán alcanzados por esas retenciones.

Inicialmente, la conducción de Unter cuestionó esa determinación y, luego, presentó un amparo en la Cámara Laboral de Viedma para que Educación “deje sin efecto, o se abstenga de ejecutar, los descuentos por los días de paro”.

En los fundamentos, la presentación alude que se trata de un “proceder ilegítimo y arbitrario” del Ministerio de Educación “descontar de las remuneraciones» de los «días en que no asistieron a sus tareas en razón de haber cumplido la medida de fuerza (paro) decretada» por el gremio.

El amparo incluye aquellas retenciones ya efectuadas sobre los haberes de marzo como la “inminente concreción” de los restantes días de huelga, a «partir de los anuncios públicamente difundidos por el gobierno en una clara actitud presecutoria y con intenciones de disciplinamiento».

En un comunicado, Unter insiste que la decisión provincial es una “grave violación del derecho constitucional de huelga”, toda vez que «los paros fueron realizados en el marco de medidas de fuerza resueltas en Congresos de la organización gremial y decretadas con total validez al amparo» de las Constituciones de la Nación y de Río Negro.

La organización sindical reclama a la Cámara que ordene a Educación “dejar sin efecto y/o abstenerse de ejecutar las decisiones actuales e inminentes que implican y/o implicarán el descuento de días» de sueldos a los docentes.

El amparo -agrega- pretende “dejar a salvo el derecho» de los trabajadores «a su remuneración cuando la huelga se originó en causas imputables exclusivamente al empleador”.

En sus argumentos, Unter fundamentó que «el inicio del conflicto se remonta a mediados del año pasado», aludiendo a “múltiples y sucesivos incumplimientos graves en que ha incurrido la Autoridad Gubernamental en el marco del proceso paritario”.

Menciona como punto de partida del conflicto “la injustificada inobservancia» de la cartera educativa del acta del 25 de octubre del 2022”, homologada por Trabajo, en relación «con el pago por planilla complementaria del 10 por ciento de recupero de la inflación del tercer trimestre».

“El panorama así instalado se vio severamente agravado, merced a la persistente y obstinada postura” del Gobierno, que vulneró el derecho a la justa retribución» de los trabajadores de la educación.

En el amparo se señala “un dilatado proceso paritario durante cuantiosas reuniones, todas caracterizadas por el absoluto desdén hacia la manda de negociar de buena fe y consecuente deber de ofrecer propuestas de recomposición e incrementos ajustados a la pauta de conservación de poder adquisitivo del salario docente, única forma posible de hacer prevalecer su condición de dignidad”.

Las medidas de acción directa resueltas por los congresos se dieron cuando “el conflicto arribó al punto de algidez y gravedad expectable ante semejante negativa gubernamental en cuanto al respeto de los elementales derechos laborales” de los docentes.

Se denuncia también en el amparo la represalia por parte de Trabajo provincial al dictar una conciliación obligatoria que “claramente tuvo el fin de cercenar e imposibilitar el libre ejercicio de este gremio del derecho constitucional a la huelga; en todo momento alineado con su postura de manifiesta parcialidad en favor de la parte empleadora”.

Unter continúa con su repaso de lo ocurrido y recuerda que «realizó las actuaciones administrativas y judiciales pertinentes contra la conciliación obligatoria en razón de los vicios que afectaron su validez y requirió la suspensión de sus efectos». Precisa que «esas vías recursivas actualmente están pendientes de resolución, Trabajo persistió en la persecución a la Unter e inició procedimientos sumariales con el fin de imponer sanciones millonarias».

Al final, la presentación señala que “resulta insuficiente la explicación de que el descuento se produce como una lógica consecuencia de la no prestación de tareas, toda vez que en el escenario descripto dicha medida cobra una entidad tal que manifiestamente apunta a cuestionar y cercenar el ejercicio elemental del Derecho a Huelga”.

El amparo -agrega- “dejar a salvo el derecho» de los trabajadores «a su remuneración cuando la huelga se originó en causas imputables exclusivamente al empleador”.

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