En estos días de reclamos y movilizaciones, se puso en discusión un tema nodal para la democracia en Argentina: la política de seguridad.
En estos días de reclamos y movilizaciones, se puso en discusión un tema nodal para la democracia en Argentina: la política de seguridad.
Siendo un tema de gran relevancia a nivel regional, sobresalen los resultados en países de diferentes ideologías como Nicaragua, El Salvador y Brasil, que implementaron políticas efectivas contra la inseguridad.
Aunque, la política de «mano dura» de los presidentes Daniel Ortega y Nayib Bukele, y el expresidente Jair Bolsonaro fueron y son cuestionados en los informes y reclamos realizados por los organismos de derechos humanos y la sociedad civil, lograron legitimidad política y gobernabilidad en los primeros tramos de sus gobiernos.
En este sentido, el consejo de derechos humanos de la ONU considera que el presidente Ortega en Nicaragua «persigue a su propio pueblo, perpetra crímenes contra la oposición y elimina la iniciativa de movilización social».
La Human Rigths Watch denuncia al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro por la violencia política con los opositores, el discurso de odio y la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación a los derechos humanos y la libertad de expresión.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Voker Türk expresa su preocupación por múltiples denuncias por abusos y arrestos domiciliarios en la represión de las pandillas o «maras», ordenada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; también Amnistía Internacional denuncia 327 desapariciones forzosas, 235 muertes bajo custodia estatal, 78.000 detenciones arbitrarias y 102.000 personas detenidas violando el debido proceso.
En un escenario, donde proliferaban las drogas, la trata de persona, la prostitución; una solución sería prevenir y rehabilitar, pero se opta por las políticas represivas; luego las políticas punitivas consolidan gobiernos y las que corrigen o remedian pierden consenso.
La deriva autoritaria
La Argentina no está exenta de esta deriva autoritaria, debido a que las políticas de seguridad se inspiran en el expresidente Jair Bolsonaro y el presidente Nayib Bukele que a partir de la política de «mano dura» obtuvieron consensos y apoyos mayoritarios.
La política de «mano dura», que se practica en Argentina desacreditando adversarios políticos y endilgándoles delitos con denuncias incomprobables, es temeraria y pone en peligro la honra, el buen nombre y la libertad de las personas.
Decimos temeraria porque nuestro pasado reciente nos recuerda que, a partir de la sospecha del estado, potenciado por el escarnio público, se impuso la frase «algo habrán hecho» y las consiguientes arbitrariedades y detenciones ilegales desde el poder dictatorial. La misma intencionalidad política, hoy es remozada y reconfigurada por medio de un hilo de «X», imágenes en Instagram o streaming de canales afines.
Entonces, esta idea nos anticipaba el resultado, es decir, si se cosifica a las personas llamándolas como animales, se habilita el trato cruel y deshumanizado; lo que sigue es, por ejemplo, reprimir a jubilados indefensos y difamar a la comunidad universitaria, con la consiguiente reacción.
La reacción se materializó en la imposibilidad de realizar el 4 de octubre un Encuentro Provincial Universitario de LLA, en aulas de la UNLP, por las agresiones de trabajadores y estudiantes hacia los dirigentes políticos de LLA; fue la reacción y el preludio de lo que sucedería diez días después.
Cuando decimos el preludio, nos referimos a la agresión al youtuber libertario Fran Fijap, cuyo nombre es Franco Antunes y tiene 631 mil suscriptores en YouTube y 42300 seguidores en Instagram; es una muestra de la violencia ejercida hacia alguien que no comulga con las ideas de quienes manifestaban. Porque la admiración a los presidentes Bukele y Milei tiene explicación y el derecho a expresarla es lo primero que se debe respetar, mucho más por aquellos que se distinguen como defensores de la Universidad y la Democracia.
La espiral de violencia
Como nos enseña la historia reciente, todos sabemos dónde empieza la espiral de violencia y también como termina, es decir, comenzamos por las palabras y la saldamos en los hechos.
Entonces, en apariencia, estas formas de saldar diferencias políticas se reproducen y repiten porque el núcleo de seguidores de ambas facciones, oficialistas y oposición se mantiene y crece con estas muestras de poder.
La dirigencia política que pertenece al gobierno y a los partidos de la oposición ¿qué hace ante esta espiral de violencia?, siguen alistando recursos para las próximas elecciones, es decir, la reaparición en la disputa política de la expresidenta Cristina Kirchner, el expresidente Mauricio Macri y la nueva presencia de la LLA como partido nacional; esto da la pauta de que se inicia el posicionamiento para las próximas elecciones de medio termino y las presidenciales.
Las posiciones en el centro del tablero político son efímeras si dependen solamente de la presencia mediática, para prevalecer es necesario interpretar las demandas de la sociedad, ponerlas en práctica desde el gobierno y tener un partido político que las expliquen, en el caso del oficialismo; y en la oposición tener coherencia y unidad para tener predominio y capacidad de cambiar políticas.
Las demandas de la sociedad – según los estudios sociales – se desagregan en diversos intereses y las prioridades son: crecimiento de la pobreza, seguridad y la pérdida del empleo.
Si nos centramos en la seguridad, deberíamos pensar que se profundizará el sesgo autoritario de las políticas oficiales, porque – como decíamos al principio – la política de «mano dura» inspirada en la política del presidente Bukele, goza de apoyos en ministros y dirigentes políticos.
Dirigentes políticos, que toman nota de que la sociedad tiene presente el pasado de fracasos y solapado autoritarismo de la etapa kirchnerista; luego, ensayan la violencia política contra la oposición, haciéndola su principal propuesta. Un ejemplo, es la del diputado nacional por Bs As José Luis Espert cuando dice «cárcel o bala» para los que reclaman o cuando el expresidente Macri se refiere «al curro de los derechos humanos» alineado con las ideas de la vicepresidenta Victoria Villaruel.
También la oposición cree en la ganancia política de esta visión autoritaria, acusando al gobierno de antidemocrático, cuando ellos fracasaron en las políticas de seguridad. Pero los dos extremos del arco político, con temeridad, siguen esta disputa sin reglas ni límites.
Esta disputa se consolida en las reuniones familiares, del grupo de amigos o la conversación en un bar, donde livianamente se afirma que no está mal tirar gas pimienta a los jubilados, que llamar «ensobrados» a los periodistas está bien, que todos son corruptos porque no hay pena de muerte para los que roban; y también cuando desde algunos sectores de la oposición celebran, porque impidieron hacer un acto e insultaron a dirigentes de la LLA en la UNLP y se regodean porque «hicieron correr» al youtuber libertario.
En suma, todos los que disputan poder ganan en esta reyerta, la que pierde es la sociedad, que se estremece viendo cómo en lugar del dialogo y la amistad civil se opta por la violencia en la palabra y en los hechos.
Pero, la espiral de la violencia sólo es posible con la indiferencia de quienes no asumen su responsabilidad individual y colectiva, para enfrentar el autoritarismo que socaba las bases de la convivencia democrática. Podríamos decir con Martín Luther King (*) «la indiferencia de los buenos es más peligrosa que la maldad de los malos «.
(*) Del libro «Fuerza para amar». 1963.