A casi 7 meses del inicio del megajuicio por expropiaciones, con 13 imputados en la mira, los defensores se mostraron positivos con la declaración de uno de los testigos considerado clave en el caso. Se trata de Ricardo Romero, el abogado que llevó adelante el sumario que terminó con la cesantía del abogado de Fiscalía de Estado Norberto Baistrocchi.

El instructor sumariante ratificó 19 cargos contra Baistrocchi, quien falleció en junio de 2012 y que estaba sospechado de haber sido el tercer integrante de la asociación ilícita, compuesta por Santiago Graffigna y la perito del Tribunal de Tasaciones, Ana María Melvin.

Para la instrucción de la causa, el testimonio de Romero resulta esencial puesto que una buena parte de la acusación está basada en sus declaraciones a la justicia, ya que habría sido quien advirtió las supuestas irregularidades en el sumario administrativo que realizó contra Baistrocchi y a partir de ello quedaron involucrados Graffigna y compañía.

Es por eso que se esperaba con ansias lo que pudiera expresar durante el debate. Desde el 27 de marzo, Romero comenzó a testificar y, al cabo de varias audiencias lo sigue haciendo, dado que está siendo contra interrogado por los defensores. Incluso, por lo extensa que se volvió su declaración, se generó malestar entre algunos de los actores que participan del histórico juicio y señalaron a las defensas como causantes de la demora del proceso.

Pese a la polémica que pudiera darse entre fiscalía, querella y defensas, los abogados que representan los intereses de los imputados se mostraron conformes, sobre todo por el contenido y el calibre de las respuestas que ofreció el testigo clave. En ese sentido, el letrado Marcelo Fernández -defensor de Graffigna- aseguró que hubo contradicciones en su relato.

«En un principio, él dijo (por Romero) que el Dr. Baistrocchi no impugnaba las planillas de liquidación que hacía Graffigna. Al no impugnarlas, la provincia quedaba totalmente indefensa y por tanto los jueces terminaban fallando en función de lo que decía Graffigna a su antojo. No obstante, no lo pudo sostener», explicó.

Para clarificar, aseguró: «De entrada, está diciendo que los jueces que están imputados y los que no están imputados no tenían la inteligencia suficiente para darse cuenta de lo que hacía Graffigna y hacían lo que él quería. Fue por eso que revisamos 3 expedientes en particular, le pedimos que compulsara 3 liquidaciones y que explicara de qué manera sostenía que la provincia quedaba indefensa, lo mismo que por qué los jueces hacían lo que hacían y se generaba un grave prejuicio. Sin embargo, respondió que no podía contestar eso, que no recordaba en qué se había basado para decir lo que dijo».

Además, el defensor que se mostró animado, al igual que Sandra Leveque -defensora de Fernando Videla, uno de los peritos que chequeaba los terrenos tasados-, señaló que la última contestación fue la puntada final para entender que sus dichos fueron favorables y por ello indicó: «Tuvo muchas contradicciones y, al final, terminó diciendo que él no era infalible y que se podía equivocar».

Por todo ello, los defensores creen que la testimonial resultó positiva. Se estima que en la próxima audiencia, finalizará su declaración y se continuará con el próximo testigo. Hasta el momento, además de Romero, atestiguaron cuatro personas: Lucía Ester Sánchez, quien fuera Asesora Letrada de Gobierno y también interviniera en el sumario administrativo; los peritos de Fiscalía de Estado, Ricardo Martínez y Roberto Nievas; y María Eugenia Vidable, empleada de la Fiscalía de Estado.

El megajuicio comenzó el 19 de octubre del 2022 y se desarrolla en el Concejo Deliberante de Capital, está presidido por el tribunal colegiado compuesto por Silvina Rosso de Balanza (presidenta), Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón. El fiscal es Daniel Galvani y el querellante es Rubén Pontoriero.

Los procesados en esta causa son Graffigna (el abogado procesado como jefe de la asociación ilícita), Ana María Melvin (ingeniera agrimensora, perito de Fiscalía de Estado), Carlos Macchi (juez destituido por este escándalo), el abogado y socio de la asociación ilícita Horacio Alday, la ex jueza Rosalba Marún (ya fallecida), el tercer peritos Víctor Hugo Bustos, el ex fiscal de Estado, Mario Díaz, el exempleado de la Dirección de Recursos Energéticos, Néstor Adán Ruiz, y los ex integrantes del Tribunal de Tasaciones Julio César Fernández, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera.

Están acusados de organizarse para estafar y defraudar al Estado, sospechados de inflar los precios de los terrenos expropiados por el Estado.