Recientemente, el Concejo Deliberante del departamento de Iglesia aprobó una ordenanza destinada a regular la actividad minera en la región. La norma establece una serie de exigencias para las empresas del sector, en cuanto al empleo local, capacitaciones, proveedores y licitaciones, y además, prevé la creación de un organismo minero municipal que controle estas actividades.

El artículo más discutido de la nueva regulación obliga a los proyectos mineros, independientemente de su etapa de desarrollo, a informar a la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Iglesia sobre las empresas contratadas y subcontratadas, así como los datos de residencia de estas. Asimismo, la ordenanza estipula que las compañías deben tener oficinas y estar instaladas en el departamento Iglesia.

Este avance normativo no tardó en generar debate, y una de las primeras voces críticas fue la de Nancy Picón, diputada nacional por el partido Producción y Trabajo. En declaraciones al programa «Es Lo Que Hay», emitido por Canal 13 de San Juan, Picón cuestionó la legalidad de la medida, señalando que la ordenanza contraviene tanto la legislación nacional como la provincial sobre minería. 

Según Picón, una normativa de este tipo va más allá de las competencias municipales y puede generar problemas de implementación: «Va a contramano de la legislación nacional y provincial. De hecho, cuando la legislación nacional salió de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, volvió con una modificación observada por el Senado, que estaba muy bien fundamentada. Se establecía un compromiso de tomar hasta un 20% de proveedores locales, pero era un compromiso, no una obligación».

La legisladora explicó que, en su opinión, la ordenanza no tiene en cuenta la realidad de la oferta local de servicios y proveedores, que podría no ser suficiente para cubrir las necesidades de las empresas mineras. «Ni siquiera sabemos si existe una cantidad de proveedores que estén a la altura de lo que necesitan las distintas empresas», afirmó Picón, destacando que, en lugar de imponer obligaciones, lo más adecuado sería fomentar un crecimiento progresivo tanto a nivel local como regional: «Cuando esta rueda empiece a moverse, no solo va a generar trabajo local, sino también regional».

Finalmente, Picón fue contundente respecto a la viabilidad de la medida: «Es imposible de llevar adelante, porque simplemente no es fácil. La capacitación y los tiempos no están acordes a lo que es la pirámide jurídica. No sé cuál habrá sido el sentido del intendente de pedir esa ordenanza y del Concejo de sancionarla, pero claramente creo que no va a prosperar».

Con estas declaraciones, Picón dejó en claro su postura en contra de la ordenanza, planteando que la normativa, además de inviable, puede generar fricciones con la legislación vigente a nivel nacional y provincial. Mientras tanto, el debate sobre el rol que debe jugar el municipio en la regulación de la actividad minera y el fomento del empleo local continúa abierto en Iglesia.