El Colegio Forense de la Provincia de San Luis presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Superior Tribunal de Justicia, cuestionando el acuerdo 191, que establece un nuevo tipo de notificación electrónica en el ámbito judicial. Sobre este mismo tema, el Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de San Luis dio una conferencia de prensa donde expresó su preocupación por la continua práctica del Superior Tribunal de legislar a través de acuerdos.

“Los tipos de notificaciones están legalmente previstos en nuestro el Código de Procedimiento. Y vos tenés ahí tres artículos fundamentales. Tenés el artículo 133, que te establece de modo genérico las formas en las que se notifican las resoluciones martes y viernes, es decir, que en general los abogados quedamos notificados de la mayoría de las resoluciones los días martes y viernes automáticamente. Y como en el derecho siempre hay excepciones, la excepción está prevista en el artículo 135, que te dice que, respecto de determinadas resoluciones, como las sentencias, vamos a quedar notificados cuando nos llegue una notificación electrónica. Y hay otro artículo más, que es el 134, que se utilizaba en la época en que estaba el expediente de papel, que establece la notificación personal. ¿Qué hace el Superior Tribunal con este acuerdo 191? Toma un poquito de cada artículo. Toma del 134 la denominación, notificación ficta, pero le agrega electrónica. Toma del 133 los días martes y viernes y directamente respecto del 135 lo deroga, porque lo que dice es que no va a tramitarse más, no va a diligenciarse, no va a emitirse más la cédula electrónica. Entonces, al no emitirse más la cédula electrónica, está tácitamente derogando el 135. No lo puede hacer. Para derogar el 135 sí o sí tiene que haber una ley. Y lo mismo para crear otro tipo de notificación, tiene que haber una ley. De ahí que sostenemos que es ilegal, pero sobre todo que es inconstitucional. Porque hay una clara violación al principio republicano de gobierno”, explicó, en detalle, Pucciarelli.

“Ha habido diálogo con el Superior Tribunal. Nosotros estuvimos citados y planteamos esto, pero el Superior Tribunal sostiene que ellos se amparan en una ley del año 2009 que los habilita a reglamentar todo lo relativo a documentos electrónicos. ¿Cuál es el punto? Reglamentar no es lo mismo que modificar una ley. Es muy distinto. Se están excediendo claramente en el uso de sus facultades”, añadió la presidenta del Forense.

Cabe señalar que, como ya informó este medio, la implementación de este sistema de notificación ha quedado pospuesta hasta febrero de 2025. En este sentido, Pucciarelli reafirmó que la intención del Forense es “continuar y evitar que entre en vigencia este acuerdo el 2 de febrero”, pero teniendo en cuenta que, al ser demandado el Superior Tribunal y que es ante este organismo que se presenta una demanda por inconstitucionalidad como ésta, “los plazos siempre se amplían”. Por lo pronto, el Forense recusó a los integrantes del STJ y dos de ellos, Carolina Monte Riso y Eduardo Allende, ya se han excusado.

“No pasa solamente por el exceso facultades. Hay una cuestión vinculada a la seguridad jurídica. El sistema hoy por hoy no ofrece la seguridad jurídica suficiente para implementar este tipo de notificación”, dijo la abogada, dando como ejemplo el sistema que se implementó la semana pasada y que tuvo como resultado que decenas de abogados no fueran vinculados a los expedientes que están trabajando. A raíz de esto, el STJ tuvo que suspender términos por 6 días hábiles. “Hay una cuestión vinculada estrictamente de derecho a la inconstitucionalidad, pero también hay inseguridad jurídica. Entonces, el sistema no es viable. Esto que pretenden no es viable desde ningún punto”, sostuvo Pucciarelli.

Finalmente, Pucciarelli vinculó este conflicto a una crisis institucional más amplia dentro del Poder Judicial, agravada por la falta de jueces titulares y la excesiva dependencia del presupuesto de Tribunales respecto de las decisiones del Poder Ejecutivo. Por ello, además de la demanda, el Forense sacó un comunicado donde realiza una exhortación a todos los poderes del Estado.

“El Poder Legislativo tiene que trabajar en una ley que otorgue efectivamente la autarquía que menciona la Constitución. La Constitución de la provincia habla de autarquía, pero tiene que haber una ley que efectivamente la concrete, porque la ley que existe actualmente supedita el presupuesto de Tribunales a lo que el Ejecutivo disponga y el Legislativo apruebe. Y por otro lado hay un tema preocupante y es que nos están faltando jueces en los tribunales. El Consejo de la Magistratura eleva las ternas, pero el Poder Ejecutivo no hace las designaciones, entonces estamos todavía con juzgados sin jueces o con muchísimos juzgados con jueces provisorios, que no es la solución tampoco. Necesitamos jueces definitivos”, concluyó la Presidenta del Forense.