Este martes, el Senado terminó de rechazar las cuentas de inversión 2023, correspondiente al último año de Alberto Rodríguez Saá; y también aprobó la suspensión, por un año, de la Ley de Desfederalización parcial de la Competencia Penal en materia de Estupefacientes. Esta iniciativa, más conocida como “ley de narcomenudeo”, establecía que los casos “menores” de droga sean juzgados en la Justicia local en vez de la Federal, algo que, finalmente, nunca se cumplió.

Este proyecto pasó prácticamente sin debate por la Cámara de Diputados, razón por la cual La Gaceta Digital consultó al senador oficialista Martín Olivero sobre los motivos por los cuales el Gobierno impulsó una suspensión en vez de la derogación. “Es una suspensión porque todavía no tenemos claro realmente si es una ley beneficiosa o no. ¿Por qué no tenemos claro? Porque desde que se sancionó esta ley de narcomenudeo, esto fue en el 2022 y se empezó a aplicar en el 2023; no hubo ningún tipo de aplicabilidad. No se crearon los juzgados, no se designaron jueces y fiscales, no se capacitó a la policía. Seguimos trabajando como se trabajaba antes de la sanción de la presente ley”, explicó Olivero.

Consultado sobre este fallo, si es atribuible al Poder Judicial o al Ejecutivo, el senador consideró que “el gobierno anterior no incentivó lo que tendría que haber incentivado, presupuestariamente, en cuanto a capacitación para aplicar una ley de este tipo”.

“Lo cierto es que necesitás recursos, capacitaciones, infraestructura, no solamente edilicia, sino también en cuanto a jueces, fiscales y capital humano. Y hoy no lo tenemos. Hoy seguimos trabajando igual que trabajábamos con la vieja ley. Por eso pedimos la suspensión para ver si en un año podemos, precisamente, capacitar y destinar los recursos para aplicar este tipo de ley que en algunas provincias ha funcionado y en otras provincias no ha funcionado”, señaló el legislador.

Olivero también explicó que una de las cuestiones que se está analizando es el caso de las provincias que han aplicado una normativa similar y que no ha tenido los efectos deseados. “¿Por qué no han funcionado en otras provincias? Porque el narcomenudeo ataca al perejil, al consumidor, y cortan la relación con el que le vende, con el que le provee, y vos perdés el hilo para atacar a los grandes narcotraficantes. Es decir, si no hay una relación, una coordinación entre el que investiga al grande y el que investiga al narcomenudeo, sucede habitualmente que vos tenés 100 causas de tipos que tienen tenencia para consumo propio y no tenés ni una sola causa para un narcotraficante. Que seguramente ese narcotraficante está ligado a la trata en persona, al tráfico de armas, etc. Eso es lo que pasa en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que a partir de la sanción de esta ley se quintuplicó la cantidad de causas por tenencia personal y disminuyeron las causas federales”, dijo el senador, explicando nuevamente por qué se suspende por un año, prorrogable a dos, en vez de derogarla.

Por el lado de la oposición, el senador Sergio Moreira planteó la situación de las localidades del interior de la provincia. “Nos preocupa el flagelo de la droga en las localidades que son mucho más pequeñas, ¿con qué lo vamos a combatir? Porque el Gobierno actual no dice ni tampoco coordina acciones ni siquiera interdisciplinarias, ni siquiera en los colegios. Esto viene aparejado también con la falta, digamos, de recursos, de trabajo; también con el sistema económico. La inflación también hace ese tipo de cosas que va llevando a un punto que la sociedad no sabe a quién acudir ni abordar”, opinó Moreira.

“Sacársela (a la jurisprudencia) a la Policía de la provincia es prácticamente una subestimación. Nosotros creemos fehacientemente que la policía ha venido trabajando sobre este tema. Las causas que tiene la Justicia Federal actualmente, son mayoritariamente descubiertas por la Policía de la provincia, así que por eso digamos nos preocupa qué es lo que va a hacer el Ejecutivo Provincial en desmedro de lo que está pasando o lo que puede llegar a pasar dentro de un año”, consideró el opositor.

En cuanto al debate por las cuentas de inversión, ambos bandos políticos expusieron las versiones que ya conocemos y que este medio ha analizado en detalle. Sin embargo, el senador Sergio Guardia reveló un dato más que interesante, destacando que casi un tercio de lo presupuestado para 2023 fue destinado a los entes descentralizados, los cuales no están obligados a rendir sus gastos en detalles. Estos entes fueron el principal foco del debate del pasado jueves en el Concejo Deliberante y es una de las cuestiones que más ha criticado el poggismo pero que, al mismo tiempo, continúa utilizando.

En este aspecto, Guardia, en contacto con la prensa tras la sesión, señaló los gastos sin controles a través de estos entes y aseguró que la gestión actual está trabajando en “traer claridad” a estos procesos.