El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, y el decano de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQByF) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Sebastián Andújar, firmaron un convenio de colaboración para la implementación del decreto que establece la realización de pruebas a los funcionarios públicos para la detección de sustancias ilegales. Personal de la UNSL brindará la asistencia técnica y científica para el desarrollo de estos exámenes.
Este miércoles, autoridades del Ejecutivo y de la casa de altos estudios dieron detalles del acuerdo. “En función del convenio marco que en marzo había suscrito el rector, Víctor Moriñigo, con el Gobernador, hemos celebrado con el decano Andújar este convenio específico para que la FQByF sea la encargada de hacer los análisis toxicológicos a los efectos de determinar la eventual existencia de rastros de drogas ilegales en los funcionarios públicos”, sintetizó Bazla, quien agregó que “en los próximos días, cuando las condiciones técnicas estén finalmente concluidas, será el señor Gobernador el primer funcionario en someterse a ese examen toxicológico”.
Moriñigo agradeció a la FQByF por prestar la colaboración científica y tecnológica de sus equipos. “Nos distingue como universidad poder hacer este control y dar este servicio a la comunidad”, expresó el rector de la UNSL.
El decano Andújar detalló que se implementará inicialmente una prueba rápida (hisopado de la mucosa bucal) y luego, en caso de dar positivo, un análisis de sangre. En caso de reiterarse el resultado positivo, se hará una contraprueba en otra institución, dado que así lo establecen los protocolos. El rector Moriñigo dijo que, por proximidad, podrían solicitar la colaboración de otras universidades nacionales, como la de Córdoba o de Cuyo, en Mendoza, por proximidad geográfica.
Según estimó el rector, los resultados de las pruebas estarán disponibles rápidamente. Y, al respecto de la confidencialidad, Bazla dijo que el procedimiento se hará bajo lo que establece la Ley de Protección de Datos, por lo que solo si la persona quiere, se darán a conocer los resultados.
Reiteró que todos los funcionarios públicos deberán hacer el examen. “En primera instancia está este grupo ya determinado que es el Gobernador, y acompañan los ministros y secretarios de Estado. Luego, en otra oportunidad, lo harán, de manera aleatoria, policías, personal de salud, funcionarios de los entes descentralizados, sociedades del estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, la SAPEM, el jefe y el subjefe de Policía, la directora y el subdirector de la Penitenciaría. Y después se va a trabajar en el mismo sentido, de manera obligatoria y aleatoria, con todo el personal de la salud pública”, detalló Bazla.
Los costos para la realización de estos estudios serán cubiertos por el Ejecutivo Provincial. Cada análisis vale unos $75.000, estimó Andujar “En esta primera etapa, que es la de la extracción, es la parte más compleja, el hisopado será de forma masiva. Ahí se hace un primer tamizado y ese costo es muy inferior”, explicó el Decano, y detalló algunas de las sustancias que se buscarán, tales como cocaína y sus metabolitos, opiáceos, anfetaminas, benzodiacepinas y algunas otras que se establezcan a partir de las actualizaciones.
En su trabajo, los especialistas de la casa de altos estudios trabajarán garantizando la confidencialidad. “Vamos a seguir un protocolo que trabaja la Nación, para que las muestras sean ciegas. No va a ser el mismo lugar físico donde se hará el análisis y el primer testeo o la extracción de la muestra. Estamos tratando de poder regular de eso, para que sea de la forma más transparente posible”, expresó el decano.
Fuente: ANSL