Tres fiscales estuvieron presentes en una audiencia imputativa contra 14 personas a quienes vincularon al negocio de compra de armas y su posterior traslado a los mercados ilegales. En Rosario el hampa local utiliza determinados calibres, especialmente 9 milímetros, dijo el fiscal Gastón Ávila y explicó que la investigación arrojó que 12 personas compraron unas 200 armas y en los allanamientos se encontraron sólo dos. Los compradores no contaban con el poder adquisitivo para adquirirlas. A lo que se sumó que se detectó que en este año compraron más de 10 millones de pesos en municiones y tienen registradas a su nombre más de 20 armas de fuego. Salvo tres de los imputados, el resto quedó en prisión preventiva por el plazo de ley.

Los fiscales Gaston Ávila y Carla Cerliani del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego y Patricio Saldutti de la Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos, estuvieron a cargo de la imputación 14 personas: 12 de ellas fueron sindicadas por provisión ilegal de armas de fuego con habitualidad. Otras dos además por falsas denuncias, respecto a armas que compraron y aseguraron que se las robaron y tenencia de arma sin autorización. A uno de ellos lo imputaron por una participación necesaria en un doble homicidio por facilitar la pistola utilizada. Le achacaron una participación primaria en el hecho.

La fiscalía explicó que 12 de los sospechosos son legítimos usuarios registrados ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Según la teoría fiscal estas personas adquirieron armas en su mayoría de grueso calibre con dinero que no pudieron justificar y luego desviaron al mercado ilegal en forma habitual.

Compras de paja Tras la audiencia el fiscal Ávila explicó en una conferencia de prensa que se hizo un convenio entre el MPA y el Ministerio de Seguridad de la Nación para empezar abordar temas vinculados al mercado ilegal de armas de fuego. Pusieron el foco en las personas que adquirieron cinco o más armas de grueso calibre y tenían situaciones patrimoniales que no permitían costear esas adquisiciones.

A modo de ejemplo contó que hay personas que adquirieron tres, cuatro y hasta cinco pistolas semiautomáticas 9 milímetros el mismo día. El fiscal contó que determinaron que había 12 personas sospechosas “que juntaban entre ellas más de 200 armas”, los allanaron en busca del armamento de grueso calibre y sólo encontraron dos, dijo.

El funcionario también se refirió a las municiones y aclaró que si bien la compra de municiones no es un delito en sí mismo “… tenemos personas que han gastado en este año más de 10 millones de pesos en compra de municiones, que tienen más de 20 armas registradas a su nombre y cuando lo vamos a buscar no tienen ni las armas ni las municiones…”

El fiscal explicó que se conoce como compras de paja a la persona que, reuniendo la calidad para ser legítimo usuario hace las veces de prestanombre y luego deriva ese armamento al mercado ilegal.

Ávila dijo que este es un primer paso, resta ver las responsabilidades que pueden tener por ejemplo las armerías involucradas y los vínculos que hay entre estas personas, ya que hay varias que se conocen, algunos compartían equipo de fútbol.

El fiscal explicó que el caso es claro, “las armas no están”. Estamos hablando de muchos millones de pesos. Hay un caso muy emblemático en particular de una misma persona que en los últimos 15 meses compró 35 pistolas calibre 9 milímetros por montos de más de 25 millones de pesos y tiene un ingreso mensual de 600.000”, aseguró.

Los imputados Las armas compradas por estas personas tienen características comunes, por lo general son pistolas semiautomáticas, en su mayoría calibre 9 milímetros pero también 380, calibre 40, 45 o 22 largo, además de alguna que otra escopeta.

Los fiscales dijeron que Lucas P. tiene registradas a su nombre 43 armas, 13 de ellas compradas en la misma armería y el resto a particulares. Flavio P. compró 24 armas entre octubre del 2021 y junio del 2024. Una de esas armas fue secuestrada en noviembre del año pasado en Villa Constitución en el marco de una pesquisa por secuestro extorsivo.

Alfredo P., adquirió cuatro armas en los últimos dos años en armerías, todas pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros. Mientras que Federico P. compró 35 armas entre mayo del 2023 y septiembre de este año, Alexis M. adquirió 34 armas entre junio del 2022 y septiembre de 2024.

Pablo S. tiene a su nombre 21 armas de fuego que compró entre abril del 2006 y enero del 2023. Jorgelina B. registra 8 armas de fuego adquiridas a partir de enero del 2023.. Una de ellas fue utilizada en dos balaceras ocurridas en Rosario y se le secuestró, con la numeración parcialmente limada, a una persona que tenía pedido de captura por homicidio.

Julián B.E. también registra 8 armas que compró entre octubre de 2021 y noviembre de 2023, al igual que José Martín R. quién adquirió el armamento en el último año. Misma cantidad compró Marcio M., entre 2021 y enero de 2024.

Josué C. adquirió 7 armas de fuego entre febrero y septiembre de 2024. Cuando allanaron su casa encontraron una escopeta yuxtapuesta, calibre 16 UAB de la que no tenía autorización. Mientras que Pablo M., tenía una pistola 22 largo cuando le allanaron la casa el pasado 22 de octubre, la misma circunstancia se dió con Daniel P. al que le encontraron una escopeta calibre 16 y 11 cartuchos, contó la fiscalía.

El último sindicado fue Claudio S. que según la Acusación tiene 7 armas a su nombre que adquirió entre diciembre de 2015 y mayo de 2024. Adquirió 5 son pistolas semiautomáticas 9 milímetros que denunció por robo en mayo del 2024 y una calibre .380, respecto a esta última aseguró que se la robaron del interior de su auto estacionado en zona sur en noviembre del 2017.

La otra arma que compró fue una escopeta de repetición calibre 12 UAB. Una de las pistolas semiautomáticas que denunció como robada en mayo pasado fue secuestradas horas antes de su presentación a dos personas sospechadas de participar en el doble homicidio.Julieta Gaitan y Dalma Giuliana Garcia, asesinadas en mayo pasado cuando iban en moto por presidente Quintana al 2900. Por este último hecho fue sindicado como partícipe necesario del doble crimen.

El juez Hernan Postma tuvo por formalizada la audiencia disponiendo para Flavio P., y Lucas P., prisión preventiva hasta el dia 3 de febrero de 2025, para Federico P., Alexis M., Pablo S., José Martin R., Josué C., Julián B.E., Marcio M., Jorgelina B., prisión preventiva hasta el día 10 de diciembre de 2024, para Claudio S., dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley, para Alfredo P., Pablo M. y Daniel P. el magistrado impuso medidas alternativas por el plazo de 3 meses.